Los salvadoreños están expectantes hoy ante la demanda de la minera Pacific Rim/OceanaGold contra el Estado, que dirime el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial.
En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño por negarle el permiso para explotar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas, 71 kilómetros al norte de esta capital.
El Salvador negó el permiso de explotación bajo los argumentos de leyes y políticas nacionales encaminadas a la protección de la salud y el medio ambiente.
De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, el proyecto minero pondría en peligro el abastecimiento de agua del país centroamericano pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplearía sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irian a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense-australiana Oceana Gold compró a Pacific Rim por un valor de 10,2 millones de dólares y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim demandó a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) que permite a las empresas exigir a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
Según expertos, un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves a nivel nacional, en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
El coordinador del equipo de abogados del caso, Luis Parada, considera que a nivel jurídico se sentaría un precedente para que otras empresas transnacionales consideren iniciar procesos similares contra la nación centroamericana.
Además, afectaría de forma negativa la posibilidad de generar un debate nacional objetivo sobre la discusión de una ley que prohíba la minería metálica en el país.
En lo económico, tendría que erogar más de 300 millones de dólares, sin contar los gastos totales del litigio, lo cual podría afectar las ya de por sí complicadas finanzas de la nación.
La audiencia comenzó el pasado lunes y concluirá la tarde del sábado próximo, según el calendario previsto. El tribunal arbitral podría tardar hasta el primer trimestre del 2015 para emitir el fallo definitivo.
El Salvador negó el permiso de explotación bajo los argumentos de leyes y políticas nacionales encaminadas a la protección de la salud y el medio ambiente.
De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, el proyecto minero pondría en peligro el abastecimiento de agua del país centroamericano pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplearía sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irian a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense-australiana Oceana Gold compró a Pacific Rim por un valor de 10,2 millones de dólares y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim demandó a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) que permite a las empresas exigir a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
Según expertos, un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves a nivel nacional, en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
El coordinador del equipo de abogados del caso, Luis Parada, considera que a nivel jurídico se sentaría un precedente para que otras empresas transnacionales consideren iniciar procesos similares contra la nación centroamericana.
Además, afectaría de forma negativa la posibilidad de generar un debate nacional objetivo sobre la discusión de una ley que prohíba la minería metálica en el país.
En lo económico, tendría que erogar más de 300 millones de dólares, sin contar los gastos totales del litigio, lo cual podría afectar las ya de por sí complicadas finanzas de la nación.
La audiencia comenzó el pasado lunes y concluirá la tarde del sábado próximo, según el calendario previsto. El tribunal arbitral podría tardar hasta el primer trimestre del 2015 para emitir el fallo definitivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario