Organizaciones sociales la Procuraduría para los Derechos Humanos se pronunciaron por la depuración del sistema judicial salvadoreño, uno de los más cuestionados por la población.
Las demandas han sido más fuertes en los últimos días en relación con el procedimiento de un juez en el caso del expresidente Francisco Flores (1999-2004), así como en el del asesinato de una niña cuyos presuntos responsables fueron puestos en libertad.
El procurador de los derechos humanos, David Morales, afirmó recientemente que en esta nación centroamericana la violencia es un fenómeno complejo y necesita soluciones integrales pues no solo es la policía, los tribunales o la fiscalía las que van a resolver los problemas.
En su opinión, "se requiere una actuación integral de todos los sectores, pero nuestro sistema de justicia penal debe de revisarse", analizarse dónde están los fallos y procederse a su depuración.
Por su parte, la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (Comphas) exigió este fin de semana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución del juez Primero de Instrucción de San Salvador, Levis Italmir Orellana, quien lleva el caso Flores.
La organización, que coincide con el procurador en cuanto a la depuración del sistema judicial, exigió a la CSJ resolver los expedientes de investigación abiertos contra el juez Orellana "por sus sentencias amañadas que ha favorecido a corruptos, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco".
Los líderes de Comphas consideran que la presión del pueblo organizado ha sido determinante para que la Cámara Primero de lo Penal revocara la decisión del juez Orellana de otorgar arresto domiciliar a Flores, acusado de malversar fondos de donaciones del gobierno taiwanés, y fuera llevado a prisión.
Pidieron que la audiencia contra el exgobernante sea de conocimiento público, para evitar arreglos legales y no burlen al pueblo salvadoreño.
De igual modo solicitaron al fiscal general, Luis Martínez, que incorpore el delito de lavado de dinero al expediente del exmandatario, pues hay pruebas claras de ello, y por el momento solo está acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
El procurador de los derechos humanos, David Morales, afirmó recientemente que en esta nación centroamericana la violencia es un fenómeno complejo y necesita soluciones integrales pues no solo es la policía, los tribunales o la fiscalía las que van a resolver los problemas.
En su opinión, "se requiere una actuación integral de todos los sectores, pero nuestro sistema de justicia penal debe de revisarse", analizarse dónde están los fallos y procederse a su depuración.
Por su parte, la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (Comphas) exigió este fin de semana a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución del juez Primero de Instrucción de San Salvador, Levis Italmir Orellana, quien lleva el caso Flores.
La organización, que coincide con el procurador en cuanto a la depuración del sistema judicial, exigió a la CSJ resolver los expedientes de investigación abiertos contra el juez Orellana "por sus sentencias amañadas que ha favorecido a corruptos, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco".
Los líderes de Comphas consideran que la presión del pueblo organizado ha sido determinante para que la Cámara Primero de lo Penal revocara la decisión del juez Orellana de otorgar arresto domiciliar a Flores, acusado de malversar fondos de donaciones del gobierno taiwanés, y fuera llevado a prisión.
Pidieron que la audiencia contra el exgobernante sea de conocimiento público, para evitar arreglos legales y no burlen al pueblo salvadoreño.
De igual modo solicitaron al fiscal general, Luis Martínez, que incorpore el delito de lavado de dinero al expediente del exmandatario, pues hay pruebas claras de ello, y por el momento solo está acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.
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