Periodistas sostienen conflicto de intereses y falta de idoneidad por parte de directivos, candidato a diputado de ARENA interpone aviso a FGR contra superintendente Blanca Coto.
Tres periodistas, entre ellos René Hurtado y el director del diario Siglo XXI, Walter Raudales, presentaron ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) un pedido para apartar a dos de sus tres directivos de conocer todo lo relacionado con el litigio de la concesión de la frecuencia de canal 11 a TV RED.
Todo esto en medio de una ofensiva del sector privado por hacer valer la decisión que a finales de agosto emitiera la junta de directores de SIGET, de revocar la concesión de frecuencia a canal 11 y devolverla a canal 37.
Los demandantes argumentaron que uno de los directivos, Waldo Jiménez, también forma parte de la dirección de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), a la que pertenecen las empresas de comunicación que reclaman las supuestas anomalías en la concesión de la frecuencia. Algo que a juicio de quienes efectúan el reclamo, sería un conflicto de intereses.
También se pide la recusación de Rebeca Atanacio de Basagoitia, -que fue nombrada como parte de la directiva de SIGET desde hace 10 años, por considerar que su nombramiento no establece cuáles son sus credenciales para conocer de casos como el litigio por la frecuencia del canal 11.
Los demandantes pidieron además se les tomen como parte en el proceso en su calidad de periodistas y de consumidores de los servicios de TV RED.
El pasado 3 de septiembre, la superintendente Blanca Coto anunció que la decisión previamente aprobada por la directiva de SIGET quedaba sin validez hasta que se resuelvan las consultas a raíz de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional dictada el 16 de mayo pasado, en relación a la subasta de frecuencias que emprendió el antiguo superintendente Astor Escalante.
Dicha medida, según un comunicado de SIGET, reza: “La SIGET deberá abstenerse de realizar, por un lado, la transferencia o fragmentación del derecho de explotación derivado de las concesiones otorgadas; y por el otro, efectuar cambios de calificación de los espectros de uso libre, de uso oficial y de uso regulado, ya sea que necesiten concesión o no.”
Esto es visto por el sector privado como un desacato por parte de la superintendente a una instancia superior como lo es la junta de directores de la SIGET, y podría constituir hasta un delito.
En esa sentido, el asesor de la fracción legislativa de ARENA y candidato a diputado, Rafael Lemus, interpuso ante la Fiscalía General un aviso para que investigue la conducta de Coto al no poner en vigencia la decisión de la junta directiva de SIGET de revocar la concesión de canal 11.
“La superintendente podría incurrir en los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes”, sostuvo Lemus, quien alegó que Coto se estarían “inventando” un procedimiento para no cumplir con la estipulación de la junta de directores.
El martes un consorcio de organizaciones sociales propuso la creación de una comisión por parte de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Estas asociaciones criticaron como el sector privado critica la concesión del canal 11, cuando dicha forma de asignar frecuencias se ha dado en años anteriores sin ningún reparo.
(tomado de www.contrapunto.com.sv)
No hay comentarios:
Publicar un comentario