El Consejo Municipal de San José Las Flores, departamento salvadoreño de Chalatenango, ofrecerá hoy los resultados de una consulta ciudadana realizada con el objetivo de prohibir de manera definitiva la minería en su territorio.
Las comunidades pertenecientes al municipio emitieron ayer su opinión de forma secreta para proclamar a San José de las Flores "Primer Territorio Libre de Minería" en El Salvador.
Asistieron a la consulta, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, representantes de las comunidades, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, observadores nacionales y extranjeros y autoridades municipales y departamentales.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y la confederación Oxfam desarrollan contra Pacific Rim/Oceana Gold.
En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, por negarle el permiso para explotar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas, 71 kilómetros al norte de esta capital.
El proyecto minero, según las autoridades, ponía en peligro el abastecimiento de agua pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplean sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irían a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense australiana Oceana Gold compró a Pacific Rim y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim denunció a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos que permite a las empresas exigir a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
La audiencia del caso comenzó el pasado lunes y debía concluir el sábado último, según el calendario previsto. Un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
Asistieron a la consulta, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, representantes de las comunidades, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, observadores nacionales y extranjeros y autoridades municipales y departamentales.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y la confederación Oxfam desarrollan contra Pacific Rim/Oceana Gold.
En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, por negarle el permiso para explotar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas, 71 kilómetros al norte de esta capital.
El proyecto minero, según las autoridades, ponía en peligro el abastecimiento de agua pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplean sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irían a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense australiana Oceana Gold compró a Pacific Rim y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim denunció a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos que permite a las empresas exigir a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
La audiencia del caso comenzó el pasado lunes y debía concluir el sábado último, según el calendario previsto. Un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
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