El expresidente salvadoreño Francisco Flores, acusado de graves delitos de corrupción y quien ahora permanece en prisión domiciliaria, irá a la cárcel luego de la revocatoria de la decisión del juez Levis Italmir Orellana.
El ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, confirmó hoy este nuevo giro del caso y solo esperan la notificación oficial, la cual debe llegar al juez quien a su vez comunica a la policía para hacerla efectiva.
Aseguró en una entrevista con una emisora radial que ese procedimiento "no puede pasar de 48 horas".
Aseguró en una entrevista con una emisora radial que ese procedimiento "no puede pasar de 48 horas".
El expresidente Flores (1999-2004) será trasladado desde su casa, en la exclusiva colonia San Benito, a una celda dentro de una estación policial o de un centro penal.
"Estamos listos para hacer el traslado y tenemos bartolinas con condiciones para tenerlo", aseveró el titular de Justicia y Seguridad.
Asimismo, un diario de circulación nacional detalló que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revocó el arresto domiciliar que el juez Orellana otorgó al expresidente Francisco Flores, el pasado 5 de septiembre.
La decisión fue tomada por los magistrados Guillermo Arévalo y Carlos Sánchez, precisa la publicación.
Flores está acusado de peculado, enriquecimiento ilícito, y desobediencia a particulares, pero una investigación realizada por una comisión parlamentaria le atribuye, con evidencias, el delito de lavado de dinero.
"Estamos listos para hacer el traslado y tenemos bartolinas con condiciones para tenerlo", aseveró el titular de Justicia y Seguridad.
Asimismo, un diario de circulación nacional detalló que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revocó el arresto domiciliar que el juez Orellana otorgó al expresidente Francisco Flores, el pasado 5 de septiembre.
La decisión fue tomada por los magistrados Guillermo Arévalo y Carlos Sánchez, precisa la publicación.
Flores está acusado de peculado, enriquecimiento ilícito, y desobediencia a particulares, pero una investigación realizada por una comisión parlamentaria le atribuye, con evidencias, el delito de lavado de dinero.
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