El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Rodríguez, aseguró hoy que ese cuerpo continuará actuando con contundencia ante las estructuras criminales que llevan al país a un complejo ambiente de violencia.
Aseguró que se trata de una reacción violenta de la delincuencia ante la efectividad de las acciones policiales desde 2014.
El funcionario explicó que las circunstancias en que han muerto asesinados 20 policías este año son diferentes, pues muchos de estos incidentes ocurrieron fuera del trabajo habitual.
En ese sentido consideró que son actuaciones "cobardes" de los delincuentes que van perdiendo fuerza ante las medidas impulsadas por el Gobierno contra la violencia a nivel penitenciario, legal, y en el seno mismo de la institución.
Por su parte, el subdirector de la PNC, Howard Cotto, detalló que de los 20 casos de agentes asesinados, 13 están resueltos de forma total o parcial.
Remarcó que cuando la policía enfrenta a los grupos delincuenciales lo hace dentro del marco de las leyes, y así será siempre.
No podemos usar mecanismos similares a los del crimen para combatir el crimen, enfatizó.
Puntualizó que de enero a la fecha han muerto asesinadas en el país mil 237 personas, 442 son delincuentes y de ellos 55 cayeron en enfrentamientos armados contra la PNC.
Acotó que ayer martes hubo 18 muertos, 11 eran miembros de estructuras criminales y dos perdieron la vida en intercambios de disparos con miembros de la PNC.
La violencia en El Salvador ha tenido un repunte en las últimas semanas, en particular los ataques a policías.
Este martes, el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, sancionó un decreto legislativo que contiene la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, propuesta por el gobierno para hacer más eficiente la persecución de este ilícito.
El objetivo de la normativa es "establecer regulaciones penales y procesales especiales, así como medidas de índole administrativa para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión".
La ley endurece las penas de cárcel y contempla la aplicación de herramientas judiciales, como la incautación de bienes producto del delito, así como el bloqueo de las señales telefónicas para que cesen las llamadas ilegales desde las cárceles.
El gobierno de Sánchez Cerén ha puesto en marcha un conjunto de medidas para erradicar el flagelo de la violencia, uno de los principales problemas que aquejan a la población salvadoreña.
Entre ellas, el despliegue de la policía comunitaria en los distintos territorios del país, la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia donde participan los más diversos sectores de la sociedad, de donde emanan medidas concretas así como el impulso de cuerpos legales.
Sin embargo, partidos de derecha, particularmente Alianza Republicana Nacionalista, no acompaña en su totalidad estas medidas al negar los votos en la Asamblea Legislativa para varios préstamos destinados a la lucha contra la inseguridad.
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