Las exhumaciones de los restos óseos de la masacre de El Mozote cometida por militares durante el conflicto armado en El Salvador continúan en el sector del cantón La Joya, en el norte del departamento de Morazán.
Las autoridades del Instituto de Medicina Legal esperan tener datos precisos de la cifra de cadáveres que se calculan en más de 800, cuando concluyan las excavaciones que se realizarán en varios cantones de la zona.
Medicina Legal ha trasladado a la zona a 14 antropólogos médicos, odontólogos y especialistas de Canadá para el reconocimiento de los cuerpos.
También participan un equipo de la Fiscalía General de la República integrado por criminalistas y antropólogos forenses que procesarán la información organizada a partir de los testimonios de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.
Las exhumaciones iniciaron el lunes en el sector del cantón La Joya, donde se estiman hayan unos 500 restos óseos de las personas que fueron asesinadas durante el inicio de la operación militar hace 33 años.
Luego de los hallazgos, se harán las actas correspondientes sobre la cantidad de restos que se puedan encontrar en cada fosa.
Más tardes serán trasladados por Medicina Legal hacia San Salvador para las pruebas de reconocimiento de ADN que se comparará con el de los familiares registrados en el proceso.
Finalmente harán la entrega de los restos a las familias después de 33 años del hecho, uno de los más sangrientos, cometido por los militares en el contexto del conflicto armado (1980-1992).
Según testigos, el 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, fueron apresados por unidades del Batallón Atlacatl todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar.
Ese batallón de Reacción Inmediata, entrenado en cuarteles de Estados Unidos y comandado por el fallecido coronel Domingo Monterrosa, encerró a los pobladores en algunas viviendas, durante toda la noche y al día siguiente, los ejecutaron de forma deliberada. Aseguran que primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego las mujeres y, finalmente, los niños.
Un informe de la comisión de Naciones Unidas que investigó el sangriento episodio, afirma que el batallón dejó los cuerpos de cerca de mil personas a la intemperie.
Los menores fueron encerrados en un local aledaño a la iglesia del poblado, luego acribillados y después incendiaron el sitio, pero allí se localizaron 143 esqueletos, 136 correspondientes a niñas y niños de alrededor de seis años de edad.
Los presuntos responsables del hecho criminal son, además del coronel Domingo Monterrosa, el exministro de Defensa José Guillermo García, y el exjefe del Estado Mayor Rafael Flores Lima, entre otros oficiales, sin embargo nadie pagó nunca por esos crímenes de lesa humanidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario