La secretaria
técnica y de participación ciudadana, presentaron y discutieron el Plan de
Alianza para la prosperidad del Triangulo Norte con representantes de distintos
sectores de la sociedad civil salvadoreña. La actividad tuvo como objetivo
difundir entre ellos avances alcanzados en la elaboración y definición de
programas y proyectos del plan trasnacional.
Con este plan
regional de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras se pretende generar
condiciones para frenar el fenómeno migratorio y la crisis humanitaria que
ocasiono el incremento reciente en el flujo de niñas y niños migrantes no
acompañados hacia los Estados Unidos.
Para esto los
tres países acordaron medidas que pretenden transformar la calidad de vida de
los ciudadanos y generen arraigo por medio de cuatro líneas estratégicas que
derivan un cambio estructural de los tres países que conforman la Alianza.
1 Dinamizar el
sector productivo
2Desarollar el
capital humano
3 Mejorar la
seguridad ciudadana y acceso a la justicia
4 Fortalecer las
instituciones
La definición de
este plan regional también representa hitos significativos en la colaboración
decisión y compromiso político entre los tres países, los Estados Unidos y otros
países amigos. En este sentido las tres naciones y sus aliados invertirán de
manera conjunta para transformar la dinámica de las economías, fortalecer las
instituciones y potenciar el capital humano para cambiar el presente y futuro
de nuestra gente.
El fruto de de
los esfuerzos combinado con esta iniciativa podría elevarse el crecimiento de
las economías entre un 2.4% y 3.5 % y generar 600 mil nuevos empleos a lo largo
de estos años consolidando en el Estado de Derecho y los avances en los
procesos democráticos. En el Salvador se ha avanzado en mantener la estabilidad
macroeconómica y financiera, aumentado la recaudación tributaria, fortaleciendo
el gasto de inversión social, generando incentivos y estabilidad jurídica para
las inversiones e impulsando los consensos necesarios para el desarrollo de la
estrategia de seguridad pública y espacios de diálogo para articular acciones
entre el Estado y los diferentes sectores sociales como parte del proceso de gobernalidad y consolidación democrática.
Adicionalmente,
ya fue aprobada la Ley Antiextorsión (por 78 votos), que completa la definición
del marco legal para el desarrollo humano, la protección e inclusión social.
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