Los querellantes del caso del expresidente salvadoreño Francisco Flores, investigado por delitos de corrupción, manifestaron hoy su preocupación e inconformidad con el incumplimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso.
Explicaron que Martínez no ha presentado los elementos que acreditan la existencia del delito de lavado de dinero, y denunciaron además varias actuaciones negligentes en este proceso penal, el primero que se lleva a cabo contra un expresidente de El Salvador.
Entre ellas, que la FGR y la Unidad de Investigación Financiera se han negado a entregar información vital para el proceso como comunicar si iniciaron alguna investigación por el delito de lavado de dinero o si recibieron alguna alerta de instituciones nacionales o extranjeras en contra del expresidente (1999-2004).
Asimismo, la FGR solicitó a distintos países al principio de la investigación, información migratoria y bancaria de Flores, y aunque estas asistencias fueron recibidas en sobres debidamente cerrados, el de Bahamas fue entregado abierto y solo con el informe migratorio.
Agregan que el nuevo juez del caso, Miguel Ángel García, pidió al fiscal general que solicitara a los países miembros del grupo de Acción Financiera Internacional datos sobre la existencia de cuantas relacionadas con Flores, y Martínez se ha negado aduciendo excusas sin fundamentos.
Las organizaciones declararon que nuevamente han sido objeto de intimidación por parte de la FGR que busca silenciar las denuncias sobre las irregularidades o sus acciones negligentes.
"Intimidar a las organizaciones querellantes con una posible acción penal, constituye una grave violación de los derechos fundamental", alertaron.
"Lo que tenemos es una Fiscalía que incumple totalmente con sus responsabilidades de carácter constitucional sobre la investigación del delito", enfatizó Villalta.
La parte fiscal, el fiscal general y el jefe de la Unidad de Investigación Financiera demuestran que están parcializadas y a favor del expresidente Francisco Flores, añadió.
No obstante, los representantes de ambas organizaciones manifestaron que el caso no quedará en la impunidad, y la parte querellante presentará su acusación contra Flores por el delito de lavado de dinero.
Flores es investigado y se encuentra en prisión domiciliar por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Se le atribuye el desvío de 15,3 millones de dólares donados por Taiwán para atender las emergencias de los terremotos de 2001.
Todo el proceso, desde enero de 2014, ha estado salpicado por la ambigua actuación del fiscal general, denunciada reiteradamente por estas mismas organizaciones, y el expresidente Mauricio Funes quien dio a conocer este caso a fines de 2013.
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