Una masiva concentración popular por la Gobernabilidad
la Justicia y la Paz manifestó su apoyo a las políticas sociales del
presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, y denunció la campaña
desestabilizadora orquestada por sectores derechistas.
En
la emblemática plaza Salvador de Mundo, numerosas organizaciones
sociales acudieron al llamado de Alianza Social por la Gobernabilidad y
la Justicia para expresar, además, su condena a los hechos de corrupción
perpetrados durante las dos décadas de gobierno de Alianza Republicana
Nacionalista (Arena).
Entre ellos, exigieron que el expresidente Francisco Flores (1999-2004), acusado por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares sea sentenciado por apropiarse de donativos destinados a familias afectadas por los terremotos de 2001.
Asimismo, demandan que sea juzgado por el delito de lavado de dinero y llevado a la cárcel.
Hace un año, Flores, quien estaba prófugo de la justicia tras admitir un manejo irregular de más de 10 millones de dólares donados por Taiwán para familias salvadoreñas que sufrieron los embates de los sismos de enero y febrero de 2001, se entregó a los tribunales y un cuestionado juez, ya separado del caso, se encargo de su proceso.
El exmandatario, todavía presidente honorario de Arena, aún no ha sido llevado al banquillo de los acusados, y se espera que en noviembre se haga la audiencia.
Para Margarita Posada, representante del Foro Nacional del Agua, es imprescindible depurar el sistema judicial para que los más de 150 casos denunciados desde el 2009 a la fecha no queden en la impunidad. Al mismo tiempo calificó al fiscal general, Luis Martínez, de servil de los poderes económicos, por lo que instó a que no lo vuelvan a elegir para ese cargo.
El fiscal ha hecho todo lo posible por no incorporar el delito de lavado de dinero en el caso de Flores para que no vaya a la cárcel, alertó Posada.
Por otro lado, los activistas recalcaron que el país no necesita una comisión extranjera para ventilar los asuntos internos, tal como ocurrió en Guatemala porque consideran que los problemas nacionales deben resolverse dialogando con la población.
"El Salvador ha sufrido la intervención de los Estados Unidos, no vamos a permitir que se entrometa en nuestros asuntos", dijo Posada sobre este tema.
Esta tarde sectores de la derecha, particularmente vinculados al partido Arena, tenían prevista una marcha que apenas sobrepasó los dos centenas de personas.
Pretendían protestar contra un gobierno que, por vez primera pone sobre el tapete los hechos de corrupción y sienta los precedentes para fomentar una cultura de transparencia en su gestión y, al mismo tiempo, lleva a cabo una batalla integral contra la violencia heredada de años de inseguridad.
Entre ellos, exigieron que el expresidente Francisco Flores (1999-2004), acusado por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares sea sentenciado por apropiarse de donativos destinados a familias afectadas por los terremotos de 2001.
Asimismo, demandan que sea juzgado por el delito de lavado de dinero y llevado a la cárcel.
Hace un año, Flores, quien estaba prófugo de la justicia tras admitir un manejo irregular de más de 10 millones de dólares donados por Taiwán para familias salvadoreñas que sufrieron los embates de los sismos de enero y febrero de 2001, se entregó a los tribunales y un cuestionado juez, ya separado del caso, se encargo de su proceso.
El exmandatario, todavía presidente honorario de Arena, aún no ha sido llevado al banquillo de los acusados, y se espera que en noviembre se haga la audiencia.
Para Margarita Posada, representante del Foro Nacional del Agua, es imprescindible depurar el sistema judicial para que los más de 150 casos denunciados desde el 2009 a la fecha no queden en la impunidad. Al mismo tiempo calificó al fiscal general, Luis Martínez, de servil de los poderes económicos, por lo que instó a que no lo vuelvan a elegir para ese cargo.
El fiscal ha hecho todo lo posible por no incorporar el delito de lavado de dinero en el caso de Flores para que no vaya a la cárcel, alertó Posada.
Por otro lado, los activistas recalcaron que el país no necesita una comisión extranjera para ventilar los asuntos internos, tal como ocurrió en Guatemala porque consideran que los problemas nacionales deben resolverse dialogando con la población.
"El Salvador ha sufrido la intervención de los Estados Unidos, no vamos a permitir que se entrometa en nuestros asuntos", dijo Posada sobre este tema.
Esta tarde sectores de la derecha, particularmente vinculados al partido Arena, tenían prevista una marcha que apenas sobrepasó los dos centenas de personas.
Pretendían protestar contra un gobierno que, por vez primera pone sobre el tapete los hechos de corrupción y sienta los precedentes para fomentar una cultura de transparencia en su gestión y, al mismo tiempo, lleva a cabo una batalla integral contra la violencia heredada de años de inseguridad.
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