El
gobierno salvadoreño presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta
de ley que dotará de recursos al Estado para seguir impulsando acciones
para combatir la violencia e instaurar la seguridad en el país.
La
normativa denominada Ley de Contribución Especial para la Seguridad
Ciudadana y Convivencia tiene como objetivo establecer "una contribución
especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia", la cual recaerá
sobre la adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones en
todas sus modalidades.
Además, sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación.
La contribución especial será de 10 por ciento y los sujetos pasivos, obligados al pago de la misma, serán los usuarios y revendedores de servicios de telecomunicaciones y los adquirientes de cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de esas prestaciones
También, los importadores de cualquiera de esos dispositivos tecnológicos, los representantes de los usuarios y los sujetos pasivos dedicados a la prestación de servicios de telecomunicaciones que efectúen el retiro o desafectación de dispositivos tecnológicos.
Fue presentada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por una comitiva encabezada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres y el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara.
El fondo se ejecutará sobre la base de los planes y acciones específicas contempladas en los cinco ejes del Plan El Salvador Seguro emanado del Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad, respaldado por los distintos partidos políticos.
La propuesta declara como necesidad de interés público la ejecución de las acciones previstas en ese plan que define como prioridades la Prevención de la Violencia, el Control y Persecución Penal, la Rehabilitación y Reinserción, la Atención y Protección a Víctimas y el Fortalecimiento Institucional.
Entre los beneficios se contempla el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos.
Asimismo, la reducción de la incidencia delictiva en estos, la reducción de la violencia en la familia y de abusos contra las mujeres, la reducción de la mora en las investigaciones de delitos, el fortalecimiento del control y mejora de las condiciones en los centros penitenciarios, entre otros.
Además, sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación.
La contribución especial será de 10 por ciento y los sujetos pasivos, obligados al pago de la misma, serán los usuarios y revendedores de servicios de telecomunicaciones y los adquirientes de cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de esas prestaciones
También, los importadores de cualquiera de esos dispositivos tecnológicos, los representantes de los usuarios y los sujetos pasivos dedicados a la prestación de servicios de telecomunicaciones que efectúen el retiro o desafectación de dispositivos tecnológicos.
Fue presentada a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por una comitiva encabezada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres y el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara.
El fondo se ejecutará sobre la base de los planes y acciones específicas contempladas en los cinco ejes del Plan El Salvador Seguro emanado del Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad, respaldado por los distintos partidos políticos.
La propuesta declara como necesidad de interés público la ejecución de las acciones previstas en ese plan que define como prioridades la Prevención de la Violencia, el Control y Persecución Penal, la Rehabilitación y Reinserción, la Atención y Protección a Víctimas y el Fortalecimiento Institucional.
Entre los beneficios se contempla el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos.
Asimismo, la reducción de la incidencia delictiva en estos, la reducción de la violencia en la familia y de abusos contra las mujeres, la reducción de la mora en las investigaciones de delitos, el fortalecimiento del control y mejora de las condiciones en los centros penitenciarios, entre otros.
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