El gobierno salvadoreño trabaja en la reforma sustantiva y estructural de las pensiones, a las que solo tiene acceso el 23 por ciento de la población económicamente activa, un tema que copa hoy los espacios de debates.
De acuerdo con el
secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, tanto el tiempo
de jubilación como la forma en la que opera el sistema no deben ser
modificados.
En 1996 se aprobó una ley que le dio vida a las administradoras de pensiones privadas, las cuales comenzaron a funcionar en 1998.
En septiembre de 2006, la Asamblea Legislativa aprobó una propuesta del Ejecutivo encabeza por el expresidente Antonio Saca (2004-2009), entonces del partido Alianza Republicana Nacionalista, para la creación de un fideicomiso que liberaría al presupuesto nacional 400 millones de dólares destinados al pago de pensiones.
Los sistemas de pensiones del país tienen una parte privada que son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y el público con dos entes: el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el de Pensiones de los Empleados Públicos.
Están afiliadas unas 2,8 millones de personas, pero solo alrededor de 680 mil están aportando una parte de su salario, y el patrón, que puede ser el dueño de una empresa o una institución del Estado, aporta la otra parte y ese fondo va a la AFP o al sistema público, explicó el economista César Villalona.
Pero en el país, unas 800 mil personas que son trabajadoras por cuenta propia y otra parte de la población que trabaja en micro y pequeñas empresas no están cotizando, aunque pueden afiliarse a las AFP, detalló.
Según la organización no gubernamental FundaUngo, más del 20 por ciento de los 2,8 afiliados no ha hecho nunca una cotización, solo se registró.
El 60 por ciento ha hecho cotizaciones equivalentes al 40 por ciento de lo que debería aportar y solo el cinco por ciento tiene erogaciones como permanentes, refiere la organización.
Eso quiere decir que la mayor parte de la población económicamente activa del país no podrá jubilarse, de acuerdo con las características que tiene ese sistema, aseveró Villalona.
Y es que el sistema público recibe poca cotización, y las AFP mucha, remarcó el experto.
Villalona comentó que cuando surgen las AFP en 1998, se suponía que el Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, le iban a trasladar las reservas técnicas, que eran más de mil 700 millones de dólares, porque la gente se pasó a cotizar a ellas.
Sin embargo, les trasladaron alrededor de 350 millones de dólares y aunque no hay una investigación precisa, el resto del dinero lo utilizaron los gobiernos de entonces para financiarse campañas electorales, enriquecer a funcionarios públicos y posiblemente a empresarios privados.
En este momento, el 98,5 por ciento de la población que cotiza lo está haciendo en las AFP, y el 1,5 en el Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, según cifras de enero del 2015 de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Esto significa que el sistema público no recibe cotizaciones, prácticamente cero, sin embargo, son las que pagan las pensiones al 62 por ciento de las personas jubiladas.
Las AFP pagan el 38 por ciento a pesar de que reciben casi toda la cotización por lo que pudiera decirse que el sistema público está quebrado.
Parte del problema financiero actual del gobierno tiene que ver con que el sistema público tuvo que comenzar a endeudarse para pagar pensiones.
En 1996 se aprobó una ley que le dio vida a las administradoras de pensiones privadas, las cuales comenzaron a funcionar en 1998.
En septiembre de 2006, la Asamblea Legislativa aprobó una propuesta del Ejecutivo encabeza por el expresidente Antonio Saca (2004-2009), entonces del partido Alianza Republicana Nacionalista, para la creación de un fideicomiso que liberaría al presupuesto nacional 400 millones de dólares destinados al pago de pensiones.
Los sistemas de pensiones del país tienen una parte privada que son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y el público con dos entes: el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el de Pensiones de los Empleados Públicos.
Están afiliadas unas 2,8 millones de personas, pero solo alrededor de 680 mil están aportando una parte de su salario, y el patrón, que puede ser el dueño de una empresa o una institución del Estado, aporta la otra parte y ese fondo va a la AFP o al sistema público, explicó el economista César Villalona.
Pero en el país, unas 800 mil personas que son trabajadoras por cuenta propia y otra parte de la población que trabaja en micro y pequeñas empresas no están cotizando, aunque pueden afiliarse a las AFP, detalló.
Según la organización no gubernamental FundaUngo, más del 20 por ciento de los 2,8 afiliados no ha hecho nunca una cotización, solo se registró.
El 60 por ciento ha hecho cotizaciones equivalentes al 40 por ciento de lo que debería aportar y solo el cinco por ciento tiene erogaciones como permanentes, refiere la organización.
Eso quiere decir que la mayor parte de la población económicamente activa del país no podrá jubilarse, de acuerdo con las características que tiene ese sistema, aseveró Villalona.
Y es que el sistema público recibe poca cotización, y las AFP mucha, remarcó el experto.
Villalona comentó que cuando surgen las AFP en 1998, se suponía que el Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, le iban a trasladar las reservas técnicas, que eran más de mil 700 millones de dólares, porque la gente se pasó a cotizar a ellas.
Sin embargo, les trasladaron alrededor de 350 millones de dólares y aunque no hay una investigación precisa, el resto del dinero lo utilizaron los gobiernos de entonces para financiarse campañas electorales, enriquecer a funcionarios públicos y posiblemente a empresarios privados.
En este momento, el 98,5 por ciento de la población que cotiza lo está haciendo en las AFP, y el 1,5 en el Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, según cifras de enero del 2015 de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Esto significa que el sistema público no recibe cotizaciones, prácticamente cero, sin embargo, son las que pagan las pensiones al 62 por ciento de las personas jubiladas.
Las AFP pagan el 38 por ciento a pesar de que reciben casi toda la cotización por lo que pudiera decirse que el sistema público está quebrado.
Parte del problema financiero actual del gobierno tiene que ver con que el sistema público tuvo que comenzar a endeudarse para pagar pensiones.
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