El
gobierno de El Salvador presentará a la Mesa Interpartidaria, integrada
por los cinco partidos representados en la Asamblea Legislativa, un
proyecto de Ley para la Prevención, Rehabilitación y Retiro de miembros
de pandillas.
El objetivo de esta acción es que la
propuesta sea analizada y logre los consensos necesarios para su pronta
aprobación en la Asamblea Legislativa, anunció la víspera el presidente,
Salvador Sánchez Cerén.
"Ya tenemos listo ese proyecto, lo discutiremos con la Interpartidaria para hacer los afinamientos necesarios y después lo presentaremos a la Asamblea (Legislativa)", dijo el gobernante.
El jefe de Estado destacó además la importancia de contar con recursos suficientes para materializar dicha iniciativa, ya que no basta con que sea aprobada la normativa, pues además requiere el respaldo económico para financiar los diferentes programas que contempla.
"Esta ley, después de discutirla y debatirla, será una ley muerta si no se tienen recursos", aseguró el estadista.
El mandatario enfatizó la necesidad de contar, no solo con una política de persecución y represión del delito, sino también de iniciativas que "abran salidas a aquellos que han sido obligados a seguir ese camino".
"Pero ese camino también requiere recursos, esos recursos hay que dedicarlos a los municipios que están en mayor inseguridad, hay que invertir en los jóvenes, hay que darles empleo y becas para que estudien, mejorar los servicios de salud, garantizar programas culturales, de recreación y deportes", reiteró el jefe de Estado.
La ley establece los mecanismos y procedimientos para impulsar programas en las escuelas, comunidades y alcaldías, que permitan dar oportunidades de desarrollo a jóvenes en riesgo de ingresar a grupos criminales y a pandilleros que no han cometido "delitos graves" y que quieren reinsertarse a la sociedad.
El gobierno de Sánchez Cerén impulsa un grupo de medidas de corto, mediano y largo plazos para enfrentar la violencia en el país, atribuida fundamentalmente a las pandillas, el principal problema de los salvadoreños, de acuerdo con diversos estudios.
Estas estructuras delictivas están integradas por alrededor de 60 mil miembros, la mayoría jóvenes, según diversas estadísticas.
Las iniciativas para erradicar el flagelo de la inseguridad van desde la represión del crimen, nuevas normativas como la ley antiextorsiones, sanciones más severas en determinados hechos delictivos, mejoras en el sistema carcelario, hasta programas sociales sobre la base de un reenfoque en el modelo de desarrollo, y otras.
"Ya tenemos listo ese proyecto, lo discutiremos con la Interpartidaria para hacer los afinamientos necesarios y después lo presentaremos a la Asamblea (Legislativa)", dijo el gobernante.
El jefe de Estado destacó además la importancia de contar con recursos suficientes para materializar dicha iniciativa, ya que no basta con que sea aprobada la normativa, pues además requiere el respaldo económico para financiar los diferentes programas que contempla.
"Esta ley, después de discutirla y debatirla, será una ley muerta si no se tienen recursos", aseguró el estadista.
El mandatario enfatizó la necesidad de contar, no solo con una política de persecución y represión del delito, sino también de iniciativas que "abran salidas a aquellos que han sido obligados a seguir ese camino".
"Pero ese camino también requiere recursos, esos recursos hay que dedicarlos a los municipios que están en mayor inseguridad, hay que invertir en los jóvenes, hay que darles empleo y becas para que estudien, mejorar los servicios de salud, garantizar programas culturales, de recreación y deportes", reiteró el jefe de Estado.
La ley establece los mecanismos y procedimientos para impulsar programas en las escuelas, comunidades y alcaldías, que permitan dar oportunidades de desarrollo a jóvenes en riesgo de ingresar a grupos criminales y a pandilleros que no han cometido "delitos graves" y que quieren reinsertarse a la sociedad.
El gobierno de Sánchez Cerén impulsa un grupo de medidas de corto, mediano y largo plazos para enfrentar la violencia en el país, atribuida fundamentalmente a las pandillas, el principal problema de los salvadoreños, de acuerdo con diversos estudios.
Estas estructuras delictivas están integradas por alrededor de 60 mil miembros, la mayoría jóvenes, según diversas estadísticas.
Las iniciativas para erradicar el flagelo de la inseguridad van desde la represión del crimen, nuevas normativas como la ley antiextorsiones, sanciones más severas en determinados hechos delictivos, mejoras en el sistema carcelario, hasta programas sociales sobre la base de un reenfoque en el modelo de desarrollo, y otras.
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