Sectores radicales de la derecha con la complicidad de
grupos oligarcas y medios de comunicación aliados impulsan una campaña
desestabilizadora para recuperar el control del Ejecutivo salvadoreño,
advierten organizaciones, personalidades y analistas.
Según
denuncias, son diversas las maniobras para lograr este fin: el
incremento intencional de los homicidios, el bloqueo en la Asamblea
Legislativa de proyectos financieros, paros del transporte público,
llamado a la Fuerza Armada a insubordinarse y también a crear una
Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, entre otras.
En ese contexto, en el que se busca traspolar hacia El Salvador la situación de Guatemala, supuestos sectores inconformes invitan a una marcha este sábado.
Las 33 organizaciones integrantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia señalan que el llamado a una marcha a favor de una Comisión Internacional contra la Impunidad aquí, responde a una estrategia de la derecha para crear un ambiente de inestabilidad.
Aseguran que la derecha oligarca pretende hacer creer a la ciudadanía que el país está derrumbado y que la solución es la intervención de instituciones internacionales, amparadas por el gobierno de Estados Unidos.
Para la coordinadora de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, Magdalena Cortez, desde la llegada al Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en 2009, la oligarquía nacional se ha negado sistemáticamente a aceptar su derrota electoral.
Por eso, señalan, los partidos políticos, gremiales empresariales, fundaciones privadas, medios masivos de comunicación e instrumentos mediáticos que la representan desarrollan una desesperada estrategia desestabilizadora tendiente a recuperar el control del Ã"rgano Ejecutivo en los comicios de 2019.
El fin es continuar su agenda y esquema neoliberal que ha desangrado al país con las privatizaciones, la dolarización y desterrar los programas sociales.
"No les importa el daño que están causando a la población más pobre de este país, a la gobernabilidad nacional y a la reciente democracia que estamos construyendo con mucho sacrificio", afirmó Cortez.
Denunció la falta de seriedad del principal partido de oposición (Arena) al negar una posible vinculación con estrategias desestabilizadoras de la gestión actual del Gobierno y al mismo tiempo hacer un foro de alto nivel para analizar la ideología del Socialismo del Siglo XXI.
En dicha cita participaron "personas vinculadas a intentos de golpe de Estado por los gobierno democráticamente electos de Venezuela y Ecuador", acotó.
Asimismo, Margarita Posada, del Foro Nacional del Agua cuestionó que en ese contexto de generar inestabilidad aparezca una "misteriosa" y anónima convocatoria para una marcha ciudadana contra la impunidad y corrupción para este sábado que saldrá de una exclusiva zona de San Salvador.
Posada aseguró que estos grupos son los corruptos que promueven la impunidad como en "los casos de CEL-ENEL, bulevar Monseñor Romero, hospital de Maternidad y el expresidente Francisco Flores, entre los 150 casos que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República".
El secretario general del FMLN, Medardo González, asegura que una Comisión de ese tipo en El Salvador es inconstitucional. Recuerda que los Acuerdos de Paz permitieron modificar el sistema de elección en la Corte Suprema de Justicia y garantizar la autonomía e independencia.
También se reestructuró el Consejo Nacional de la Judicatura para elevar la calidad de sus integrantes, se crearon entidades de control del poder como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo.
"Se estableció un cuerpo policial eficaz y eficiente, sujeto al control civil, con suficiente capacidad para la investigación científica del delito", explicó.
Asimismo, desde los Acuerdos de Paz se han tomado importantes modificaciones que intentan modernizar el sistema penal. Se ha adoptado nuevos cuerpos legales en materia penal y procesal penal. Se han creado jurisdicciones especializadas, explicó.
Añadió que se han instaurado instituciones novedosas en el combate al delito, como el proceso de extinción de dominio y se han adoptado medidas sobre transparencia de Estado, como la Ley de Transparencia.
"En los últimos años como nunca antes en nuestra historia, el sistema judicial se ha activado para combatir el crimen organizado y la corrupción", enfatizó.
En ese sentido, recordó que se han investigado sonados casos como CEL-Enel, el enjuiciamiento del ex Presidente Francisco Flores, el caso Perla, el caso Majano-Seguro Social, el caso de la venta de terrenos ilegales del ISTA o las 160 demandas presentadas ante la Fiscalía.
Eran casos que eran impensables destaparlos hace una o dos décadas "de tal manera que instalar una CICIES, en el caso salvadoreño implicaría aceptar que todos los esfuerzosâ�� han sido en vano", valoró.
El dirigente político es enfático al señalar que los problemas aún por solucionar en El Salvador, corresponde a las instituciones del país solucionarlos, y en eso trabaja el gobierno.
En ese contexto, en el que se busca traspolar hacia El Salvador la situación de Guatemala, supuestos sectores inconformes invitan a una marcha este sábado.
Las 33 organizaciones integrantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia señalan que el llamado a una marcha a favor de una Comisión Internacional contra la Impunidad aquí, responde a una estrategia de la derecha para crear un ambiente de inestabilidad.
Aseguran que la derecha oligarca pretende hacer creer a la ciudadanía que el país está derrumbado y que la solución es la intervención de instituciones internacionales, amparadas por el gobierno de Estados Unidos.
Para la coordinadora de la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, Magdalena Cortez, desde la llegada al Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en 2009, la oligarquía nacional se ha negado sistemáticamente a aceptar su derrota electoral.
Por eso, señalan, los partidos políticos, gremiales empresariales, fundaciones privadas, medios masivos de comunicación e instrumentos mediáticos que la representan desarrollan una desesperada estrategia desestabilizadora tendiente a recuperar el control del Ã"rgano Ejecutivo en los comicios de 2019.
El fin es continuar su agenda y esquema neoliberal que ha desangrado al país con las privatizaciones, la dolarización y desterrar los programas sociales.
"No les importa el daño que están causando a la población más pobre de este país, a la gobernabilidad nacional y a la reciente democracia que estamos construyendo con mucho sacrificio", afirmó Cortez.
Denunció la falta de seriedad del principal partido de oposición (Arena) al negar una posible vinculación con estrategias desestabilizadoras de la gestión actual del Gobierno y al mismo tiempo hacer un foro de alto nivel para analizar la ideología del Socialismo del Siglo XXI.
En dicha cita participaron "personas vinculadas a intentos de golpe de Estado por los gobierno democráticamente electos de Venezuela y Ecuador", acotó.
Asimismo, Margarita Posada, del Foro Nacional del Agua cuestionó que en ese contexto de generar inestabilidad aparezca una "misteriosa" y anónima convocatoria para una marcha ciudadana contra la impunidad y corrupción para este sábado que saldrá de una exclusiva zona de San Salvador.
Posada aseguró que estos grupos son los corruptos que promueven la impunidad como en "los casos de CEL-ENEL, bulevar Monseñor Romero, hospital de Maternidad y el expresidente Francisco Flores, entre los 150 casos que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General de la República".
El secretario general del FMLN, Medardo González, asegura que una Comisión de ese tipo en El Salvador es inconstitucional. Recuerda que los Acuerdos de Paz permitieron modificar el sistema de elección en la Corte Suprema de Justicia y garantizar la autonomía e independencia.
También se reestructuró el Consejo Nacional de la Judicatura para elevar la calidad de sus integrantes, se crearon entidades de control del poder como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo.
"Se estableció un cuerpo policial eficaz y eficiente, sujeto al control civil, con suficiente capacidad para la investigación científica del delito", explicó.
Asimismo, desde los Acuerdos de Paz se han tomado importantes modificaciones que intentan modernizar el sistema penal. Se ha adoptado nuevos cuerpos legales en materia penal y procesal penal. Se han creado jurisdicciones especializadas, explicó.
Añadió que se han instaurado instituciones novedosas en el combate al delito, como el proceso de extinción de dominio y se han adoptado medidas sobre transparencia de Estado, como la Ley de Transparencia.
"En los últimos años como nunca antes en nuestra historia, el sistema judicial se ha activado para combatir el crimen organizado y la corrupción", enfatizó.
En ese sentido, recordó que se han investigado sonados casos como CEL-Enel, el enjuiciamiento del ex Presidente Francisco Flores, el caso Perla, el caso Majano-Seguro Social, el caso de la venta de terrenos ilegales del ISTA o las 160 demandas presentadas ante la Fiscalía.
Eran casos que eran impensables destaparlos hace una o dos décadas "de tal manera que instalar una CICIES, en el caso salvadoreño implicaría aceptar que todos los esfuerzosâ�� han sido en vano", valoró.
El dirigente político es enfático al señalar que los problemas aún por solucionar en El Salvador, corresponde a las instituciones del país solucionarlos, y en eso trabaja el gobierno.
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