Hace hoy 33 años que el ejército salvadoreño, en el contexto de la guerra civil (1980-1992), llevó a cabo la operación militar denominada "Guinda de mayo", mediante la cual ejecutó sangrientas masacres contra la población.
El operativo,
condenado por buena parte de los salvadoreños, comenzó el 27 de mayo en
la zona nororiente del departamento de Chalatenango, 72 kilómetros al
norte de esta capital, y se extendió hasta el 9 de junio de 1982.
Los militares, además de destruir propiedades, cultivos y las viviendas, y de asesinar a la población campesina de ese territorio, se llevaron a 53 niños.
El pasado 28 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, a nombre del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, pidió perdón a los familiares de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
En un acto público en la Plaza Cívica de esta capital, el canciller reconoció la responsabilidad del Estado en las desapariciones de los menores de ambos sexos del caso Rochac Hernández y otros, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 2014.
"En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, y con instrucciones del señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón", expresó.
Luego de escuchar testimonios de los familiares, quienes también reconocieron la postura tanto de esta administración como de la anterior (2009-2014) frente a ese tipo de hechos, reafirmó el compromiso del gobierno de priorizar políticas en las que prevalece el respeto a los derechos humanos.
Manifestó la voluntad del actual ejecutivo salvadoreño por continuar el trabajo para el esclarecimiento de la verdad en los casos de desapariciones forzadas de niños y el impulso de acciones para la búsqueda de los mismos.
El ministro pidió perdón por cada caso relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana.
Asimismo, el procurador de los Derechos Humanos, David Morales, expresó que Frente a desapariciones forzadas no deben permitirse figuras como la amnistía que sólo traen impunidad.
Morales señaló que se ha logrado resolver 55 casos, pero hay activos casi 200 sobre desapariciones.
Por su parte, el director de la Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Eduardo García, exigió que los verdaderos responsables reconozcan sus actos.
Los militares, además de destruir propiedades, cultivos y las viviendas, y de asesinar a la población campesina de ese territorio, se llevaron a 53 niños.
El pasado 28 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, a nombre del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, pidió perdón a los familiares de las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado.
En un acto público en la Plaza Cívica de esta capital, el canciller reconoció la responsabilidad del Estado en las desapariciones de los menores de ambos sexos del caso Rochac Hernández y otros, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de octubre de 2014.
"En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, y con instrucciones del señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón", expresó.
Luego de escuchar testimonios de los familiares, quienes también reconocieron la postura tanto de esta administración como de la anterior (2009-2014) frente a ese tipo de hechos, reafirmó el compromiso del gobierno de priorizar políticas en las que prevalece el respeto a los derechos humanos.
Manifestó la voluntad del actual ejecutivo salvadoreño por continuar el trabajo para el esclarecimiento de la verdad en los casos de desapariciones forzadas de niños y el impulso de acciones para la búsqueda de los mismos.
El ministro pidió perdón por cada caso relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana.
Asimismo, el procurador de los Derechos Humanos, David Morales, expresó que Frente a desapariciones forzadas no deben permitirse figuras como la amnistía que sólo traen impunidad.
Morales señaló que se ha logrado resolver 55 casos, pero hay activos casi 200 sobre desapariciones.
Por su parte, el director de la Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Eduardo García, exigió que los verdaderos responsables reconozcan sus actos.
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