Denuncian incumplimientos de Fiscalía salvadoreña en el caso Flores
Las organizaciones sociales contra la corrupción denunciaron el grave incumplimiento de obligaciones constitucionales y legales del Fiscal General de la República, Luis Martínez, en el caso del expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004).
Las organizaciones sociales contra la corrupción denunciaron el grave incumplimiento de obligaciones constitucionales y legales del Fiscal General de la República, Luis Martínez, en el caso del expresidente salvadoreño Francisco Flores (1999-2004).
Aseveraron que el fiscal llegó a los extremos de no acatar y además incumplir con los requerimientos realizados por el juez del caso, Miguel Ángel García.
"Durante los 12 meses de esta etapa, la Fiscalía General de la República ha mostrado un comportamiento errático, sujeto a serias críticas acerca de su imparcialidad y objetividad", remarcó.
Añadieron que además, ha generando graves altercados institucionales con diferentes funcionarios, entre ellos el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales.
Las organizaciones querellantes han sido objeto de intimidaciones por parte de la Fiscalía con el fin de silenciar las denuncias sobre las irregularidades o acciones negligentes en la investigación, recordaron.
Asimismo, consideran que existe negligencia por parte de la Fiscalía en este caso al no entregar información vital para el proceso penal, manipular la información financiera procedente de otros países, ocultar información esencial para determinar la participación de Flores en los delitos que se le imputan y otros.
Manifestaron "gran preocupación ante las constantes y negativas muestras de irresponsabilidad e incumplimiento de deberes" del fiscal, quien manifestó que no solicitará la inclusión del delito de lavado de dinero y activos contra Flores.
Acotaron que todos los elementos concluyen la posible comisión de ese ilícito.
En las próximas semanas, los querellantes, así como el equipo jurídico construirán su dictamen de acusación formal contra del expresidente, sobre la base de las diligencias y elementos que hayan sido incorporados hasta la finalización del plazo de instrucción.
Solicitarán la incorporación de la calificación jurídica del delito de lavado de dinero, por ser el momento procesal oportuno para solicitarlo.
El juez del caso, Miguel Ángel García, deberá decidir si el proceso tiene la robustez jurídica para pasar a la siguiente etapa procesal, teniendo en consideración la petición que realice la querella acerca de ese nuevo delito.
En ese sentido, lo exhortaron para que con apego al debido proceso aplique la norma jurídica y no permita injerencias de ningún tipo al momento de tomar sus decisiones dentro del proceso judicial.
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