Legislatura en El Salvador y los avatares jurídicos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) redobla el esfuerzo para terminar el recuento de los votos de las diputaciones por San Salvador, mientras el país sigue sin Asamblea Legislativa oficialmente instalada.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) redobla el esfuerzo para terminar el recuento de los votos de las diputaciones por San Salvador, mientras el país sigue sin Asamblea Legislativa oficialmente instalada.
El 1 de mayo no se pudo instalar la nueva legislatura (2015-2018), como ordena la ley en esta nación centroamericana, porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decidió que solo se juramentaran los 60 diputados del resto de los departamentos.
La Sala ordenó el pasado 14 de abril realizar el recuento inmediato de los sufragios para las diputaciones a la Asamblea Legislativa por San Salvador, tras admitir una demanda de cuatro candidatos que perdieron en los comicios parciales del 1 de marzo.
Para ello estableció un plazo que no permitía contar los votos de los dos mil 872 paquetes electorales, ante lo cual el TSE pidió al menos dos prórrogas.
Más tarde decidió que los diputados por San Salvador no podían asumir su cargo hasta que no terminara el recuento.
La medida ha sido duramente criticada por personalidades, organizaciones sociales, entre otros, porque consideran que conduce al país hacia una crisis jurídica y política.
"No hay Asamblea desde el 1 de mayo en este país debido a las arbitrariedades de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional", recalcó el secretario del FMLN.
"Esta situación que nosotros estamos viviendo no es sencilla, es grave. La derecha está pretendiendo echarle la culpa al TSE de que no termina de contar", alertó.
La pasada semana, el presidente Salvador Sánchez Cerén reafirmó su compromiso de cumplir y hacer cumplir la constitución, ante la criticada medida.
Recordó que la Asamblea Legislativa es un órgano colegiado y para su funcionamiento requiere la participación de todos los diputados y diputadas electos para su instalación formal, y el inicio del ejercicio de sus funciones.
Previo a los comicios del 1 de marzo, medios de prensa, así como algunos nombres reconocidos de la derecha salvadoreña arremetieron contra el TSE, en particular contra su presidente, Julio Olivo.
Unos cuatro meses antes de las elecciones, la Sala determinó que era constitucional el voto cruzado (el elector puede marcar por candidatos de distintos partido políticos) y ordenó su cumplimiento a pesar del poco tiempo para capacitar a los electores y a las Juntas Receptoras de Votos.
Una vez terminados los comicios, por problemas con la transmisión de datos, la población no pudo conocer los resultados preliminares y aunque eso no cambiaba los datos del conteo definitivo, la campaña negativa contra el TSE y su presidente tomó niveles mayores.
Lo cierto es que a pesar de que la elección se hizo sin problemas graves cuando todo marchaba por el camino adecuado, y con la conformidad de los partidos, excepto de cuatro candidatos perdedores, la Sala emitió sus dos últimas medidas que si bien no han sido acatadas al pie de la letra, crea un ambiente de incertidumbre
Este escenario sin precedentes en El Salvador "ha sucedido debido a esta Sentencia de la Sala de lo Constitucional", recalcó el secretario del FMLN.
El 1 de mayo no hubo juramentación de diputados ni elección de Junta Directiva, tampoco hay presidente de la Asamblea Legislativa y, según la constitución, corresponde al presidente del Congreso juramentar a los propios diputados, por lo tanto, no hay Asamblea, enfatizó.
Esta situación podría estar relacionada con un presunto plan de grupos oligárquicos que buscan desestabilizar al actual gobierno del FMLN y que consta de cinco puntos, uno de los cuales propone desgastar las instituciones a través de denuncias o recursos de amparos hasta coparlas.
Para Walter Araujo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (2004-2009), la Sala de lo Constitucional está haciendo la función del partido de oposición ante su incapacidad para hacer la contraparte.
Araujo señaló que la Sala está violentando la Constitución porque se extralimita al ordenar medidas que invaden esferas fuera de sus competencias.
Por su parte, el expresidente del TSE Sigfrido Reyes dijo que El Salvador vive el desborde de un poder que está haciendo política con decisiones que traspasan sus atribuciones con las cuales genera inestabilidad jurídica.
El vicepresidente, Oscar Ortiz, calificó de excesiva, delicada y sin precedentes las últimas decisiones de la Sala y recordó que ninguna instancia del país puede tomarse prerrogativas no contempladas por la constitución.
Considera que se requieren reformas constitucionales para proveer certidumbre y así evitar este tipo de situaciones porque hay que seguir defendiendo la democracia y la voluntad del pueblo.
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