La Asamblea Legislativa aprobó por 78 votos la Ley Especial contra las Extorsiones, mediante la cual la Fiscalía General de la República (FGR) podrá proceder a investigar sin una denuncia previa del caso.
Quien cometa delito de extorsión será condenado a una pena entre 10 y 15 años, y la misma podría ser agravada cuando se usen menores de edad, o cuando el delito surja desde algún centro penal.
La ley impone penas mayores cuando se abuse de la confianza de la víctima, se cometa contra funcionarios públicos y si la misma cause lesión, muerte o secuestro a la misma.
Asimismo, faculta a la FGR para aplicar la ley de Extinción de Dominio en los casos que se compruebe que los bienes hayan sido adquiridos con dinero producto de las extorsiones.
La iniciativa fue propuesta por el Ejecutivo, como parte de las acciones para combatir la violencia en el país que actualmente cobra la vida de 12 a 14 personas diariamente.
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