El pasado16 de junio, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. anunció dos decisiones altamente peligrosas no solo para Argentina y su pueblo, sino para todos quienes reivindicamos la soberanía y la primacía de los derechos humanos por sobre las pretensiones del gran capital. Se rechazó la apelación argentina, dejando firmes los fallos que desde 2012, ordenan a la Argentina a pagar el 100% de lo demandado por varios fondos conocidos como buitres – encabezados por NML Capital – y de pagarlo antes de seguir pagando los demás bonos reestructurados en 2005 y 2010. Además, convalidó el pedido de los mismos buitres para que Argentina identifique los activos que posee fuera de su propio territorio, a fin de facilitarles nuevas acciones en busca de cobrar lo que los tribunales estadounidenses han decidido que Argentina les debe.
Ambas decisiones son tan repudiables como esperadas. En un contexto mundial donde la vida humana, la vida de la naturaleza, la soberanía y los derechos de los pueblos y las naciones están cada vez más fragilizados por el accionar del gran capital – la financiarización y crisis perpetua de la economía capitalista mundial, el auge de la economía-casino y el recrudecimiento de su fuerza explotadora y depredadora del trabajo humano y de los bienes naturales – ponen en evidencia la consolidación de una institucionalidad jurídico-política que no reconoce límites a la usura y la avaricia del capital. Una verdadera arquitectura de la impunidad que, empezando con la propia Ley de Inmunidad Soberana de EE.UU., que en 1976 estableció que la soberanía de las naciones termina cuando así lo determina el mercado, siguió construyéndose en los años de auge neoliberal tras la firma de múltiples tratados y acuerdos de libre comercio, de “cooperación económica”, de protección a las inversiones y de prórroga de las jurisdicciones nacionales a favor de tribunales extranjeros y foros arbitrales como el CIADI.
El ataque de estos fondos especulativos no es nuevo.
Por más que se encuentre ahora respaldado por el máximo tribunal estadounidense, forma parte de un proceso de endeudamiento cruento, ilegítimo e ilegal, cuyos altos costos el pueblo argentino viene pagando desde hace ya demasiados años. Para no ir más atrás en la historia, los bonos hoy en las garras de estos buitres remontan directamente a las deudas odiosas acumuladas por la dictadura (‘76 – ‘83) y el endeudamiento impuesto durante los años ´90, bajo la fuerza extorsiva de las mismas y el apoyo decidido del FMI, el BM, el Club de París y otros. Una deuda que ha sido encontrada fraudulenta y arbitraria en sede judicial (Caso Olmos, Causa N° 14.467, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal, 13 de julio de 2000) y que se encuentra igualmente denunciada en otras causas aún abiertas en tribunales argentinos. 30.000 desaparecidos y desaparecidas, la entrega del patrimonio público, los sucesivos ajustes y el colapso económico del 2001 con sus horrendas secuelas en términos de empobrecimiento, desempleo, exclusión y reordenamiento de la economía, profundizando la explotación y el extractivismo al servicio del pago de una deuda que, por sus probadas ilicitudes, hace tiempos debería haberse declarada nula de nulidad absoluta: son apenas ejemplos del costo humano, social, económico y ecológico que sólo seguirá creciendo si no se encaran los problemas de fondo. Hasta ahora, el gobierno argentino ha intentado “ganar” el partido de la deuda, jugando con las mismas reglas que establecen sus pretendidos acreedores. Ha puesto como objetivo el retorno a los mercados internacionales de capitales, para endeudarse nuevamente y seguir sometiéndose a la dependencia y dominación de esos mismos capitales, apostando a un capitalismo “más humano” que, sin embargo, no deja de ratificar que su naturaleza es explotadora y depredadora. Los resultados están a la vista: más de USD 400 mil millones pagados desde el fin de la dictadura en 1983 y más de USD 174 mil millones en la última década, en concepto de una deuda que en el mismo período se ha incrementado de USD 43 mil millones a más de USD 240 mil millones. El hecho de que la moratoria parcial de pagos sobre la deuda, luego del colapso de 2001, permitió a la economía argentina iniciar un proceso de recuperación, señala a las claras que existen alternativas al pago perpetuo de lo que ni siquiera se debe. Asi mismo, señala a los estados prestamistas y prestatarios, a las empresas e inversores financieros e instituciones multilaterales implicados directamente en los procesos de endeudamiento de naciones soberanas, que es derecho y obligación de los Estados tomar las medidas necesarias para cumplir prioritariamente con los derechos humanos de sus poblaciones, así como también de no pagar deudas odiosas o cuya legitimidad y legalidad no hayan sido establecidas.
Los buitres no seguirán volando tan fácilmente sobre nosotros si desde nuestros países no se les permite pasar. Juntos podemos avanzar en la construcción de nuevas realidades de vida y de bien vivir, logrando además poner fin a la impunidad con que opera el sistema económico y financiero internacional y que los responsables reparen los crímenes cometidos.
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