Comunidades salvadoreñas del norteño departamento de Chalatenango impulsan una consulta ciudadana para que la municipalidad prohíba de manera definitiva la explotación minera en su territorio por los daños que ocasiona esa actividad, se informó en esta capital.
El Portillo, El Tamarindo, Las Limas, Llano Verde, Hacienda Vieja y el casco urbano, todas del municipio de San José Las Flores, presentarán firmas recolectadas con las cuales solicitarán al Concejo Municipal la realización de la consulta, dijeron a la prensa los organizadores de esa iniciativa.
La población busca proclamarlo "Primer Territorio Libre de Minería" en El Salvador, ante los peligros que corren por los daños que ocasiona esa actividad.
Se trata de un esfuerzo piloto que pretender servir de ejemplo para que otras comunidades que sufren los efectos nocivos de la minería, aseguran.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desarrolla en contra de Pacific Rim/Oceana Gold para elevar el perfil del caso a nivel nacional e internacional.
Pacific Rim reclama 301 millones de dólares a El Salvador en compensación por las labores de exploración para determinar el porcentaje de yacimientos de oro y plata con los que cuenta el país en la zona nororiental.
La transnacional presentó la demanda en 2009 bajo el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana, la cual fue rechazada por falta de jurisdicción.
Sin embargo, se le permitió seguir su exigencia contra el país luego de la enmienda a una ley de inversiones por la Asamblea Legislativa y en virtud de ella la demanda continúa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial.
En 2009, el expresidente Antonio Saca (2004-2009) declaró abiertamente que no otorgaría los permisos de explotación minera a dicha empresa, y que preferiría enfrentarse a un arbitraje y sus consecuencias a avalar sus operaciones.
Saca alegó entonces que se le pidió a Pacific Rim que demostrara que sus prácticas no dañarían el medio ambiente, pero dijo- solo hizo "una campaña de la minería verde, que básicamente fue una cosa muy superficial."
Diversas fuentes indican que más del 80 por ciento de las compañías inversoras en el sector de la minería metálica en Latinoamérica son de Canadá que se asentaron en los últimos 20 años, cuando gobiernos neoliberales de la región le dieron entrada libre a la inversión extranjera en medio de procesos privatizadores.
La población busca proclamarlo "Primer Territorio Libre de Minería" en El Salvador, ante los peligros que corren por los daños que ocasiona esa actividad.
Se trata de un esfuerzo piloto que pretender servir de ejemplo para que otras comunidades que sufren los efectos nocivos de la minería, aseguran.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica desarrolla en contra de Pacific Rim/Oceana Gold para elevar el perfil del caso a nivel nacional e internacional.
Pacific Rim reclama 301 millones de dólares a El Salvador en compensación por las labores de exploración para determinar el porcentaje de yacimientos de oro y plata con los que cuenta el país en la zona nororiental.
La transnacional presentó la demanda en 2009 bajo el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana, la cual fue rechazada por falta de jurisdicción.
Sin embargo, se le permitió seguir su exigencia contra el país luego de la enmienda a una ley de inversiones por la Asamblea Legislativa y en virtud de ella la demanda continúa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial.
En 2009, el expresidente Antonio Saca (2004-2009) declaró abiertamente que no otorgaría los permisos de explotación minera a dicha empresa, y que preferiría enfrentarse a un arbitraje y sus consecuencias a avalar sus operaciones.
Saca alegó entonces que se le pidió a Pacific Rim que demostrara que sus prácticas no dañarían el medio ambiente, pero dijo- solo hizo "una campaña de la minería verde, que básicamente fue una cosa muy superficial."
Diversas fuentes indican que más del 80 por ciento de las compañías inversoras en el sector de la minería metálica en Latinoamérica son de Canadá que se asentaron en los últimos 20 años, cuando gobiernos neoliberales de la región le dieron entrada libre a la inversión extranjera en medio de procesos privatizadores.
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