El gobierno de El Salvador heredó un sistema de
pensiones que endeuda cada vez más al Estado al tiempo que diversos
sectores exigen una transformación como manera de propiciar una mayor
cobertura.
En entrevista con Prensa Latina, el
economista César Villalona explicó el origen de este sistema que se
remonta a 1969, cuando las personas que trabajaban en el sector privado
comenzaron a cotizar en el Instituto Nacional del Seguro Social (ISSS).
En tanto, los trabajadores del sector público entraron en el sistema en 1975, con la creación del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (Inpep), encargado de recibir las cotizaciones, detalló.
Las dos entidades recibían el dinero de los cotizantes, el cual iba a un fondo común para pagar las pensiones de quienes se jubilaban, lo que daba lugar a un sistema denominado solidario, porque con las cotizaciones de los trabajadores se pagaban las pensiones de los jubilados, precisó Villalona.
Comentó que tanto el ISSS como el Inpep utilizaban una parte del dinero recibido para cubrir sus gastos administrativos y pagar pensiones. El resto del dinero, llamado Reserva Técnica, lo debían invertir para obtener ganancias y aumentar dichas reservas.
Sin embrago, en 1996, durante el gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999), del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la Asamblea Legislativa privatizó el sistema, dijo el experto.
El parlamento aprobó que los fondos de las cotizaciones fueran administrados por empresas privadas llamadas Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), que obtienen ganancias millonarias salidas de las cotizaciones por realizar esa labor.
"Con el surgimiento de las AFP, en 1998, se cambió el sistema solidario por otro llamado de capitalización individual, pues el dinero de las cotizaciones debe ir a la cuenta individual de cada persona y solo se debería utilizar para pagar la pensión de dicha persona", puntualizó.
A partir de 1998, quienes consiguieran trabajo debía cotizar a las AFP, así como quienes estaban laborando, pero menores de 36 años de edad, refirió.
De manera voluntaria también podían pasar al sistema privado las mujeres que tenían entre 36 y 50 años y los hombres de 36 a 55. Y tenían que permanecer en el sistema estatal las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55, acotó.
De acuerdo con la ley, las AFP se quedarían con el 21 por ciento del dinero de las cotizaciones en forma de comisión, para cubrir sus gastos administrativos y sacar sus ganancias y el resto lo podían prestar, pero los intereses que cobraran engrosarían los fondos de las cotizaciones.
En ese contexto se endurecieron los requisitos para la jubilación, pues si bien se dejaron iguales los años de vida (55 mujeres y 60 hombres), se elevaron de 15 a 25 los años de trabajo, respectivamente, y la otra condición era estar 30 años cotizando aunque no hubiera cumplido los 55 o 60 años de edad.
En junio de 2004, la Asamblea Legislativa, sin los votos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hizo otra reforma en el sistema para que en lo adelante una persona que trabajara durante 30 años, e incluso más, no se pudiera jubilar si al mismo tiempo no cumplía los 55 o 60 años.
Es decir que lo único que vale ahora para jubilarse es la edad de vida, no los años trabajando, recalcó el economista.
Comentó que la privatización también desmejoró el cálculo para las pensiones, pues antes se establecía un salario base regulador a partir del promedio de los salarios de los últimos tres años y con la privatización se calcula sobre el promedio salarial de los últimos 10 años.
Por otra parte, al privatizar el sistema, el gobierno debió pasarles a las AFP las reservas técnicas creadas con las cotizaciones de las personas afiliadas al ISSS y al Inpep y sin embrago no lo hicieron ni los gobiernos de Calderón Sol ni de Francisco Flores ni el de Antonio Saca, también de Arena.
"Y no lo hicieron porque en el ISSS y en el Inpep no había suficientes reservas, pues los gobiernos anteriores, incluido el de Alfredo Cristiani, las habían utilizado indebidamente, y porque los propios gobiernos y muchas empresas privadas no enviaban una parte del dinero de las cotizaciones a esas instituciones. Se lo descontaban a la población trabajadora pero se quedaban con él", aseveró Villalona.
Para la creación de las AFP se hicieron muchas promesas a los trabajadores que levantaba el interés por cotizar y con el tiempo resultaron falsas, aseguró.
La primera promesa, la sostenibilidad del sistema, "era falsa de entrada, pues los gobiernos casi habían quebrado al ISSS y al Inpep sin que la gente se diera cuenta", indicó.
Además, como el sistema privatizado obligó a las personas jóvenes a cotizar en las AFP y obligó a las personas mayores a quedarse en el sistema público, éste perdió cotizantes al tiempo que cada año tenía que pagarles pensiones a más personas jubiladas, explicó.
Actualmente el 95 por ciento de las personas que cotizan lo hacen en las AFP y el cinco por ciento en el sistema público, pero el 87 por ciento de las personas jubiladas reciben pensiones del sistema público y el 13 por ciento de las AFP.
Dicho de otra manera, el ISSS y el Inpep tienen pocos cotizantes y deben pagarles pensiones a muchas personas jubiladas, contrario a las AFP, que reciben la mayoría de las cotizaciones y le pagan a pocas personas pensionadas.
Eso significa que el nuevo sistema de pensiones, lejos de ser sostenible, entró en crisis apenas tres años después de haber iniciado, cuando el ex presidente Flores endeudó al Estado por 611 millones para pagar pensiones entre los años 2001-2004, recordó. Recalcó que la práctica de Flores la continuó el ex presidente Saca, quien endeudó al Estado por casi dos mil 800 millones y decidió, en 2006, con el apoyo de la bancada de Arena y sus aliados en la Asamblea Legislativa, pedirle dinero prestado a las propias AFP (Fideicomiso) para pagar pensiones.
El gobierno de Mauricio Funes y el FMLN, que heredó los problemas de sus antecesores, se endeudó por cerca de tres mil millones de dólares para pagar las pensiones y ahora la deuda del Estado con las AFP ya ronda los cuatro mil millones.
En opinión de Villalona, quienes decidieron crear el sistema privado de pensiones sabían que el Estado no iba a cumplir con el pago de las pensiones y tendría que endeudarse. Y si no lo sabían cometieron un error difícil de explicar, pues era fácil prever lo que pasaría.
Además, el Fideicomiso prácticamente eliminó el sistema de capitalización individual, pues implica utilizar el dinero de las cuentas individuales para pagar pensiones colectivas, con el agravante de que el Estado se endeuda de mala manera, pues debe pagarles ese dinero a las AFP, con intereses incluidos, precisó.
"Hoy estamos ante un problema doble heredado de los gobiernos anteriores: un Estado muy endeudado y que tiene que pagar 400 millones anuales de pensiones y una población cotizante afectada por los bajos rendimientos de sus cotizaciones", ilustró.
"Eso demuestra que la segunda promesa que se hizo con la privatización (retiro digno de la población trabajadora), resultó falsa. Se estima que el 90 por ciento de la población pensionada no recibe pensiones dignas", manifestó.
Consideró que a la mayoría de las personas jubiladas se les agotan sus fondos y tienen que recibir la pensión mínima del Estado.
La tercera promesa, relativa a que las AFP financiarían la inversión para el desarrollo también fue falsa, pues el 85 por ciento del dinero lo tienen colocado en bonos del gobierno, o sea, lo destinan al pago de pensiones.
Al mismo tiempo, a las AFP no les importa a quiénes les prestan ni a qué intereses, pues ellas no ganan con los intereses, sino con la comisión que cobran, afirmó el especialista.
No se esfuerzan por hacer buen uso de los fondos, porque garantizan sus ganancias con la comisión que cobran", enfatizó.
Durante el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN se aumentó la pensión mínima de 143 dólares al mes a 207 dólares, creó el programa de Pensión Básica Universal, que beneficia a más de 30 mil personas de bajos recursos que nunca cotizaron, y redujo a 17 por ciento la comisión que cobran las AFP para que aumente la cotización, sin embargo, tuvo que seguir con el Fideicomiso heredado de la gestión anterior, dijo.
Ahora la Sala de lo Constitucional decidió que el gobierno debe pagar más intereses por el Fideicomiso de pensiones, lo cual es positivo para la población que cotiza, pero tiene un impacto negativo en las finanzas del gobierno, que tendrá que pagar más dinero por los préstamos que le hacen las AFP.
"No sabemos cuál será el interés que se pagará en lo adelante, pero como será mayor habrá más presión sobre las finanzas públicas. El propósito real de la Sala es afectar las finanzas del gobierno para que éste se vea en apuros económicos y no cumpla con su programa", aseguró.
Lo que Arena desea no es el beneficio para la gente, sino que el gobierno fracase y la Sala le ayuda con esa decisión y con otras que ha tomado para afectar las finanzas del gobierno.
SOLUCIONES PROPUESTAS
En primer lugar -dijo- se necesita un acuerdo amplio que involucre al gobierno, a la población pensionada y a la cotizante, a las AFP y a otros sectores del país, para buscarle una solución a los principales problemas del sistema: la baja cobertura, las bajas pensiones y la estructura de financiamiento.
No obstante, hay que partir de que el principal problema de las pensiones no es el financiero, sino el humano, el de la cobertura, pues casi el 80 por ciento de la población laboral no cotiza, señaló.
Villalona dijo que para ampliar la cobertura el gobierno de Funes y el FMLN creó el Programa de Pensión Básica para personas mayores y en extrema pobreza. Ese programa debería tener más cobertura.
También hay que incluir en la seguridad social a quienes laboran en las miles de micros y pequeñas empresas informales para lo cual habría que hacer una labor de convencimiento en ese sector, a fin de que la gente que labora en dichas empresas destine una parte de sus ingresos con vistas a cotizar en el sistema público, agregó.
Consideró que también hay que comenzar a incorporar al sistema a miles de personas que trabajan por cuenta propia y una posibilidad con vistas a que coticen es que las personas que laboran pongan una parte de su salario para la cotización y el gobierno aporte otra parte.
Y es que las personas propietarias de esos negocios no tienen suficientes ingresos como para poner la contraparte, dijo.
"Para ello el gobierno tendría que conseguir el dinero mediante un impuesto específico, selectivo, a las personas más ricas del país. Eso sería lo justo, aunque ya sabemos que los acaudalados se resisten con tenacidad a toda medida que les afecte aunque sea un poquito", comentó.
Ellos le demandan al gobierno que mejore la productividad de la mano de obra y que reduzca la delincuencia común, pero no quieren aportarle dinero al fisco, advirtió.
Añadió que hay que incorporar en la seguridad social a las personas que trabajan en empresas formales y no están incluidas porque sus patronos no les dan contratos.
"Se necesita una ardua labor de supervisión sobre esas empresas violadoras de los derechos laborales", enfatizó.
Opinó que para mejorar las pensiones se deben elevar los salarios en el sector público y en el privado e igualar el salario entre hombres y mujeres en todos los sectores de la economía.
"Asimismo hay que elevar la pensión mínima a 300 dólares, con promesa de un ajuste anual igual o un poco superior a la tasa de inflación", remarcó.
Villalona señaló que otra medida que se debería contemplar es volver al sistema público y eliminar el negocio privado de las AFP, que no sirve para mejorar las pensiones ni para darle rentabilidad a los fondos de las cotizaciones.
"El gobierno de Funes y el FMLN le bajó de 21 a 17 por ciento la cantidad de dinero que se quedan de cada cotización, lo cual es positivo, pero las AFP siguen teniendo altas ganancias y no les interesa darle rentabilidad a los fondos que manejan".
Igualmente se podría contemplar la creación de una AFP pública y modificar la ley para que las personas decidan donde cotizar sin importar sus edades.
El economista observa que es necesario que el Estado aumente sus ingresos mediante un mayor control de la evasión de impuestos de mil 500 millones anuales, fundamentalmente de sectores importantes del empresariado nacional y extranjero.
También se debería hacer una profunda reforma fiscal, que le ponga más impuestos a quienes tienen más riquezas, a sus propiedades y a sus altas ganancias, y que libere del pago de la renta a quienes reciben salarios mensuales de hasta 800 dólares, y en el caso de las mujeres hasta mil dólares.
"De esa manera el gobierno aumentaría sus ingresos y no tendría que echar mano de los fondos de pensiones. A su vez, la población trabajadora tendría más capacidad de consumo, lo cual ayudaría a dinamizar el mercado interno y a generar un mejor clima para la inversión, el crecimiento económico y el aumento del empleo y los ingresos públicos", recalcó.
"Por supuesto, una reforma que cambie sustancialmente el carácter regresivo de la estructura tributaria solo es posible si la población la respalda y si la derecha se debilita en la Asamblea Legislativa", afirmó.
*Corresponsal de Prensa Latina en El Salvador.
En tanto, los trabajadores del sector público entraron en el sistema en 1975, con la creación del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (Inpep), encargado de recibir las cotizaciones, detalló.
Las dos entidades recibían el dinero de los cotizantes, el cual iba a un fondo común para pagar las pensiones de quienes se jubilaban, lo que daba lugar a un sistema denominado solidario, porque con las cotizaciones de los trabajadores se pagaban las pensiones de los jubilados, precisó Villalona.
Comentó que tanto el ISSS como el Inpep utilizaban una parte del dinero recibido para cubrir sus gastos administrativos y pagar pensiones. El resto del dinero, llamado Reserva Técnica, lo debían invertir para obtener ganancias y aumentar dichas reservas.
Sin embrago, en 1996, durante el gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999), del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la Asamblea Legislativa privatizó el sistema, dijo el experto.
El parlamento aprobó que los fondos de las cotizaciones fueran administrados por empresas privadas llamadas Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), que obtienen ganancias millonarias salidas de las cotizaciones por realizar esa labor.
"Con el surgimiento de las AFP, en 1998, se cambió el sistema solidario por otro llamado de capitalización individual, pues el dinero de las cotizaciones debe ir a la cuenta individual de cada persona y solo se debería utilizar para pagar la pensión de dicha persona", puntualizó.
A partir de 1998, quienes consiguieran trabajo debía cotizar a las AFP, así como quienes estaban laborando, pero menores de 36 años de edad, refirió.
De manera voluntaria también podían pasar al sistema privado las mujeres que tenían entre 36 y 50 años y los hombres de 36 a 55. Y tenían que permanecer en el sistema estatal las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55, acotó.
De acuerdo con la ley, las AFP se quedarían con el 21 por ciento del dinero de las cotizaciones en forma de comisión, para cubrir sus gastos administrativos y sacar sus ganancias y el resto lo podían prestar, pero los intereses que cobraran engrosarían los fondos de las cotizaciones.
En ese contexto se endurecieron los requisitos para la jubilación, pues si bien se dejaron iguales los años de vida (55 mujeres y 60 hombres), se elevaron de 15 a 25 los años de trabajo, respectivamente, y la otra condición era estar 30 años cotizando aunque no hubiera cumplido los 55 o 60 años de edad.
En junio de 2004, la Asamblea Legislativa, sin los votos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hizo otra reforma en el sistema para que en lo adelante una persona que trabajara durante 30 años, e incluso más, no se pudiera jubilar si al mismo tiempo no cumplía los 55 o 60 años.
Es decir que lo único que vale ahora para jubilarse es la edad de vida, no los años trabajando, recalcó el economista.
Comentó que la privatización también desmejoró el cálculo para las pensiones, pues antes se establecía un salario base regulador a partir del promedio de los salarios de los últimos tres años y con la privatización se calcula sobre el promedio salarial de los últimos 10 años.
Por otra parte, al privatizar el sistema, el gobierno debió pasarles a las AFP las reservas técnicas creadas con las cotizaciones de las personas afiliadas al ISSS y al Inpep y sin embrago no lo hicieron ni los gobiernos de Calderón Sol ni de Francisco Flores ni el de Antonio Saca, también de Arena.
"Y no lo hicieron porque en el ISSS y en el Inpep no había suficientes reservas, pues los gobiernos anteriores, incluido el de Alfredo Cristiani, las habían utilizado indebidamente, y porque los propios gobiernos y muchas empresas privadas no enviaban una parte del dinero de las cotizaciones a esas instituciones. Se lo descontaban a la población trabajadora pero se quedaban con él", aseveró Villalona.
Para la creación de las AFP se hicieron muchas promesas a los trabajadores que levantaba el interés por cotizar y con el tiempo resultaron falsas, aseguró.
La primera promesa, la sostenibilidad del sistema, "era falsa de entrada, pues los gobiernos casi habían quebrado al ISSS y al Inpep sin que la gente se diera cuenta", indicó.
Además, como el sistema privatizado obligó a las personas jóvenes a cotizar en las AFP y obligó a las personas mayores a quedarse en el sistema público, éste perdió cotizantes al tiempo que cada año tenía que pagarles pensiones a más personas jubiladas, explicó.
Actualmente el 95 por ciento de las personas que cotizan lo hacen en las AFP y el cinco por ciento en el sistema público, pero el 87 por ciento de las personas jubiladas reciben pensiones del sistema público y el 13 por ciento de las AFP.
Dicho de otra manera, el ISSS y el Inpep tienen pocos cotizantes y deben pagarles pensiones a muchas personas jubiladas, contrario a las AFP, que reciben la mayoría de las cotizaciones y le pagan a pocas personas pensionadas.
Eso significa que el nuevo sistema de pensiones, lejos de ser sostenible, entró en crisis apenas tres años después de haber iniciado, cuando el ex presidente Flores endeudó al Estado por 611 millones para pagar pensiones entre los años 2001-2004, recordó. Recalcó que la práctica de Flores la continuó el ex presidente Saca, quien endeudó al Estado por casi dos mil 800 millones y decidió, en 2006, con el apoyo de la bancada de Arena y sus aliados en la Asamblea Legislativa, pedirle dinero prestado a las propias AFP (Fideicomiso) para pagar pensiones.
El gobierno de Mauricio Funes y el FMLN, que heredó los problemas de sus antecesores, se endeudó por cerca de tres mil millones de dólares para pagar las pensiones y ahora la deuda del Estado con las AFP ya ronda los cuatro mil millones.
En opinión de Villalona, quienes decidieron crear el sistema privado de pensiones sabían que el Estado no iba a cumplir con el pago de las pensiones y tendría que endeudarse. Y si no lo sabían cometieron un error difícil de explicar, pues era fácil prever lo que pasaría.
Además, el Fideicomiso prácticamente eliminó el sistema de capitalización individual, pues implica utilizar el dinero de las cuentas individuales para pagar pensiones colectivas, con el agravante de que el Estado se endeuda de mala manera, pues debe pagarles ese dinero a las AFP, con intereses incluidos, precisó.
"Hoy estamos ante un problema doble heredado de los gobiernos anteriores: un Estado muy endeudado y que tiene que pagar 400 millones anuales de pensiones y una población cotizante afectada por los bajos rendimientos de sus cotizaciones", ilustró.
"Eso demuestra que la segunda promesa que se hizo con la privatización (retiro digno de la población trabajadora), resultó falsa. Se estima que el 90 por ciento de la población pensionada no recibe pensiones dignas", manifestó.
Consideró que a la mayoría de las personas jubiladas se les agotan sus fondos y tienen que recibir la pensión mínima del Estado.
La tercera promesa, relativa a que las AFP financiarían la inversión para el desarrollo también fue falsa, pues el 85 por ciento del dinero lo tienen colocado en bonos del gobierno, o sea, lo destinan al pago de pensiones.
Al mismo tiempo, a las AFP no les importa a quiénes les prestan ni a qué intereses, pues ellas no ganan con los intereses, sino con la comisión que cobran, afirmó el especialista.
No se esfuerzan por hacer buen uso de los fondos, porque garantizan sus ganancias con la comisión que cobran", enfatizó.
Durante el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN se aumentó la pensión mínima de 143 dólares al mes a 207 dólares, creó el programa de Pensión Básica Universal, que beneficia a más de 30 mil personas de bajos recursos que nunca cotizaron, y redujo a 17 por ciento la comisión que cobran las AFP para que aumente la cotización, sin embargo, tuvo que seguir con el Fideicomiso heredado de la gestión anterior, dijo.
Ahora la Sala de lo Constitucional decidió que el gobierno debe pagar más intereses por el Fideicomiso de pensiones, lo cual es positivo para la población que cotiza, pero tiene un impacto negativo en las finanzas del gobierno, que tendrá que pagar más dinero por los préstamos que le hacen las AFP.
"No sabemos cuál será el interés que se pagará en lo adelante, pero como será mayor habrá más presión sobre las finanzas públicas. El propósito real de la Sala es afectar las finanzas del gobierno para que éste se vea en apuros económicos y no cumpla con su programa", aseguró.
Lo que Arena desea no es el beneficio para la gente, sino que el gobierno fracase y la Sala le ayuda con esa decisión y con otras que ha tomado para afectar las finanzas del gobierno.
SOLUCIONES PROPUESTAS
En primer lugar -dijo- se necesita un acuerdo amplio que involucre al gobierno, a la población pensionada y a la cotizante, a las AFP y a otros sectores del país, para buscarle una solución a los principales problemas del sistema: la baja cobertura, las bajas pensiones y la estructura de financiamiento.
No obstante, hay que partir de que el principal problema de las pensiones no es el financiero, sino el humano, el de la cobertura, pues casi el 80 por ciento de la población laboral no cotiza, señaló.
Villalona dijo que para ampliar la cobertura el gobierno de Funes y el FMLN creó el Programa de Pensión Básica para personas mayores y en extrema pobreza. Ese programa debería tener más cobertura.
También hay que incluir en la seguridad social a quienes laboran en las miles de micros y pequeñas empresas informales para lo cual habría que hacer una labor de convencimiento en ese sector, a fin de que la gente que labora en dichas empresas destine una parte de sus ingresos con vistas a cotizar en el sistema público, agregó.
Consideró que también hay que comenzar a incorporar al sistema a miles de personas que trabajan por cuenta propia y una posibilidad con vistas a que coticen es que las personas que laboran pongan una parte de su salario para la cotización y el gobierno aporte otra parte.
Y es que las personas propietarias de esos negocios no tienen suficientes ingresos como para poner la contraparte, dijo.
"Para ello el gobierno tendría que conseguir el dinero mediante un impuesto específico, selectivo, a las personas más ricas del país. Eso sería lo justo, aunque ya sabemos que los acaudalados se resisten con tenacidad a toda medida que les afecte aunque sea un poquito", comentó.
Ellos le demandan al gobierno que mejore la productividad de la mano de obra y que reduzca la delincuencia común, pero no quieren aportarle dinero al fisco, advirtió.
Añadió que hay que incorporar en la seguridad social a las personas que trabajan en empresas formales y no están incluidas porque sus patronos no les dan contratos.
"Se necesita una ardua labor de supervisión sobre esas empresas violadoras de los derechos laborales", enfatizó.
Opinó que para mejorar las pensiones se deben elevar los salarios en el sector público y en el privado e igualar el salario entre hombres y mujeres en todos los sectores de la economía.
"Asimismo hay que elevar la pensión mínima a 300 dólares, con promesa de un ajuste anual igual o un poco superior a la tasa de inflación", remarcó.
Villalona señaló que otra medida que se debería contemplar es volver al sistema público y eliminar el negocio privado de las AFP, que no sirve para mejorar las pensiones ni para darle rentabilidad a los fondos de las cotizaciones.
"El gobierno de Funes y el FMLN le bajó de 21 a 17 por ciento la cantidad de dinero que se quedan de cada cotización, lo cual es positivo, pero las AFP siguen teniendo altas ganancias y no les interesa darle rentabilidad a los fondos que manejan".
Igualmente se podría contemplar la creación de una AFP pública y modificar la ley para que las personas decidan donde cotizar sin importar sus edades.
El economista observa que es necesario que el Estado aumente sus ingresos mediante un mayor control de la evasión de impuestos de mil 500 millones anuales, fundamentalmente de sectores importantes del empresariado nacional y extranjero.
También se debería hacer una profunda reforma fiscal, que le ponga más impuestos a quienes tienen más riquezas, a sus propiedades y a sus altas ganancias, y que libere del pago de la renta a quienes reciben salarios mensuales de hasta 800 dólares, y en el caso de las mujeres hasta mil dólares.
"De esa manera el gobierno aumentaría sus ingresos y no tendría que echar mano de los fondos de pensiones. A su vez, la población trabajadora tendría más capacidad de consumo, lo cual ayudaría a dinamizar el mercado interno y a generar un mejor clima para la inversión, el crecimiento económico y el aumento del empleo y los ingresos públicos", recalcó.
"Por supuesto, una reforma que cambie sustancialmente el carácter regresivo de la estructura tributaria solo es posible si la población la respalda y si la derecha se debilita en la Asamblea Legislativa", afirmó.
*Corresponsal de Prensa Latina en El Salvador.
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