El académico y ensayista uruguayo radicado en El
Salvador, Óscar Picardo consideró razonable gravar el mercado de la
telefonía para financiar aspectos fundamentales para el desarrollo como
la seguridad.
Picardo, quien forma parte del
Consejo Nacional de Educación señaló que los cuestionamientos a la
propuesta de contribución para la seguridad que presentó el gobierno a
la Asamblea Legislativa carecen de "racionalidad técnica".
En su opinión se trata de un impuesto viable, no es un tema escandaloso y el impacto sería mínimo en la población.
La propuesta presentada por el Ejecutivo busca gravar con una tasa del 10 por ciento los servicios de telecomunicaciones, aunque el presidente, Salvador Sánchez Cerén, abrió el debate para poder consensuar un mecanismo de financiamiento que minimice el impacto a la población.
El gobernante considera necesario garantizar la ejecución de las acciones previstas en el plan El Salvador Seguro, fruto del consenso de distintos sectores integrados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Picardo estima que urge buscar el dinero de alguna parte y no es descabellado gravar a la telefonía donde se mueve muchísimos recursos.
En los últimos años "lo que hemos visto es un crecimiento abrupto de la telefonía celular a un costo a nivel regional bastante competitivo y bajo" por eso hasta personas de menos ingresos tienen dos o tres teléfonos con líneas de diferentes compañías, aseguró.
"Realmente en los patrones de comportamiento que hemos visto en estudios de informática social, como se llama el área, es difícil que alguien deje de usar el teléfono porque le van a aumentar uno o dos centavos a las llamadas, no es un tema que vaya a cambiar sustancialmente o de forma dramática", argumentó.
El gobierno salvadoreño presentó a la Asamblea Legislativa el pasado 17 de este mes una propuesta de ley que dotará de recursos al Estado para seguir impulsando acciones para combatir la violencia e instaurar la seguridad en el país.
La normativa denominada Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia tiene como objetivo establecer "una contribución especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia", del 10 por ciento la cual recaerá sobre la adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades.
El proyecto ha generado reacciones encontradas tras lo cual e jefe de Estado propuso el debate para encontrar algún consenso, pero fue enfático al explicar la necesidad de buscar los recursos para solucionar el problema más grave que aqueja a los salvadoreños.
En su opinión se trata de un impuesto viable, no es un tema escandaloso y el impacto sería mínimo en la población.
La propuesta presentada por el Ejecutivo busca gravar con una tasa del 10 por ciento los servicios de telecomunicaciones, aunque el presidente, Salvador Sánchez Cerén, abrió el debate para poder consensuar un mecanismo de financiamiento que minimice el impacto a la población.
El gobernante considera necesario garantizar la ejecución de las acciones previstas en el plan El Salvador Seguro, fruto del consenso de distintos sectores integrados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Picardo estima que urge buscar el dinero de alguna parte y no es descabellado gravar a la telefonía donde se mueve muchísimos recursos.
En los últimos años "lo que hemos visto es un crecimiento abrupto de la telefonía celular a un costo a nivel regional bastante competitivo y bajo" por eso hasta personas de menos ingresos tienen dos o tres teléfonos con líneas de diferentes compañías, aseguró.
"Realmente en los patrones de comportamiento que hemos visto en estudios de informática social, como se llama el área, es difícil que alguien deje de usar el teléfono porque le van a aumentar uno o dos centavos a las llamadas, no es un tema que vaya a cambiar sustancialmente o de forma dramática", argumentó.
El gobierno salvadoreño presentó a la Asamblea Legislativa el pasado 17 de este mes una propuesta de ley que dotará de recursos al Estado para seguir impulsando acciones para combatir la violencia e instaurar la seguridad en el país.
La normativa denominada Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia tiene como objetivo establecer "una contribución especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia", del 10 por ciento la cual recaerá sobre la adquisición y utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades.
El proyecto ha generado reacciones encontradas tras lo cual e jefe de Estado propuso el debate para encontrar algún consenso, pero fue enfático al explicar la necesidad de buscar los recursos para solucionar el problema más grave que aqueja a los salvadoreños.
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