El
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, entabló una
demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas
en inglés), en el Tribunal Federal de Distrito en Seattle, EEUU, por
negar información sobre violaciones a derechos humanos cometidos durante
el conflicto armado en El Salvador.
A través de una videoconferencia, trasmitida en la Universidad Centroamericana (UCA), las autoridades del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, dieron a conocer que la demanda alega que la CIA no ha “satisfecho obligaciones dictadas por la Ley de Libertad de Información” de ese país.
El objetivo es obtener información del gobierno de los Estados Unidos, relativos a la masacre de 1981 en Santa Cruz, Cabañas, contra civiles que produjo decenas de víctimas.
“Creemos que la CIA está ilícitamente reteniendo documentos sobre un comandante del operativo militar que ocasionó la masacre de Santa Cruz, y también expedientes sobre un ciudadano estadounidense que se vio envuelto en ese operativo”, manifestó Angelina Snodgrass Godoy, directora de UW CH.
También informó que desde el 2013, UW CH ha presentado más de doscientas solicitudes en el marco de la Ley de Libertad de Información, relativas al conflicto salvadoreño. Una de ellas se refiere a los expedientes sobre el militar retirado Sigifredo Ochoa Pérez, quien según investigaciones se le señala la responsabilidad en la masacre en Cabañas.
“Además de sus obligaciones legales dictadas por FOIA (Ley de Libertad de Información), el gobierno estadounidense tiene la responsabilidad moral de apoyar la causa de la verdad y la justicia en El Salvador, especialmente si se toma en cuenta el grado en que los EUA ayudó a los militares salvadoreños durante la guerra civil”, dijo Godoy.
Por su parte, el padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dijo que la universidad acompaña la demanda de UW CH, y a la vez hace un llamado a la Fiscalía General de la República, para que realice las investigaciones pertinentes para judicializar a los responsables de esta atroz masacre, que terminó con la vida de civiles del departamento de Cabañas.
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