La
presidenta del parlamento, Lorena Peña, consideró hoy inviable aplicar
regímenes de excepción en los municipios más violentos del país.
En
entrevista con Televisión de El Salvador aseguró que esa medida supone
la suspensión de varios derechos constitucionales y serán los
pandilleros y delincuentes quienes sufrirán menos las consecuencias de
una medida de ese tipo.
La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) coincide con el gabinete de Seguridad del gobierno que la víspera asistió a la comisión de legislación y puntos constitucionales para exponer su opinión sobre este tema.
El ministro de Seguridad, Benito Lara, explicó que en entre otras consecuencias de un estado de excepción sería la migración de delincuentes a municipios que no cuentan con la suspensión de las garantías ciudadanas que implica ese régimen.
Ambos coinciden que limitar el libre tránsito de las personas en un sitio específico es muy complicado, ya que hay muchos trabajadores que llegan tarde a sus casas o salen muy temprano.
"Los grupos criminales sabrán cómo moverse en un estado de sitio. La más afectada sería la población en general", alertó la legisladora.
No obstante, Peña señaló que todos los recursos para frenar la violencia en el país deben estudiarse a fondo por lo que no descartó una revisión de la medida propuesta por el diputado Guillermo Gallegos de Gran Alianza por la Unidad Nacional.
La Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada ha reforzado el combate a las pandillas y otras estructuras criminales responsables de la violencia que vive el país, recrudecida en los últimos meses.
En este esfuerzo numerosos delincuentes han sido llevado a prisión, entre ellos más de un centenar implicados en el paro del transporte público del pasado 27 de julio.
La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) coincide con el gabinete de Seguridad del gobierno que la víspera asistió a la comisión de legislación y puntos constitucionales para exponer su opinión sobre este tema.
El ministro de Seguridad, Benito Lara, explicó que en entre otras consecuencias de un estado de excepción sería la migración de delincuentes a municipios que no cuentan con la suspensión de las garantías ciudadanas que implica ese régimen.
Ambos coinciden que limitar el libre tránsito de las personas en un sitio específico es muy complicado, ya que hay muchos trabajadores que llegan tarde a sus casas o salen muy temprano.
"Los grupos criminales sabrán cómo moverse en un estado de sitio. La más afectada sería la población en general", alertó la legisladora.
No obstante, Peña señaló que todos los recursos para frenar la violencia en el país deben estudiarse a fondo por lo que no descartó una revisión de la medida propuesta por el diputado Guillermo Gallegos de Gran Alianza por la Unidad Nacional.
La Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada ha reforzado el combate a las pandillas y otras estructuras criminales responsables de la violencia que vive el país, recrudecida en los últimos meses.
En este esfuerzo numerosos delincuentes han sido llevado a prisión, entre ellos más de un centenar implicados en el paro del transporte público del pasado 27 de julio.
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