LOS 4 MAGISTRADOS SATISFACEN CAPRICHOS DE ARENA

En la plenaria de la Asamblea Legislativa del 24 de abril, fue aprobada la emisión bonos por un monto de 900 millones, los cuales están destinados para el pago de deudas de corto plazo, el reintegro de las retenciones de impuestos de la renta y el financiamiento de programas de las áreas de educación, seguridad, salud y pago a proveedores.

Como siempre, ARENA se opuso a la emisión de los bonos, posición negativa que ha mantenido durante las gestiones del FMLN, con la clara y evidente intención de sabotear la economía, bajo la perversa lógica de que si le va mal al país, le irá mal al FMLN y si le va mal al FMLN, entonces le irá bien a ARENA, por ello no es casualidad que utilicen cualquier argumento para justificar su oposición a cualquier medida que se oriente a la ge-neración de ingresos para el gobierno, sean préstamos, bonos o impuestos.

Tampoco es casualidad que luego de la aprobación de la emisión de los bonos, los diputados areneros armaron un berrinche, despotricaron contra las fracciones que dieron sus votos y pro-clamaron que la Sala de lo Constitucional declararía inconstitucional el decreto, lo cual ahora comienza a cumplirse con las medidas cautelares de los 4 magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y Florentín Meléndez, tomadas al admitir una demanda de inconstitucionalidad del decreto respectivo, que en la práctica frena las gestiones del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva para la emisión, negociación y colocación de los 900 millones de bonos.

Tampoco será ninguna casualidad que los 4 magistrados, con el mismo criterio político con el que han afectado las finanzas públicas en otras resoluciones, y en nombre de la Constitución, articulen juicios jurídicos para declarar incons-titucional la emisión de bonos; aun en contra de las razonadas consideraciones que formulará el magistrado Presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, Dr. José Armando Pineda Navas, quien no los acompañó en la admisión de esta demanda.

Los fundamentos de la demanda no son sólidos, en tanto el procedimiento de aprobación de la emisión de bonos está fundamentado en lo que establece el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que en su artículo 90 dice que “Las resoluciones de la Asamblea deberán constar en decretos o acuerdos, según sea el caso, y se tendrán en firme al cerrarse la sesión plenaria en que se hayan aprobado” por lo tanto el hecho de que la emisión de bono se haya aprobado en una segunda votación no es ilegal pues la sesión aún estaba abierta.

Tampoco es ilegal la sustitución de un diputado propietario por otro suplente, ya que no existe impedimento para que cualquier suplente sea llamado a votar, tal como lo establece la Constitución en el ordinal 4º del artículo 131, por lo tanto, sin profundizar en los daños para la población que esta demanda implica;  lo que es evidente y bien claro es la voluntad de los 4 magistrados de satisfacer los caprichos de ARENA.

Sentencias de la Sala
amarran económicamente al gobierno

El Secretario General del FMLN, diputado Medardo González, acompañó la posición del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que las Sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), están encaminadas a “amarrar económicamente al gobierno”.

Así concluyó durante la entrevista “De Frente”, el diputado González, quien además reiteró el compromiso de cumplir las decisiones de la Sala, pero a la vez tienen la responsabilidad de aclararle a la población del efecto que están generando las decisiones que asfixian y frenan al gobierno central en su trabajo.

“Quiero resaltar nuestro respaldo total como Secretario General a las palabras del Presidente vertidas en Nahuizalco, este sábado recién pasado. En donde el Presidente criticó claramente que la intención de los cuatro magistrados de este órgano, es amarrar económicamente al gobierno”, puntualizó.

Y añadió que “amarrar económicamente al gobierno significa impedir que se puedan implementar programas que están beneficiando a la gente, que se pueda comprar todo el equipo que necesitan los policías para enfrentar la delincuencia”, sostuvo.

Además subrayó que el Presidente y el FMLN están en la libertad de opinar en torno a esta última decisión de la Sala que frena al gobierno central la facultad de utilizar $900 millones en títulos valores, y que gran parte de estos recursos iban destinados a programas sociales, seguridad.

“El mandatario está en la obligación de hablarle claro al pueblo salvadoreño, y esto de hablarle claro y contundente, no significa que este incumpliendo con su deber constitucional de acatar la medida. Digo esto en la dirección de aquellos que se asustan o aparentan asustarse cuando el FMLN y el Presidente hacemos uso de nuestro derecho a la libertad de expresión, expresando nuestro rechazo total a este tipo de sentencias, pero afirmando a la vez, que por ello, la vía institucional no se rompe”, sostuvo.

“Las medidas se han cumplido siempre y por mucho que quizá ellos mismos, quieran provocar a que empecemos a no cumplirlas. Debemos de recordar todas las sentencias que llevan hasta este momento, todas dirigidas a amarrar económicamente al gobierno”, dijo.
El diputado González recordó que la Sala de lo Constitucional en los últimos dos años ha tomado decisiones encaminadas a frenar ingresos al Estado. Mencionó ejemplos concretos como la declaración de inconstitucionalidad del cobro del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito,  FONAT, en febrero de 2014, “pero dejó vigente la ayuda de $4 mil por fallecido, es decir, el Estado sí tiene que dar, pero el Estado no puede recoger”, comentó.

El 31 de noviembre de 2014 también se suspendió la Ley transitoria que otorgaba facilidades a los contribuyentes para cancelar sus deudas tributarias, una amnistía fiscal, la Sentencia afectó a los contribu-yentes que querían ponerse al día con el fisco. El Estado pretendía recaudar $300 millones. Este 20 de abril del 2015, “se declaró ilegal el pago del 1% de activos netos como monto al impuesto sobre la renta, afectó al fisco que pretendía recaudar fondos importantes”, indicó.
La última decisión de la Sala fue el 10 de junio de este año, “el último golpe, que todavía no hay Sentencia pero ya hay una medida cautelar para impedir que el gobierno haga uso para el pueblo salvadoreño de estos $900 millones”, reiteró.

“Esta es la historia de las Sentencias que nosotros tenemos en estos últimos dos años. Es decir con estas medidas los cuatro magistrados, lo que están haciendo prácticamente, es impedir que el gobier-no tenga fondos suficientes para poder enfrentar todas las necesidades”, acotó.

En otro tema el diputado González condenó  y lamentó el asesinato, el pasado sábado 13 de junio, de Mario Alfredo González Paz, militante del partido del Comité de San Bartolo, Ilopango. En una primera reacción expresó su denuncia y condena. “Como partido denunciamos este acto cobarde y criminal…llamo a la militancia de partido del departamento de San Salvador a que seamos solidarios con el compañero y quiero mandar mi solidaridad a la esposa, y a todos los compañeros del partido del municipio de Ilopango. Un abrazo y lo sentimos mucho”.