Numerosos políticos, medios de prensa, organizaciones
sociales y analistas cuestionan recientes medidas de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con las
cuales busca entorpecer al gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
El
congelamiento de 900 millones de dólares que serían destinados para
enfrentar la violencia -el más grave problema del país-, y diversos
programas sociales, generó una ola de críticas y alertas.
La Sala aceptó una demanda sobre la supuesta inconstitucionalidad de formación de la ley en la Asamblea Legislativa para la emisión de los referidos fondos en bonos.
Para el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional favoreció a los grupos delictivos que operan en el país.
La decisión de los magistrados Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Florentín Meléndez, es "música para los oídos del crimen organizado", afirmó.
Aseguró que se trata de una decisión que afecta seriamente el combate al crimen y favorece a la delincuencia porque no se tendrán los recursos disponibles para apoyar a la Policía Nacional (PNC) y al Ejército, que era hacia dónde irían esos fondos, según lo establecía el decreto.
Por su parte, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, señaló que los cuatro magistrados se unen al plan de la derecha y su partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en su intento de frenar el financiamiento de programas en salud, educación y seguridad diseñados por el Ejecutivo.
"Esto constituye un duro golpe a la población, afecta significativamente planes específicos en materia de seguridad, pues ya habían sido colocados 100 millones de dólares para la seguridad pública, equipamientos de la PNC, vehículos de transporte, equipos tecnológicos y fortalecimiento institucional", denunció el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.
La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), en un editorial recalcó que "la reversión del endeudamiento público es un duro golpe contra las finanzas estatales".
"Esta decisión es, desde luego, aplaudida por la derecha opositora que apuesta por el desfinanciamiento como forma de boicot contra el Ejecutivo y criticada por la izquierda gobernante que la considera un zarpazo contra las posibilidades de ingresos estatales", enfatizó la organización.
Para Arpas la Sala juega a favor de la derecha oligárquica que sabotea financieramente al gobierno de izquierda, en una estrategia que incluye la evasión tributaria de grandes empresas, el bloqueo de los diputados de Arena a la reforma fiscal y a los préstamos.
Además, también se suman las exigencias de austeridad y reducción del gasto público que plantean la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, y las sentencias de inconstitucionalidad que golpean los ingresos estatales.
Luego de la medida de la Sala, también se revirtieron 100 millones de ese monto que ya habían sido contratados para financiar políticas de seguridad, programas de prevención de la violencia y planes antidelincuenciales.
La Sala también ha emitido sentencias y medidas cautelares que generaron graves problemas al país como en las elecciones últimas que prohibió a funcionarios públicos participar en la campaña electoral, coaccionando así la libertad política.
También, figura la decisión de que algunos órganos, como la Corte de Cuentas, entre otros, sean dirigidos por militantes de algún partido, aunque la medida obviamente está dirigida contra el FML que lleva ya dos períodos de gobierno.
En los comicios del 1 de marzo para alcaldes y diputados la Sala aprobó la figura del voto cruzado, a solo tres meses del sufragio lo que generó un problema en el conteo que la derecha trato de acreditarle al presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Arpas exhortó a la ciudadanía a reflexionar profundamente sobre el impacto de las sentencias de la Sala Constitucional y a movilizarse para exigir a los magistrados que dejen de conspirar contra los intereses nacionales.
La Sala aceptó una demanda sobre la supuesta inconstitucionalidad de formación de la ley en la Asamblea Legislativa para la emisión de los referidos fondos en bonos.
Para el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional favoreció a los grupos delictivos que operan en el país.
La decisión de los magistrados Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Florentín Meléndez, es "música para los oídos del crimen organizado", afirmó.
Aseguró que se trata de una decisión que afecta seriamente el combate al crimen y favorece a la delincuencia porque no se tendrán los recursos disponibles para apoyar a la Policía Nacional (PNC) y al Ejército, que era hacia dónde irían esos fondos, según lo establecía el decreto.
Por su parte, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, señaló que los cuatro magistrados se unen al plan de la derecha y su partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en su intento de frenar el financiamiento de programas en salud, educación y seguridad diseñados por el Ejecutivo.
"Esto constituye un duro golpe a la población, afecta significativamente planes específicos en materia de seguridad, pues ya habían sido colocados 100 millones de dólares para la seguridad pública, equipamientos de la PNC, vehículos de transporte, equipos tecnológicos y fortalecimiento institucional", denunció el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.
La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas), en un editorial recalcó que "la reversión del endeudamiento público es un duro golpe contra las finanzas estatales".
"Esta decisión es, desde luego, aplaudida por la derecha opositora que apuesta por el desfinanciamiento como forma de boicot contra el Ejecutivo y criticada por la izquierda gobernante que la considera un zarpazo contra las posibilidades de ingresos estatales", enfatizó la organización.
Para Arpas la Sala juega a favor de la derecha oligárquica que sabotea financieramente al gobierno de izquierda, en una estrategia que incluye la evasión tributaria de grandes empresas, el bloqueo de los diputados de Arena a la reforma fiscal y a los préstamos.
Además, también se suman las exigencias de austeridad y reducción del gasto público que plantean la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, y las sentencias de inconstitucionalidad que golpean los ingresos estatales.
Luego de la medida de la Sala, también se revirtieron 100 millones de ese monto que ya habían sido contratados para financiar políticas de seguridad, programas de prevención de la violencia y planes antidelincuenciales.
La Sala también ha emitido sentencias y medidas cautelares que generaron graves problemas al país como en las elecciones últimas que prohibió a funcionarios públicos participar en la campaña electoral, coaccionando así la libertad política.
También, figura la decisión de que algunos órganos, como la Corte de Cuentas, entre otros, sean dirigidos por militantes de algún partido, aunque la medida obviamente está dirigida contra el FML que lleva ya dos períodos de gobierno.
En los comicios del 1 de marzo para alcaldes y diputados la Sala aprobó la figura del voto cruzado, a solo tres meses del sufragio lo que generó un problema en el conteo que la derecha trato de acreditarle al presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Arpas exhortó a la ciudadanía a reflexionar profundamente sobre el impacto de las sentencias de la Sala Constitucional y a movilizarse para exigir a los magistrados que dejen de conspirar contra los intereses nacionales.
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