jueves, 4 de junio de 2015

Apagón analógico: ¿oportunidad o amenaza?

Apagón analógico: ¿oportunidad o amenaza?
Varios países centroamericanos están en pleno proceso de transición de la televisión analógica a la digital abierta. Este salto, que popularmente se conoce como “apagón analógico”, se dará en El Salvador en 2018 y le permitirá a los medios audiovisuales mejorar la calidad de sus transmisiones, además de posibilitar la existencia de más señales de televisión. En esto último, en la posibilidad de nuevas frecuencias, se basa la millonaria campaña de la Asder, transmitida por todos los canales de televisión y radiodifusoras comerciales del país. Dice el refrán popular: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. El empeño en repetir machaconamente que en El Salvador el espectro radioeléctrico está democratizado y que todas las voces están representadas pretende ocultar la realidad, que es la contraria.

La desigualdad social y económica, de la que tanto le molesta escuchar a la ANEP y que está en la base de las problemáticas de la población, también está presente en la propiedad de los medios de comunicación. Así como el sol no se puede tapar con un dedo, la repetición incesante de una mentira no cambia la realidad de que en El Salvador el lucrativo mercado de los medios está concentrado en pocas manos. Si el afán de defender las libertades y la democracia es genuino, los medios de comunicación aglutinados en la Asder deberían leer con atención y aplicar las recomendaciones del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, “Estándares de libertad de expresión para la transición a una televisión digital abierta, diversa, plural e inclusiva”, publicado el 21 de mayo.

En el documento, la Comisión lista una serie de criterios a cumplir para el pleno respeto a la libertad de expresión, considerado un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática. La libertad de expresión es una condición indispensable para que partidos políticos, sindicatos, iglesias, universidades y, en general, las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollarse plenamente. Los criterios que los Estados deben garantizar en el proceso de transición hacia la señal digital son cuatro: incremento de la diversidad de medios televisivos y promoción de nuevos operadores; pluralidad y diversidad de los contenidos; reconocimiento expreso de al menos tres sectores en la televisión digital: el comercial, el público y el comunitario; y fomento de la pluralidad y la diversidad mediante la regulación de la concentración en el control y la propiedad de los medios.

La ley de telecomunicaciones vigente en El Salvador no garantiza ninguno de esos criterios. Por el contrario, propicia la concentración de medios en pocas manos. ¿Cómo puede ser democrática una ley que otorga las frecuencias por subasta, es decir, al que tiene más dinero? Para colmo de males, la Sala de lo Constitucional guarda silencio sobre dos demandas de in-constitucionalidad a esta ley, interpuestas hace muchos meses por organizaciones que luchan por la democratización de las comunicaciones. El Salvador necesita una nueva legislación que regule la distribución del espectro radioeléctrico, y la inminente digitalización de las frecuencias también lo exige, pues la actual ley no contempla muchas variantes del nuevo sistema. Solo quienes se han beneficiado por la actual normativa y ven en ella una garantía para seguir alimentando su voraz ambición la pueden defender. La digitalización de las frecuencias se presenta, entonces, como una gran oportunidad para democratizar las comunicaciones en el país.

Sin embargo, la lucha por la democratización no       puede contemplar como regla general la expropiación de medios; más bien, debe apuntar a distribuir equitativamente las frecuencias disponibles. La digitalización de las frecuencias es una oportunidad para incrementar la diversidad de voces, para habilitar el acceso a los medios de comunicación de sectores de la sociedad que hasta hoy no han tenido acceso a ellos. Aprovechar esta oportunidad para implementar los criterios recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos significará, sin duda, el fortalecimiento de la democracia. Usar la digitalización para concentrar más los medios salvadoreños será, también sin duda, la consolidación del emporio mediático al servicio de una pequeña, mezquina y mercante élite.(YSUCA)

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