Mientras organizaciones sociales insisten iniciar investigación en el tema, Fiscalía General y Asamblea Legislativa se han abstenido de pronunciarse al respecto
Son siete canales televisivos otorgados “irregularmente” durante el mandato del ex presidente Elías Antonio Saca y cuyo proceso legal, hasta el momento, no ha sido aclarado, por los que representantes de las organizaciones aglutinadas en la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) solicitaron este miercoles a la Fiscalía General iniciar una auditoria de frecuencias radioeléctricas.
En marzo de 2009 la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), liderada por el entonces superintendente Fernando Arguello Téllez, ahora magistrado del Tribunal Supremo Electoral, habría entregado siete canales de televisión al abogado Luis Francisco Adalberto Pinto García, quien presuntamente habría servido como presta-nombres para la familia Eserski, dueños de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).
Fue precisamente luego de adquirir estas frecuencias (39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51) y de convertirse en el segundo magnate de la televisión nacional -después de Boris Eserski- que el mencionado abogado falleció y habría transferido su propiedad radioeléctrica al abogado identificado como Lacayo Carillo.
“Esos canales se entregaron sin seguir el proceso de ley porque la entrega se hizo sin subasta”, detalla Leonel Herrera Director General de la Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS), quien manifestó que Arguello Téllez habría entregado las siete concesiones sólo por un valor de $250 mil dólares.
La irregularidad en el uso de testaferros en la compra de dichos canales no es lo único cuestionable, dice Herrera. Aunque el reglamento de Telecomunicaciones indica que todo propietario de un canal televisivo tiene solamente un año, a partir de su adquisición, para ponerlos a funcionar, ninguno de los seis canales presuntamente propiedad de los Eserski tienen programación.
“TCS lleva cinco años acaparando esos canales, sin utilizarlos y evitando que entren competidores”, dice Herrera.
Actualmente, la familia Eserski tendría presuntamente bajo su propiedad solo seis canales, luego de que canal 39 fuera transferido al Arzobispado de San Salvador y lanzado oficialmente como “Canal TVCA39” por monseñor José Luis Escobar Alas, quien para entonces habría agradecido dicha “donación “a la familia del consorcio televisivo.
Hace dos años, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y ARPAS solicitaron a la SIGET el último cuadro de concesiones vigentes hasta la fecha. En éste, varias de las concesiones entregadas habrían aparecido sin su respectivo número de resolución.
“¿Cómo es que hay concesiones que no tienen número de resolución? si estas son la partida de nacimiento de toda concesión, sino no existen o existen de manera irregular”, recalca Herrera.
Como otro caso específico, el 23 de septiembre de septiembre pasado, la SIGET oficializó la apelación contra la reasignación de la frecuencia televisiva canal 37 a canal 11, luego que, según la resolución, ésta atentara contra la libertad de telecomunicaciones en el país.
La resolución emitida por la SIGET señaló un plazo de veinte días hábiles desde el tres de septiembre pasado para que canal once “desinstalara todo el equipo de televisión asociado al canal y reinstalara los equipos para que la transmisión de éste sean transmitidas nuevamente en canal 37.
Sin embargo, Herrera señala que las irregularidades en la compra-venta de TV-Red Canal 11, conocida recientemente, no es la única en el tema. El problema en este caso, dice Herrera, es que Ángel González, supuesto propietario de dicho canal, es también propietario de muchos de los contenidos ahora transmitidos por TCS.
“Que no vengan a hablarnos de competencia sólo para evitar que entren competidores. El temor de Telecorporación Salvadoreña es la entrada de un competidor fuerte que amenaza su hegemonía”, apunta el director de ARPAS.
Miembros de ReDCo solicitaron a los medios que han impulsado la campaña “juego limpio”, incluir esfuerzos por la investigación de todas las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico otorgadas desde la época de la ex ANTEL hasta la actualidad.
“En aquel tiempo cuando esos siete canales se convirtieron en bandas abiertas no hubo campaña de juego limpio y nadie se rasgó las vestiduras porque no era transparente. Si vamos hablar de transparencia y vamos a transparentar, transparentemos todo”, insistió Herrera.
El próximo 10 de octubre ReDCo pedirá cuentas ante la Corte Suprema de justicia (CSJ) por las demandas de inconstitucionalidad interpuestas hace cuatro meses contra la Ley de Telecomunicaciones, así como la urgente creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa que investigue dichos procesos.
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