El diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Misael Mejía afirmó hoy que el desafío en el caso del expresidente Francisco Flores es demostrar que la justicia es más fuerte que la impunidad.
Subrayó que los parlamentarios que forman parte de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de sumas millonarias donadas por Taiwán durante el mandato de Flores (1999-2004) pueden aportar mucho al proceso judicial.
La víspera, el presidente de la citada comisión, Francisco Merino, acudió a la Fiscalía General de la República para ofrecer sus testimonios durante toda la pesquisa realizada desde enero último.
Al término de su comparecencia, dijo a medios de prensa que recomendó a la Fiscalía remover al juez a cargo del caso, Levis Italmir Orellana, porque ha mostrado muchas deficiencias en el proceso.
Merino, el primero de los diputados de la comisión parlamentaria en testificar, ratificó los datos recabados que apuntan a que Flores, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), incurrió en el delito de lavado de dinero y en el desvío de más de 80 millones de dólares.
Recalcó que el propio Flores aseveró ante la comisión cuando fue citado el pasado 7 de enero, que durante todo su gobierno recibía donaciones destinadas a fondos sociales, fundamentalmente para los afectados por los terremotos de 2001, pero no pudo comprobarlo.
Lo cierto es que pese a la información obtenida por los parlamentarios, el proceso se ha visto en riesgo de quedar en la impunidad desde que en octubre de 2013, el exmandatario Mauricio Funes (2009-2014) solicitó al Fiscal General, Luis Martínez, investigar un posible caso de defraudación fiscal y lavado de dinero.
En noviembre, Funes hizo público un reporte del Departamento de Tesorería de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ingresó a la Fiscalía el 23 de septiembre de 2013.
El documento refleja que Taiwán emitió tres cheques por un valor total de 10 millones de dólares de su banco de Nueva York al banco Cuscatlán de Costa Rica y que éstos fueron emitidos a nombre del expresidente.
No fue hasta el 30 de abril, cuando faltaban apenas días para que prescribieran varios de los delitos imputados a Flores por la comisión especial, que la fiscalía lo acusó por peculado, desobediencia a particulares y de apropiarse de 15,3 millones de dólares.
Funes fue reiterativo y expresó numerosas veces su preocupación por la lentitud de la Fiscalía en este caso que involucra por vez primera a un expresidente de El Salvador en graves delitos de corrupción.
Pero Flores se encontraba desaparecido al momento de la denuncia oficial y aunque el juzgado Primero de Paz de San Salvador giró el 7 de mayo a la Policía Nacional Civil una orden de captura contra el expresidente y dos días después la interpol emitió una difusión roja, Flores estuvo unos cinco meses en paradero desconocido.
El 5 de septiembre último se presentó espontáneamente ante los tribunales y el cuestionado juez Orellana dictó prisión domiciliar en lo que avanzaba el proceso en su contra, medida revocada por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
El viernes 19 de septiembre fue llevado a una celda de la División Antinarcóticos de la policía, esposado y bajo un amplio dispositivo policial donde, según las autoridades, tiene toda las garantías.
Ahora, Arena intenta dirigir la responsabilidad del desvío de las donaciones millonarias hacia exmilitantes de su partido que ingresaron a Gran Alianza de la Unidad Nacional (GANA).
Casualmente, a raíz de un trabajo de investigación publicado la pasada semana por un medio nacional, miembros de ese partido señalan a los disidentes.
En el trabajo aparecen varios cheques de la cuenta de Arena abierta durante el mandato de Flores a la cual habrían ido al menos 10 millones de dólares de los donativos girados a varios exareneros.
El propio secretario general del FMLN, Medardo González, afirmó este lunes que "Arena está queriendo aprovechar esta publicación insinuando que el problema no es de ellos sino de las personas señaladas y que casualmente la mayoría está en el partido GANA".
Al mismo tiempo calificó de "extraño" que en medio de "una investigación en curso, aparezcan datos de cheques con tanta precisión, que probablemente solo la Fiscalía los puede manejar".
No obstante, dijo González, la información que revela la publicación solo confirma con más fuerza que "uno de los delitos de Flores se llama lavado de dinero".
"Quizá la intención de los que publicaron los nombres de los destinatarios era otra, pero en realidad solo vinieron a reforzar la sospecha y certeza de que Flores cometió el delito de lavado de dinero", enfatizó el dirigente político.
Recordó que no se trata de solo 10 millones de dólares sino de alrededor de 80 millones, de acuerdo con la investigación de la comisión parlamentaria.
Consideró que el llamado de parte de la Fiscalía a los diputados es un paso, aunque posiblemente tardío, pero que considera importante.
"Así que esperamos que en este caso, las expectativas de justicia del pueblo salvadoreño no queden defraudadas y burladas", recalcó González.
La víspera, el presidente de la citada comisión, Francisco Merino, acudió a la Fiscalía General de la República para ofrecer sus testimonios durante toda la pesquisa realizada desde enero último.
Al término de su comparecencia, dijo a medios de prensa que recomendó a la Fiscalía remover al juez a cargo del caso, Levis Italmir Orellana, porque ha mostrado muchas deficiencias en el proceso.
Merino, el primero de los diputados de la comisión parlamentaria en testificar, ratificó los datos recabados que apuntan a que Flores, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), incurrió en el delito de lavado de dinero y en el desvío de más de 80 millones de dólares.
Recalcó que el propio Flores aseveró ante la comisión cuando fue citado el pasado 7 de enero, que durante todo su gobierno recibía donaciones destinadas a fondos sociales, fundamentalmente para los afectados por los terremotos de 2001, pero no pudo comprobarlo.
Lo cierto es que pese a la información obtenida por los parlamentarios, el proceso se ha visto en riesgo de quedar en la impunidad desde que en octubre de 2013, el exmandatario Mauricio Funes (2009-2014) solicitó al Fiscal General, Luis Martínez, investigar un posible caso de defraudación fiscal y lavado de dinero.
En noviembre, Funes hizo público un reporte del Departamento de Tesorería de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ingresó a la Fiscalía el 23 de septiembre de 2013.
El documento refleja que Taiwán emitió tres cheques por un valor total de 10 millones de dólares de su banco de Nueva York al banco Cuscatlán de Costa Rica y que éstos fueron emitidos a nombre del expresidente.
No fue hasta el 30 de abril, cuando faltaban apenas días para que prescribieran varios de los delitos imputados a Flores por la comisión especial, que la fiscalía lo acusó por peculado, desobediencia a particulares y de apropiarse de 15,3 millones de dólares.
Funes fue reiterativo y expresó numerosas veces su preocupación por la lentitud de la Fiscalía en este caso que involucra por vez primera a un expresidente de El Salvador en graves delitos de corrupción.
Pero Flores se encontraba desaparecido al momento de la denuncia oficial y aunque el juzgado Primero de Paz de San Salvador giró el 7 de mayo a la Policía Nacional Civil una orden de captura contra el expresidente y dos días después la interpol emitió una difusión roja, Flores estuvo unos cinco meses en paradero desconocido.
El 5 de septiembre último se presentó espontáneamente ante los tribunales y el cuestionado juez Orellana dictó prisión domiciliar en lo que avanzaba el proceso en su contra, medida revocada por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
El viernes 19 de septiembre fue llevado a una celda de la División Antinarcóticos de la policía, esposado y bajo un amplio dispositivo policial donde, según las autoridades, tiene toda las garantías.
Ahora, Arena intenta dirigir la responsabilidad del desvío de las donaciones millonarias hacia exmilitantes de su partido que ingresaron a Gran Alianza de la Unidad Nacional (GANA).
Casualmente, a raíz de un trabajo de investigación publicado la pasada semana por un medio nacional, miembros de ese partido señalan a los disidentes.
En el trabajo aparecen varios cheques de la cuenta de Arena abierta durante el mandato de Flores a la cual habrían ido al menos 10 millones de dólares de los donativos girados a varios exareneros.
El propio secretario general del FMLN, Medardo González, afirmó este lunes que "Arena está queriendo aprovechar esta publicación insinuando que el problema no es de ellos sino de las personas señaladas y que casualmente la mayoría está en el partido GANA".
Al mismo tiempo calificó de "extraño" que en medio de "una investigación en curso, aparezcan datos de cheques con tanta precisión, que probablemente solo la Fiscalía los puede manejar".
No obstante, dijo González, la información que revela la publicación solo confirma con más fuerza que "uno de los delitos de Flores se llama lavado de dinero".
"Quizá la intención de los que publicaron los nombres de los destinatarios era otra, pero en realidad solo vinieron a reforzar la sospecha y certeza de que Flores cometió el delito de lavado de dinero", enfatizó el dirigente político.
Recordó que no se trata de solo 10 millones de dólares sino de alrededor de 80 millones, de acuerdo con la investigación de la comisión parlamentaria.
Consideró que el llamado de parte de la Fiscalía a los diputados es un paso, aunque posiblemente tardío, pero que considera importante.
"Así que esperamos que en este caso, las expectativas de justicia del pueblo salvadoreño no queden defraudadas y burladas", recalcó González.
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