jueves, 25 de febrero de 2016

Pensiones en El Salvador, necesidad y divergencias

El proyecto de reforma del sistema de pensiones propuesto por el ejecutivo salvadoreño acrecienta hoy las reacciones encontradas en el país, que se daban incluso desde su anuncio.

Mientras que el gobierno presentó la víspera un instrumento basado en los principios fundamentales de la seguridad social y de la sostenibilidad financiera del sistema previsional, sectores de la derecha arremeten en una campaña calificada de engañosa contra la iniciativa.

El Ejecutivo propone la creación de un sistema mixto en el cual las contribuciones se reciben y las prestaciones se otorgan de forma combinada.

Una parte en el régimen de jubilación por reparto basado en la solidaridad intergeneracional, y la otra, de capitalización basada en un régimen de ahorro individual obligatorio.

La tasa única de cotización será del 13 por ciento del ingreso base de cotización para los regímenes regulados en esta Ley.

Si el trabajador devenga hasta dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, el monto de la cotización se destinará en su totalidad al régimen de reparto, si devenga un salario mayor, el excedente de ese monto se destinará al régimen de capitalización.

Para Edgar Soto del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) los objetivos de la reforma de 1998, cuando se privatizó la administración de los fondos para pensiones no se cumplieron.

El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) prometió entonces una pensión digna, mayor cobertura de cotizantes, buenos rendimientos de los fondos, inversión de los fondos para financiar el desarrollo, creación de un sistema de capitalización individual y sostenibilidad financiera del sistema.

Sin embargo, el 80 por ciento de las pensiones no son dignas, la cobertura sigue siendo del 24 por ciento de la población económicamente activa, igual que en 1998.

Asimismo, los rendimientos de los fondos cayeron de 13 por ciento en 1998 a seis por ciento en 2006 (tras la reducción de la tasa de interés provocada por la dolarización) y a menos dos por ciento en 2008, pues la inflación superó la tasa de interés.

Desde el año 2006, cuando Arena gobernaba, una buena parte de los fondos de las empresas privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no se invierten para financiar proyectos de desarrollo.

Las AFP lo que hizo fue prestarle al gobierno para pagar pensiones de personas jubiladas del Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, entidades que administraban las cotizaciones antes de la privatización, lo que se llama fideicomiso.

Todo esto trajo consigo un sistema insostenible, ya que le generó una enorme deuda al Estado, que solo por el fideicomiso le debe a las AFP, es decir, a la gente que cotiza, más de tres mil 400 millones de dólares.

El proyecto de reformas denominado Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones será estudiado por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

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