Seguridad en El Salvador, un asunto de todos

Según el consenso más generalizado en medios políticos y sociales de esta capital, este es un problema cuyas raíces se hunden en la historia de un país maltratado por la colonización, las dictaduras y el engendro del neoliberalismo.

En este lamentable escenario, el blanco de la diana son las personas más desposeídas, los más pobres, los jóvenes que perdieron el rumbo en las llamadas maras (pandillas) o los pequeños comerciantes.

Revertir esta situación es la gran meta que se ha propuesto el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén para el quinquenio 2014-2019.

Desde su toma de posesión el paso 1 de junio, el gobernante aseguró que se pondría al frente de la lucha para erradicar la violencia y generar a los salvadoreños un clima de tranquilidad y bienestar.

Dentro de las principales medidas adoptadas en los primeros meses de su mandato sobresale la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, al frente del cual está el propio jefe de Estado.

La iniciativa pretende reforzar la cohesión social, incrementar la confianza entre la ciudadanía para la prevención de la violencia.

Tambien se propone influir de forma positiva en la calidad y competencia de las instituciones para mejorar los sistemas de justicia y la aplicación de la ley, aseguró el jefe de Estado durante su presentació.

La instancia fue creada como un espacio de diálogo democrático para construir consensos y articular acciones entre el Estado y los sectores sociales, añadió.

De esa forma ejecutar intervenciones integrales que fortalezcan la seguridad ciudadana, reduzcan los niveles de violencia y frenen el crecimiento de la delincuencia en los territorios.

El Consejo está integrado por representantes del sector empresarial, iglesias, autoridades municipales, partidos políticos, personas con capacidad y experiencia en el tema de seguridad, medios de comunicación, titulares o representantes de distintas carteras de Estado y la Fiscalía General de la República.

Además, cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica que integran el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, y la Unión Europea.

En opinión del secretario el Secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones de la presidencia, Franzi Hato Hasbún, el tema de la delincuencia no debe ser de exclusiva preocupación del gobierno, sino de todos los sectores para la búsqueda de soluciones a la problemática porque "el diálogo es el camino para llegar a los entendimientos".

Ese afán transita por el desarrollo económico, la creación de fuentes de empleos dignos, cambios en el sistema educativo para que sea más inclusivo y se adapte a la nueva era de la tecnología, así como el incremento de espacios recreativos y culturales.

Incluye programas sociales destinados a los campesinos, a las mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores.

También se fomenta la Policía Comunitaria de manera que la población en sus localidades pueda contar con la protección de este cuerpo y al mismo tiempo contribuir con los agentes en la prevención de los delitos.

Pero no solo se trata de evitar los actos de delincuencia, sino también reprimirlos y que los malhechores reciban las sanciones que merecen.

A la misma vez, las autoridades de Seguridad trabajan para convertir los centros penales en un lugar donde, con un enfoque más humanizado, el reo pueda pagar por su delito y reinsertarse luego a la sociedad.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, el mes de octubre cerró con 290 homicidios, 110 casos menos en comparación con el mes de mayo, cuando se dio la cifra más alta de este año.

Desde junio se viene registrando una tendencia a la baja, ese mes fueron asesinados 378 personas, en julio, 351; en agosto, 351; y en septiembre, 333. En mayo se perpetraron 400 homicidios.

Lara aseguró que la Policía Comunitaria está desplegada en un 60 por ciento a nivel nacional y que se han capacitado a más de 20 mil elementos de la Policía Nacional Civil para este esquema.

Aunque ya comienzan a vislumbrarse algunos asomos al menos en la reducción mínima de los homicidios, la población espera y desea más.

"Tenemos el gran reto de demostrarle al mundo que podemos trabajar en conjunto como salvadoreños, como lo hicimos para poner fin a un conflicto de más de 12 años de guerra", remarcó el gobernante.
Dentro de este complejo proceso para poner fin a un fenómeno que tiene marcada base estructural, las autoridades de forma paralela buscan elevar la calidad de vida de la población con acciones de corto, mediano y largo plazo, aseguró el funcionario recientemente.
La violencia en El Salvador es considerada hoy uno de los principales problemas del país y su solución pasa por la actuación integral y coordinada de todos los sectores, de acuerdo con los planes del Gobierno. Asesinatos, asaltos a buses, extorsiones, violencia de género, tráfico de personas, trata de mujeres, enfrentamientos entre pandillas, atentados contra policías son parte del contexto de inseguridad ciudadana.