El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Franzi Hato
Hasbún, afirmó hoy que El Salvador y la empresa italiana ENEL Green
Power, avanzan hacia acuerdos para resolver definitivamente el diferendo
en torno a la sociedad LAGEO.
En una entrevista con Televisión de El Salvador señaló que desde el
punto jurídico el litigio tiene posibilidad de llegar a una solución.
Hato Hasbún subrayó que en el diálogo con ENEL, los negociadores de El
Salvador buscan que no salgan lesionados los intereses del país.
"El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, ha determinado
buscar un acuerdo definitivo en el litigo CEL- ENEL (empresas de
producción energética)", enfatizó el funcionario.
La víspera
ambas partes iniciaron un encuentro en las instalaciones del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
foro de arbitraje y conciliación del Banco Mundial.
Integran la
mesa de diálogo de alto nivel, por la parte salvadoreña, el Fiscal
General de la República, Luis Martínez, sus asesores, el presidente de
La Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), David López, y el Secretario
para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado.
Los más altos ejecutivos de la empresa italiana ENEL Green Power, junto a sus respectivos asesores, completan la mesa.
El objetivo de ambas partes se centra específicamente en lograr
acuerdos que conlleven a una salida legal y satisfactoria, mediante una
comunicación transparente, efectiva y apegada a la legalidad, refiere
una nota de la presidencia.
Por lo que, como primer acuerdo,
definieron suspender temporalmente el arbitraje que se lleva a cabo en
el CIADI, por un período de 30 días, y así continuar con las reuniones
de diálogo.
Para Hato Hasbún, el problema CEL-ENEL es consecuencia de ciertas actitudes irresponsables que se tomaron en el pasado.
El expresidente Mauricio Funes (2009-2014) denunció durante su mandato,
el contrato lesivo para los intereses del Estado salvadoreño firmado
durante el gobierno de Francisco Flores (1999-2004), acusado por
corrupción, que le otorgaba la mayoría de acciones de LAGEO a ENEL.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República el daño económico al
Estado por el contrato firmado ascendía a mil 800 millones de dólares.
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