El pasado 5 de junio, los abogados Eduardo Escobar, Ramón Villalta y Oscar Campos, de la organización Iniciativa Social para la Democracia, así como Juan Carlos Sánchez y Bertha de León de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, presentaron la demanda contra la medida de Orellana.
Alegaron que decretar reserva total del caso Flores vulneraba a la sociedad su derecho de acceso a la información y al conocimiento de la verdad, contenido en los artículos 2 y 6 de la Constitución de la República.
El juez Primero de Instrucción decretó la reserva total del expediente de Flores el pasado 23 de mayo porque, según él, la cobertura de los medios de prensa podría poner en riesgo la investigación.
Con la medida cautelar, la Sala de lo Constitucional permite que el acceso se haga extensivo a cualquier otra persona que quiera ser parte del proceso judicial o tenga un interés legítimo concreto en conocer el caso, refiere Transparencia Activa.
Flores, quien se encuentra preso en una celda de la Policía Nacional Civil, es procesado por peculado, desobediencia a particulares y enriquecimiento ilícito al desviar 15.3 millones de dólares donados por Taiwán durante su gobierno.
Esos fondos estaban consignados a las familias víctimas de los terremotos de enero y febrero de 2001, sin embargo de acuerdo con una investigación llevada a cabo por una comisión parlamentaria, el dinero nunca llegó a manos de sus destinatarios.
La semana próxima se espera que la Cámara de lo Penal decida si regresa a su casa a cumplir arresto domiciliar mientras se lleva a cabo la pesquisa, para ser atendido por una trombosis.
El mismo juez dictó la madida por segunda vez. La primera fue el 5 de septiembre luego de que Flores se presentara a los tribunales tras estar cuatro meses prófugo de la justicia, decisón que generó un fuerte rechazo. La Cámara la revocó y fue llevado esposado a las bartolinas.
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