Las organizaciones sociales piden al presidente, Salvador Sánchez Cerén, que haga las diligencias pertinentes, a fin de permitir el acceso a estos archivos, refiró el vespertino Colatino.
Aseguran que la demanda se hace en virtud del cumplimiento de resarcir a las víctimas frente a los actos de lesa humanidad lo cual comienza con el conocimiento de la verdad.
Esta exigencia cobró fuerza a raíz de un reciente artículo del diario El Faro en el que abunda sobre una red que a inicios de la guerra civil le cambiaron la identidad a miles de niños y los arrebataban a sus familias.
"En estas operaciones participaron abogados con contactos en el ejército y en centros de adopción en el extranjero que fueron señalados como parte del mercado negro internacional", señala el artículo.
Según Pro Búsqueda, la desaparición forzada de personas antes y durante de la guerra en El Salvador, constituyó una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos, ejecutada y tolerada por militares, paramilitares y otros funcionarios del Estado.
"Este fenómeno era parte de la estrategia militar de tierra arrasada, que impulsaba operativos militares cuyo fin era desarticular y destruir poblaciones que se consideraban "base social de la guerrilla".
En el informe de la Comisión de la Verdad, también se denunciaron más de cinco mil casos de personas desaparecidas, pero según las organizaciones de derechos humanos la cifra sobrepasa los nueve mil.
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