El enfrentamiento a la violencia recrudecida en los
últimos meses, de acuerdo con las estadísticas, es el tema más
preocupante, mediático y de mayor tensión en El Salvador, cuyas causas
la rodean varias hipótesis.
El repunte de los
homicidios que llegaron a 20 diarios comenzó previo al primer
aniversario de la llegada a la presidencia de Salvador Sánchez Cerén,
uno de los líderes históricos del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN).
Algo similar ocurrió en
mayo de 2014, con un aumento repentino de asesinatos, justo cuando el
expresidente Mauricio Funes concluía su mandato con saldos positivos en
la reducción de la violencia.
Para el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, los
asesinatos ocurridos en los meses recientes “no son cifras inocentes,
pueden ser inducidas”.
En su opinión, “hay mecanismos diabólicos en El Salvador, no de ahora,
sino de hace muchísimo tiempo, en el que uno puede hacer subir o bajar
las estadísticas, basta con un escuadrón de la muerte, basta con un
escuadrón de limpie-za social”.
Sin acusar directamente a alguien, el obispo recalcó que “en ciertos
momentos les interesa crear ese clima de total ingobernabilidad, de
total caos y no importa que eso cueste vidas humanas”.
Este martes, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
David Morales, advirtió que la ola de violencia que afecta el país
podría estar motivada por intereses oscuros promovidos por grupos de
poder.
El defensor de los derechos humanos expresó que es alarmante la
situación de la violencia a la que han sometido al país las estructuras
criminales y resaltó que las autoridades desarrollan acciones para
detener la ola de criminalidad y mejorar el clima de seguridad para los
salvadoreños.
Morales manifestó su preocupación por que esta situación sea motivada por intereses oscuros y de desestabilización del gobierno.
Exteriorizó su abominación “por los homicidios que se están llevando a
cabo en nuestro país, contra diferentes funcionarios, políticos,
policías y militares”.
Y es que en lo que va de año, 29 policías y 13 militares han muerto
asesinados, y también han sido blanco de la criminalidad al menos cinco
militantes o personas simpatizantes con el FMLN.
El domingo último, dos soldados fueron asesinados en esta capital por
presuntos pandilleros, en un ataque evidentemente planificado, de
acuerdo con la descripción de la PNC.
Según el diputado del FMLN Misael Mejía, exmilitares podrían estar
adiestrando a estos grupos criminales, por el tipo de estrategias y
tácticas que están utilizando.
Subrayó que los pandilleros, a quienes se les atribuye la mayor parte de
los hechos de violencia, “tienen entre sus miembros de seguro algunos
exmiembros del ejército y probablemente conozcan la utilización de otras
dinámicas”.
“Nosotros lo que esperaríamos es que detrás de esto no haya intenciones
de elevar las cifras de homicidios para querer hacer fracasar al
gobierno”, remarcó.
En su opinión los ataques contra militares, policías y militantes del
partido de gobierno, corresponden a la efectividad de las autoridades
contra el crimen.
Mejía alertó que hay sectores que se encargan de bloquear las acciones
del gobierno en temas de seguridad, y que no reconocen los avances y el
combate frontal que se está haciendo para llevar tranquilidad a la
población.
El Presidente Sánchez Cerén, al presentar el pasado 1 de junio el
informe sobre su primer año de gestión recalcó que el gobierno comparte
la profunda preocupación generada por la violencia.
Aseguró que no es una tarea fácil y que existen causas históricas,
sociales y económicas que generan este proble-ma, pero con la visión de
trabajar todos unidos y sentar la base para la erradicación de ese
flagelo su administración creó el Consejo de Seguridad Ciudadana y
Convivencia.
En esa instancia participan empresa privada, alcaldías, iglesias,
organizaciones sociales e instituciones del Estado y cuenta con la
asistencia técnica de Naciones Unidas, la Organización de Estados
Americanos y la Unión Europea.
“Fruto de este Consejo es el Plan El Salvador Seguro, que estamos
implementando en 10 de los 50 municipios con mayores niveles de
violencia”, indicó el mandatario.
Resaltó, entre otras medidas, la aprobación de normativas que fortalecen
la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento del Sistema de
Investigación Criminal mediante el cual las autoridades
han combatido a más de 200 estructuras de pandillas y detenido a más de
10 mil de sus miembros.
Comentó la reestructuración del sistema carcelario trasladando a más de
dos mil 300 reos a diferentes centros penitenciarios y a delincuentes de
alta peligrosidad al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca,
departamento de La Paz.
Explicó que el plan de rehabilitación y reinserción integró a ocho mil
600 privados de libertad al programa Yo Cambio, que busca alejarlos del
camino de la delincuencia.
Destacó el trabajo de la Policía Nacional Civil bajo la filosofía de
Policía Comunitaria, que abarca el 90 por ciento del territorio nacional
y ponderó la disposición permanente y despliegue de la Fuerza Armada en
apoyo a tareas de seguridad pública.
“El Plan trazado está siendo efectivo. Con el apoyo de toda la sociedad
pronto obtendremos buenos resultados”, aseguró el jefe de Estado.
