Mauricio Mejía
El
gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, a través del Ministro
de Hacienda Carlos Cáceres, presentó el 24 de febrero de 2016 a la
Asamblea Legislativa el proyecto de reformas a la ley del Sistema de
Ahorro para Pensiones, la cual privatizó la administración de las
pensiones desde finales de 1996 a iniciativa del segundo gobierno de
ARENA presidido por el Dr. Calderón Sol.
La privatización fundamentada en la visión neoliberal despojó al Estado de los ingresos por cotizaciones, los cuales pasaron a manos privadas; pero estatizó la obligación de pagar compromisos que no asumieron los dueños de las nuevas administradoras de los fondos de pensiones, AFPS, que en dos décadas de funcionamiento se han quedado, hasta el momento, con $1400 millones de dólares aportados por las cotizaciones de los trabajadores y generaron una deuda previsional acumulada desde el 2006, cercana a los 4000 millones de dólares que el Estado ha tenido que prestar a las AFP para pagar cotizaciones que éstas no cubren.
De seguir esta tendencia, los dueños de las AFP seguirán ganando sin ningún riesgo ni límite, pues el descuento a los trabajadores no se detiene y la deuda previsional crecerá a niveles insostenibles para el Estado, en tanto las pensiones que ARENA le heredó con la privatización deben pagarse, sin que haya una contraparte que las cubra, por lo que al final, quien termina pagándola somos los contribuyentes. ¿No les parece que aquí es donde está el robo del siglo?
FUSADES dice que las cotizaciones son de los trabajadores y no del Estado; y tienen razón; pero no dicen nada de los millones provenientes de estos fondos que son apropiados por manos privadas, sin que ello garantice una pensión digna y vitalicia.
El diputado arenero Portillo Cuadra con golpes de mesa dice que el gobierno es ingrato porque no da más intereses a los préstamos que recibe de las AFP, pero no dice nada de la miserable posición de la ANEP que ofrece once centavos de dólar mensuales de aumento al salario mínimo, con lo cual los fondos de pensiones no crecerán nada.
La reforma propuesta por el gobierno pretende corregir el desbalance y el asalto a los fondos públicos y de los trabajadores, que actualmente realizan los dueños de las AFP y sin que éstas pierdan sus derechos adquiridos, establecer un sistema mixto que equilibre el interés público con el privado, que permita al Estado disponer de fondos, no para pagar sus cuentas corrientes, sino para pagar las pensiones que las AFP no cubren.
El sistema mixto que propone el gobierno no es inconstitucional, es una especie de asocio público privado que tiene cobertura legal; permitirá que sigan funcionando las AFP; el Estado no se quedará con ningún fondo como ahora lo hacen y lo seguirán haciendo; pero con menos porcentaje, los dueños de las AFP; paulatinamente el Estado quedará solvente y los trabajadores conservarán su cuenta individual y lo principal, gozarán de una pensión digna, universal y vitalicia, que el actual sistema privado jamás permitirá. Por todo esto, la reforma propuesta por el Presidente Sánchez Cerén es una tabla de salvación al sistema de pensiones.
La privatización fundamentada en la visión neoliberal despojó al Estado de los ingresos por cotizaciones, los cuales pasaron a manos privadas; pero estatizó la obligación de pagar compromisos que no asumieron los dueños de las nuevas administradoras de los fondos de pensiones, AFPS, que en dos décadas de funcionamiento se han quedado, hasta el momento, con $1400 millones de dólares aportados por las cotizaciones de los trabajadores y generaron una deuda previsional acumulada desde el 2006, cercana a los 4000 millones de dólares que el Estado ha tenido que prestar a las AFP para pagar cotizaciones que éstas no cubren.
De seguir esta tendencia, los dueños de las AFP seguirán ganando sin ningún riesgo ni límite, pues el descuento a los trabajadores no se detiene y la deuda previsional crecerá a niveles insostenibles para el Estado, en tanto las pensiones que ARENA le heredó con la privatización deben pagarse, sin que haya una contraparte que las cubra, por lo que al final, quien termina pagándola somos los contribuyentes. ¿No les parece que aquí es donde está el robo del siglo?
FUSADES dice que las cotizaciones son de los trabajadores y no del Estado; y tienen razón; pero no dicen nada de los millones provenientes de estos fondos que son apropiados por manos privadas, sin que ello garantice una pensión digna y vitalicia.
El diputado arenero Portillo Cuadra con golpes de mesa dice que el gobierno es ingrato porque no da más intereses a los préstamos que recibe de las AFP, pero no dice nada de la miserable posición de la ANEP que ofrece once centavos de dólar mensuales de aumento al salario mínimo, con lo cual los fondos de pensiones no crecerán nada.
La reforma propuesta por el gobierno pretende corregir el desbalance y el asalto a los fondos públicos y de los trabajadores, que actualmente realizan los dueños de las AFP y sin que éstas pierdan sus derechos adquiridos, establecer un sistema mixto que equilibre el interés público con el privado, que permita al Estado disponer de fondos, no para pagar sus cuentas corrientes, sino para pagar las pensiones que las AFP no cubren.
El sistema mixto que propone el gobierno no es inconstitucional, es una especie de asocio público privado que tiene cobertura legal; permitirá que sigan funcionando las AFP; el Estado no se quedará con ningún fondo como ahora lo hacen y lo seguirán haciendo; pero con menos porcentaje, los dueños de las AFP; paulatinamente el Estado quedará solvente y los trabajadores conservarán su cuenta individual y lo principal, gozarán de una pensión digna, universal y vitalicia, que el actual sistema privado jamás permitirá. Por todo esto, la reforma propuesta por el Presidente Sánchez Cerén es una tabla de salvación al sistema de pensiones.
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