El municipio de San José Las Flores, en el departamento salvadoreño de Chalatenango, se declaró hoy libre de minería, luego de una consulta popular celebrada el domingo.
De acuerdo con los organizadores, el 99 por ciento de los habitantes de esa demarcación votó contra los proyectos mineros.
Un total de 811 personas de un padrón electoral de mil 115 acudieron a los centros de votación, donde expresaron el rechazo a la minería en su localidad.
El proceso se desarrollo "con normalidad", afirmaron los observadores provenientes de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y los delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La consulta tiene base legal, según los artículos 115 y 116 del código municipal, que establece la participación ciudadana y transparencia y mecanismos que las comunas pueden aplicar para que la población se exprese sobre asuntos de interés en su comunidad.
Las organizaciones ambientalistas que integran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, calificaron de "exitoso" el proceso que, además, consideraron como "un hecho histórico" en la lucha contra los proyectos mineros.
Marcos Gálvez de la Mesa, felicitó a la población que de manera activa busca sensibilizar a la Asamblea Legislativa para que promulgue una ley que prohíba la explotación minera en el país.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa y la confederación Oxfam desarrollan contra la trasnacional Pacific Rim/Oceana Gold.
En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por negarle el permiso para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas, 71 kilómetros al norte de esta capital.
El proyecto, según las autoridades, ponía en peligro el abastecimiento de agua pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplean sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irían a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense australiana Oceana Gold compró Pacific Rim y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim denunció a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos que permite a las empresas exigir a los gobiernos que "perjudiquen" sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
Un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves a nivel nacional, en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
La audiencia del caso comenzó el pasado lunes y concluyó el sábado último. El tribunal arbitral puede tardar hasta el primer trimestre del 2015 para emitir el fallo definitivo.
Un total de 811 personas de un padrón electoral de mil 115 acudieron a los centros de votación, donde expresaron el rechazo a la minería en su localidad.
El proceso se desarrollo "con normalidad", afirmaron los observadores provenientes de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y los delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La consulta tiene base legal, según los artículos 115 y 116 del código municipal, que establece la participación ciudadana y transparencia y mecanismos que las comunas pueden aplicar para que la población se exprese sobre asuntos de interés en su comunidad.
Las organizaciones ambientalistas que integran la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, calificaron de "exitoso" el proceso que, además, consideraron como "un hecho histórico" en la lucha contra los proyectos mineros.
Marcos Gálvez de la Mesa, felicitó a la población que de manera activa busca sensibilizar a la Asamblea Legislativa para que promulgue una ley que prohíba la explotación minera en el país.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa y la confederación Oxfam desarrollan contra la trasnacional Pacific Rim/Oceana Gold.
En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por negarle el permiso para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas, 71 kilómetros al norte de esta capital.
El proyecto, según las autoridades, ponía en peligro el abastecimiento de agua pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplean sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irían a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense australiana Oceana Gold compró Pacific Rim y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim denunció a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos que permite a las empresas exigir a los gobiernos que "perjudiquen" sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
Un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves a nivel nacional, en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
La audiencia del caso comenzó el pasado lunes y concluyó el sábado último. El tribunal arbitral puede tardar hasta el primer trimestre del 2015 para emitir el fallo definitivo.
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