Varias comunidades del municipio norteño de San José las Flores, departamento salvadoreño de Chalatenango, realizan hoy una consulta ciudadana para que la municipalidad prohíba de manera definitiva la minería en su territorio.
El Portillo, El Tamarindo, Las Limas, Llano Verde, Hacienda Vieja y el casco urbano, todas del municipio, localizado a unos 72 kilómetros de esta capital, presentaron firmas recolectadas con las cuales solicitaron al Concejo Municipal la realización de la consulta.
La población busca proclamar a San José de las Flores "Primer Territorio Libre de Minería" en El Salvador y que sirva de ejemplo a otras comunidades que sufren los efectos nocivos de esa práctica.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y la confederación Oxfam desarrollan contra Pacific Rim/Oceana Gold para elevar el perfil del caso a nivel nacional e internacional.
En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, por negarle el permiso para explotar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas, 71 kilómetros al norte de esta capital.
El Salvador negó la autorización de explotación bajo los argumentos de leyes y políticas nacionales encaminadas a la protección de la salud y el ambiente.
De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, el proyecto minero pondría en peligro el abastecimiento de agua del país centroamericano pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplean sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irían a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense australiana Oceana Gold compró a Pacific Rim por un valor de 10,2 millones de dólares y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim denunció a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) que permite a las empresas exigir a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
Lo cierto es que según expertos, un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves a nivel nacional, en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
El coordinador del equipo de abogados del caso, Luis Parada, considera que a nivel jurídico se sentaría un precedente para que otras empresas transnacionales consideren iniciar procesos similares contra la nación centroamericana.
Además, afectaría de forma negativa la posibilidad de generar un debate nacional objetivo sobre la discusión de una ley que prohíba la minería metálica en el país.
En lo económico, tendría que erogar más de 300 millones de dólares, sin contar los gastos totales del litigio, lo cual podría afectar las ya de por sí complicadas finanzas de la nación.
La audiencia del caso comenzó el pasado lunes y debía concluir ayer sábado, según el calendario previsto. El tribunal arbitral puede tardar hasta el primer trimestre del 2015 para emitir el fallo definitivo.
La población busca proclamar a San José de las Flores "Primer Territorio Libre de Minería" en El Salvador y que sirva de ejemplo a otras comunidades que sufren los efectos nocivos de esa práctica.
La iniciativa se suma a la campaña que la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y la confederación Oxfam desarrollan contra Pacific Rim/Oceana Gold para elevar el perfil del caso a nivel nacional e internacional.
En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, por negarle el permiso para explotar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas, 71 kilómetros al norte de esta capital.
El Salvador negó la autorización de explotación bajo los argumentos de leyes y políticas nacionales encaminadas a la protección de la salud y el ambiente.
De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, el proyecto minero pondría en peligro el abastecimiento de agua del país centroamericano pues en el proceso de separación del metal de las rocas se emplean sustancias muy dañinas, como cianuro y arsénico que irían a parar a los ríos y otros depósitos.
En noviembre de 2013, la compañía canadiense australiana Oceana Gold compró a Pacific Rim por un valor de 10,2 millones de dólares y aumentó a 301 millones de dólares el monto de la exigencia, además de heredar el litigio.
Pacific Rim denunció a El Salvador en virtud de una disposición del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, en inglés) que permite a las empresas exigir a los gobiernos que perjudiquen sus ganancias.
Aunque Canadá no forma parte de ese tratado, Pacific Rim abrió una sucursal en 2009 en Estados Unidos, que sí lo integra.
Lo cierto es que según expertos, un fallo contra el Estado salvadoreño tendría implicaciones graves a nivel nacional, en lo jurídico, lo económico, social y ambiental.
El coordinador del equipo de abogados del caso, Luis Parada, considera que a nivel jurídico se sentaría un precedente para que otras empresas transnacionales consideren iniciar procesos similares contra la nación centroamericana.
Además, afectaría de forma negativa la posibilidad de generar un debate nacional objetivo sobre la discusión de una ley que prohíba la minería metálica en el país.
En lo económico, tendría que erogar más de 300 millones de dólares, sin contar los gastos totales del litigio, lo cual podría afectar las ya de por sí complicadas finanzas de la nación.
La audiencia del caso comenzó el pasado lunes y debía concluir ayer sábado, según el calendario previsto. El tribunal arbitral puede tardar hasta el primer trimestre del 2015 para emitir el fallo definitivo.
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