La prisión domiciliaria ordenada al expresiente salvadoreño Francisco Flores, acusado de graves delitos de corrupción, provocó inmediatas reacciones en su contra con énfasis en la duda y el rechazo.
Este viernes, inesperadamente, el exmandatario (1999-2004), quien estuvo cuatro meses prófugo de la justicia y con una difusión roja de la Interpol, se presentó al juzgado Primero de Instrucción de San Salvador donde se le sigue una causa por apropiarse 15 millones de dólares.
Luego de notificarse las acusaciones, el juez Levis Italmir Orellana, determinó la medida cautelar, rechazada por buena parte de la sociedad que esperaba prisión para el exmandatario del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Asociación de Radios y Programas Participativos en El Salvador, el Instituto de investigación, capacitación y desarrollo de la mujer y otras exigen cárcel y un proceso transparente.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, cuestionó la entrega "voluntaria" de Flores porque considera que detrás pudiera haber negociaciones oscuras, arreglos pactados o algunos compromisos.
"En este caso se pudiesen dar negociaciones económicas, debajo de la mesa que pudieran llevar a una frustración para la sociedad salvadoreña", subrayó.
Consideró que sería "grotesco" si el principal autor material e intelectual de estos hechos de corrupción saliera libre.
Asimismo, el ministro de Justicia y Seguridad Benito Lara lamentó la decisión del juez Primero de Paz de San Salvador por considerar que el jurista debió enviar a prisión a Flores como ocurre en cualquier proceso.
El titular subrayó que el exgobernante burló la justicia en cuanto conoció la orden de captura en su contra.
Incluso intentó salir del país para no acudir a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que lo investiga por el desvío de la donación de 10 millones del gobierno de Taiwán, dijo Lara quien fue parte de una comisión parlamentaria que investiga el caso desde enero.
"¿Cómo es posible que una persona por (robar) 20 dólares lo mandamos a prisión y este señor que tiene bajo sus espaldas más de 70 millones lo manden a su casa", objetó.
"Necesitamos que se haga justicia en este país", dijo Lara al conocer la decisión de este juez, quien ya estuvo en la mirilla por su actuación en el mismo caso.
Lara exigió que las investigaciones lleguen hasta otras personas que pudieran estar involucradas en la apropiación indebida de fondos públicos e insistió que el caso no debe quedar en la impunidad.
El pasado 7 de enero, Flores acudió ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga aún el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán-China para atender a las víctimas de los terremotos de 2001 y para combatir el narcotráfico y la violencia generada por las pandillas.
En audiencia pública, el expresidente admitió haber recibido de manera personal varias donaciones del gobierno taiwanés y reveló que lo entregó directamente en las manos de quienes debían ejecutarlo, pero no supo explicar quién ejercía el control de ese dinero. También dijo que posiblemente el monto de lo recibido fue de unos 15 millones.
Fue citado el 28 de enero nuevamente y luego de una larga sesión de preguntas se interrumpió la audiencia por lo que debía acudir otra vez el 30 de ese mes. Flores no fue y desde entonces estaba desaparecido.
Cuando apenas quedaban días para la prescripción de varios de los delitos que le imputaba la comisión parlamentaria, y luego de meses de dudas, incertidumbres y especulaciones acerca de su seguimiento por la Fiscalía General de la República, el caso llegó el 30 de abril a los tribunales.
A Flores se le acusó por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, sin embargo la comisión parlamentaria determinó que el expresidente habría cometido, además de los delitos que se le atribuyen, cohecho impropio, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios, lavado de dinero y activos y falso testimonio.
Además concluyó que Flores recibió unos 80 millones de dólares como donativos para atender las emergencias de los terremotos de 2001, la caficultura, enfrentar las pandillas y el narcotráfico y para la reconstrucción de los estragos dejados por el huracán Mitch.
Luego de notificarse las acusaciones, el juez Levis Italmir Orellana, determinó la medida cautelar, rechazada por buena parte de la sociedad que esperaba prisión para el exmandatario del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Asociación de Radios y Programas Participativos en El Salvador, el Instituto de investigación, capacitación y desarrollo de la mujer y otras exigen cárcel y un proceso transparente.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, cuestionó la entrega "voluntaria" de Flores porque considera que detrás pudiera haber negociaciones oscuras, arreglos pactados o algunos compromisos.
"En este caso se pudiesen dar negociaciones económicas, debajo de la mesa que pudieran llevar a una frustración para la sociedad salvadoreña", subrayó.
Consideró que sería "grotesco" si el principal autor material e intelectual de estos hechos de corrupción saliera libre.
Asimismo, el ministro de Justicia y Seguridad Benito Lara lamentó la decisión del juez Primero de Paz de San Salvador por considerar que el jurista debió enviar a prisión a Flores como ocurre en cualquier proceso.
El titular subrayó que el exgobernante burló la justicia en cuanto conoció la orden de captura en su contra.
Incluso intentó salir del país para no acudir a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que lo investiga por el desvío de la donación de 10 millones del gobierno de Taiwán, dijo Lara quien fue parte de una comisión parlamentaria que investiga el caso desde enero.
"¿Cómo es posible que una persona por (robar) 20 dólares lo mandamos a prisión y este señor que tiene bajo sus espaldas más de 70 millones lo manden a su casa", objetó.
"Necesitamos que se haga justicia en este país", dijo Lara al conocer la decisión de este juez, quien ya estuvo en la mirilla por su actuación en el mismo caso.
Lara exigió que las investigaciones lleguen hasta otras personas que pudieran estar involucradas en la apropiación indebida de fondos públicos e insistió que el caso no debe quedar en la impunidad.
El pasado 7 de enero, Flores acudió ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga aún el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán-China para atender a las víctimas de los terremotos de 2001 y para combatir el narcotráfico y la violencia generada por las pandillas.
En audiencia pública, el expresidente admitió haber recibido de manera personal varias donaciones del gobierno taiwanés y reveló que lo entregó directamente en las manos de quienes debían ejecutarlo, pero no supo explicar quién ejercía el control de ese dinero. También dijo que posiblemente el monto de lo recibido fue de unos 15 millones.
Fue citado el 28 de enero nuevamente y luego de una larga sesión de preguntas se interrumpió la audiencia por lo que debía acudir otra vez el 30 de ese mes. Flores no fue y desde entonces estaba desaparecido.
Cuando apenas quedaban días para la prescripción de varios de los delitos que le imputaba la comisión parlamentaria, y luego de meses de dudas, incertidumbres y especulaciones acerca de su seguimiento por la Fiscalía General de la República, el caso llegó el 30 de abril a los tribunales.
A Flores se le acusó por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, sin embargo la comisión parlamentaria determinó que el expresidente habría cometido, además de los delitos que se le atribuyen, cohecho impropio, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios, lavado de dinero y activos y falso testimonio.
Además concluyó que Flores recibió unos 80 millones de dólares como donativos para atender las emergencias de los terremotos de 2001, la caficultura, enfrentar las pandillas y el narcotráfico y para la reconstrucción de los estragos dejados por el huracán Mitch.
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