Según el consenso más generalizado en medios
políticos y sociales de esta capital, este es un problema cuyas raíces
se hunden en la historia de un país maltratado por la colonización, las
dictaduras y el engendro del neoliberalismo.
En este lamentable
escenario, el blanco de la diana son las personas más desposeídas, los
más pobres, los jóvenes que perdieron el rumbo en las llamadas maras
(pandillas) o los pequeños comerciantes.
Revertir esta situación
es la gran meta que se ha propuesto el gobierno del presidente Salvador
Sánchez Cerén para el quinquenio 2014-2019.
Desde su toma de
posesión el paso 1 de junio, el gobernante aseguró que se pondría al
frente de la lucha para erradicar la violencia y generar a los
salvadoreños un clima de tranquilidad y bienestar.
Dentro de las
principales medidas adoptadas en los primeros meses de su mandato
sobresale la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y
Convivencia, al frente del cual está el propio jefe de Estado.
La iniciativa pretende reforzar la cohesión social, incrementar la
confianza entre la ciudadanía para la prevención de la violencia.
Tambien se propone influir de forma positiva en la calidad y
competencia de las instituciones para mejorar los sistemas de justicia y
la aplicación de la ley, aseguró el jefe de Estado durante su
presentació.
La instancia fue creada como un espacio de diálogo
democrático para construir consensos y articular acciones entre el
Estado y los sectores sociales, añadió.
De esa forma ejecutar
intervenciones integrales que fortalezcan la seguridad ciudadana,
reduzcan los niveles de violencia y frenen el crecimiento de la
delincuencia en los territorios.
El Consejo está integrado por
representantes del sector empresarial, iglesias, autoridades
municipales, partidos políticos, personas con capacidad y experiencia en
el tema de seguridad, medios de comunicación, titulares o
representantes de distintas carteras de Estado y la Fiscalía General de
la República.
Además, cuenta con el apoyo de una Secretaría
Técnica que integran el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, y la Unión Europea.
En opinión del secretario el Secretario de Gobernabilidad y
Comunicaciones de la presidencia, Franzi Hato Hasbún, el tema de la
delincuencia no debe ser de exclusiva preocupación del gobierno, sino de
todos los sectores para la búsqueda de soluciones a la problemática
porque "el diálogo es el camino para llegar a los entendimientos".
Ese afán
transita por el desarrollo económico, la creación de fuentes de empleos
dignos, cambios en el sistema educativo para que sea más inclusivo y se
adapte a la nueva era de la tecnología, así como el incremento de
espacios recreativos y culturales.
Incluye programas sociales destinados a los campesinos, a las mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores.
También se fomenta la Policía Comunitaria de manera que la población en
sus localidades pueda contar con la protección de este cuerpo y al
mismo tiempo contribuir con los agentes en la prevención de los
delitos.
Pero no solo se trata de evitar los actos de
delincuencia, sino también reprimirlos y que los malhechores reciban las
sanciones que merecen.
A la misma vez, las autoridades de
Seguridad trabajan para convertir los centros penales en un lugar donde,
con un enfoque más humanizado, el reo pueda pagar por su delito y
reinsertarse luego a la sociedad.
De acuerdo con el ministro de
Justicia y Seguridad, Benito Lara, el mes de octubre cerró con 290
homicidios, 110 casos menos en comparación con el mes de mayo, cuando se
dio la cifra más alta de este año.
Desde junio se viene
registrando una tendencia a la baja, ese mes fueron asesinados 378
personas, en julio, 351; en agosto, 351; y en septiembre, 333. En mayo
se perpetraron 400 homicidios.
Lara aseguró que la Policía
Comunitaria está desplegada en un 60 por ciento a nivel nacional y que
se han capacitado a más de 20 mil elementos de la Policía Nacional Civil
para este esquema.
Aunque ya comienzan a vislumbrarse algunos
asomos al menos en la reducción mínima de los homicidios, la población
espera y desea más.
"Tenemos el gran reto de demostrarle al
mundo que podemos trabajar en conjunto como salvadoreños, como lo
hicimos para poner fin a un conflicto de más de 12 años de guerra",
remarcó el gobernante.
Dentro de este complejo proceso para poner fin a un fenómeno que tiene
marcada base estructural, las autoridades de forma paralela buscan
elevar la calidad de vida de la población con acciones de corto, mediano
y largo plazo, aseguró el funcionario recientemente.
La violencia en El Salvador es considerada hoy uno de los
principales problemas del país y su solución pasa por la actuación
integral y coordinada de todos los sectores, de acuerdo con los planes
del Gobierno.
Asesinatos, asaltos a buses, extorsiones, violencia de género, tráfico
de personas, trata de mujeres, enfrentamientos entre pandillas,
atentados contra policías son parte del contexto de inseguridad
ciudadana.
El ministro de Educación de El Salvador, Carlos Canjura, presentó la Política de Infraestructura Educativa, cuyo objetivo es aportar
ambientes escolares integrales, seguros y confortables que propicien una
enseñanza de calidad.
El titular explicó que esta iniciativa establece que de aquí en
adelante los centros escolares que se construyan tendrán los requisitos
básicos para que sean agradables, funcionales y alienten la inclusión.
