Diversas organizaciones sociales del país le enviaron un escrito a la Corte Suprema de Justicia solicitando la destitución del juez Primero de Instrucción Levis Orellana, porque, según ellos, hay suficientes elementos para que ya no siga en su cargo y no continúe al frente del proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores, quien es acusado por delitos de corrupción.
Las diferentes organizaciones sociales que conforman la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) le pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución del juez primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana, quien está a cargo del proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores por delitos de corrupción.
La tarde del jueves, representantes de 30 entidades ciudadanas entregaron un escrito a la CSJ para que la Corte Plena retire del cargo a Orellana porque, según ellos, no está actuando correctamente en el juicio que enfrenta el exmandatario por presuntamente malversar millonarias donaciones de Taiwán.
Marta Zaldaña, una de las coordinadoras de la MPJL, expresó que el juez Primero de Instrucción se está excediendo en sus capacidades al tratar de iniciar un proceso contra los querellantes por, supuestamente, revelar un documento legal emitido por una institución de Estados Unidos y que la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido no divulgarlo.
Además, dijo que el accionar de Orellana no es el adecuado debido a que a inicios de semana le pidió al procurador para la Defensa de los de Derechos Humanos, David Morales, no interferir en el proceso judicial, puesto que el funcionario le solicitó informes que expliquen los motivos del arresto domiciliar del expresidente Flores; además de otro donde se detallen las razones por las que le solicitó a la Fiscalía iniciar un proceso contra los querellantes.
“Estamos pidiendo la destitución del juez Orellana porque hay bastantes elementos que demuestran que está haciendo un uso excesivo de sus funciones”, subrayó Zaldaña.
En el Departamento de Investigación Judicial de la CSJ, el aplicador de la ley tiene cinco expedientes abiertos, tal y como lo publicó Transparencia Activa a mediados de octubre pasado.
Vicente Ramírez, otro de los miembros de la coordinación del MPJ, manifestó que las organizaciones ciudadanas les preocupa no solo la posición del juez, sino que también del fiscal General, Luis Martínez, ya que según él, el funcionario tiene un conflicto de intereses al estar relacionado con el exgobernante procesado.
De ahí que ellos piden que sea la fiscal adjunta, Paula Velásquez, la que dirija las investigaciones en el proceso judicial contra Flores.
El juicio contra el exgobernante inició a mediados del año pasado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares por millonarios donativos de Taiwán enviados al país durante la administración Flores (1999-2004).
Actualmente el expresidente está su casa guardando arresto domiciliar y la fase de instrucción del proceso finaliza en mayo próximo.
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