El expresidente salvadoreño Francisco Flores, procesado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares fue notificado hoy por el nuevo juez de su caso, Miguel Ángel García, sobre el cambio de tribunal.
En tanto, la Concertación Popular Por un País sin Hambre y Seguro, se concentró en las cercanías del tribunal para expresar su apoyo a García quien ha mostrado interés por este proceso.
Anteriormente, el cuestionado juez Levis Italmir Orellana llevaba el caso, pero fue separado del mismo por su conducta durante la etapa de instrucción, en tanto la organización social pidió se revierta la detención domiciliaria a favor de Flores.
Por otro lado, los querellantes que ventilan el caso del exgobernante solicitan que el Consejo de la Judicatura realice una auditoría del expediente.
"Pedimos al Consejo Nacional de la Judicatura para que ante las graves irregularidades encontradas, cumplan con sus atribuciones y realicen una auditoría judicial", expresó Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
En enero de 2014 una comisión especial de la Asamblea Legislativa inició una investigación tras conocer un Reporte de Operación Sospechosa del Departamento de Tesorería de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que involucra a Flores con el desvío de 10 millones de dólares procedente de donativos de Taiwán.
Al ex gobernante se le acusa por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, sin embargo la comisión parlamentaria determinó que el expresidente habría cometido, además cohecho impropio, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios, lavado de dinero y activos y falso testimonio.
En la investigación de los parlamentarios, Flores admitió gestionar, recibir y distribuir ayuda monetaria de Taiwán de forma personal por lo cual no hay registro del dinero manejado.
La comisión parlamentaria concluyó que Flores unos 80 millones de dólares como donativos para atender las emergencias de los terremotos de 2001, la caficultura, enfrentar las pandillas y el narcotráfico y para la reconstrucción de los estragos dejados por el huracán Mitch, que nunca pasaron por las arcas del Estado.
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