Todos queremos que esta violencia e inseguridad termine de una vez por todas. La vorágine de muerte en que nos batimos día a día mantiene altos niveles de la población con una percepción entre la indignación, el encono y en un hartazgo ante tanta muerte sin sentido.
Tanta inseguridad es inadmisible. No se puede consentir un mal de este tipo porque estar callado le puede dar carta de naturalización a esta epidemia que nos continúa desangrando.
Enfrentar este horror de la inseguridad ciudadana cotidiana es lo que nos toca a todos, sin distingo: comunidad, instituciones, gobierno, pero con énfasis en la ciudadanía, en el poder del pueblo, la organización comunal. Por eso es legítimo lo que está haciendo el gobierno de la República, decidido a enfrentar todos estos demonios.
Para el Secretario General del FMLN, diputado Medardo González, son positivas las acciones que el gobierno central está tomando para contrarrestar la ola de violencia en el país, y celebró que se aprueben nuevos cuerpos de Ley, así como la aceptación entre la población del trabajo que realiza la Policía Comunitaria.
Los esfuerzos del gobierno central encaminados a reducir los homicidios, un combate directo a las extorsiones, y medidas encaminadas a la prevención, es parte de la búsqueda de soluciones.
Todos los pueblos, a lo largo de la historia, cuando están sumidos en un problema o contra la espada y la pared, tocan fondo, hacen un alto en el camino y buscan soluciones. En este momento estamos ahora. Buscando soluciones, para ello hemos tenido que tocar fondo, convertimos a éste país en un nido de la corrupción, en un lugar con abundancia de violencia, en donde reina el descaro, con más de 10 muertos por día, es una situación que deja a cualquiera perplejo.
En términos generales es claro que "sí se está avanzando en estas medidas de seguridad pública por parte del gobierno". Entre las acciones positivas están la reciente presentación por parte de las autoridades de seguridad a la Asamblea Legislativa, de la propuesta de Ley Especial contra el Delito de Extorsión. Claro es que la extorsión "es un delito que de manera mayoritaria afecta a la población salvadoreña". El traslado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, la semana pasada, de los cabecillas de alta peligrosidad de las pandillas es un comienzo; además hay medidas que modernizan el sistema penitenciario, es decir en las cárceles se han instalado nuevas tecnologías que van a ayudar al control del delito.
Todas estas medidas, sumadas al plan del Consejo Nacional de Seguridad, y del gobierno "El Salvador Seguro" llevan la intención de avanzar y se está avanzando, la percepción está mejorando en teoría.
La derecha que utiliza electoralmente el eje mediático de la inseguridad, actúa con mezquindad contra el país y el futuro, a sabiendas que ellos mismos están enredados en esta telaraña sin fin. Resolver el problema de seguridad sigue siendo de vital importancia para construir un nuevo país y de este reto nadie se puede excluir.
Varias encuestas departamentales han indagado sobre la percepción de la policía comunitaria, y la mayoría de la población tiene una buena imagen de esta nueva iniciativa. Más del 50% de la población lo ve como una nueva y buena medida, aquí en el departamento de San Salvador el 50%, en Usulután, el 63% aprueba esta medida.
La Ley Extinción de Dominio, será una herramienta judicial que va a permitir la incautación por parte del Estado de los bienes producto de ese delito. La misma contempla el bloqueo de señales telefónicas en las cercanías de los centros penales, para frenar las llamadas ilegales desde el interior de los centros de reclusión, y contempla sanciones a las empresas telefónicas que se resistan a colaborar con el gobierno, para frenar las señales en las cárceles. La Ley contempla que aquellas empresas telefónicas que no cumplan con este mandato van a ser sancionadas.
Esta normativa tiene regulaciones penales y procesales, así como medidas de índole administrativo para la prevención, la investigación, el enjuiciamiento, y sanción penal del delito de extorsión.
Por eso tenemos que mirar el horror de frente. A esa violencia cotidiana no le podemos quitar los ojos. Nos toca, como hijos de este momento histórico, aprehender (agarrar) esta realidad sin temor. Hay que hablar de la violencia desde todos los ángulos y todas las perspectivas, no solo el gubernamental y el de voceros de oposición.
Siempre en medio del horror hay momentos de luz que destellan claridad. Es claro que la violencia no se va a desactivar así como así de la nada. De un día para otro. La violencia tiene su propia genética, incluso hasta se hereda y se vuelve con el tiempo más peligrosa. Que es lo que nos está ocurriendo ahora. Por eso es nuestro imperativo categórico buscar soluciones.
Para resolver un problema hay que saber observar los datos de la realidad. Por ejemplo, no podemos ignorar que el problema de la violencia letal en estos países no es solo un problema de las pandillas. Hay que ver más allá de las maras, debemos poner en serio los ojos al crimen organizado y al narcotráfico. Están muy bonitas las leyes pero el problema de fondo es que se ha insertado en nuestra cultura institucional la corrupción y la muerte como cultura. Insistimos, toda solución pasa por la comunidad. No es casual que los dos departamentos menos violentos sean Chalatenango y Morazán, territorios en donde la comunidad organizada mantiene formas de autodefensa y seguridad comunitaria. Vale la pena ponerle atención a este fenómeno.
