Los homicidios y las extorsiones constituyen dos
tentáculos del fenómeno de la violencia que agobia a los salvadoreños y
que el gobierno se ha propuesto erradicar con la participación de todos
los sectores.
En los últimos meses, los asesinatos
han crecido hasta llegar en ocasiones a más de 20 diarios, pero de
acuerdo con las autoridades, "la mayoría de muertos son miembros de las
mismas estructuras (pandillas)" por pugnas internas o disputas
territoriales con el bando contrario.
Otros muertos son los delincuentes que sucumben en enfrentamientos con la policía o los grupos de tarea del ejército que apoyan en las labores contra la violencia.
El incremento se produce cuando por vez primera un gobierno salvadoreño presenta un plan integral de combate a la inseguridad que contempla medidas de represión, reinserción y prevención.
El plan emanado del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, comenzó a ponerse en práctica en los municipios con mayor índice de criminalidad como Ciudad Delgado.
Nunca antes un gobierno salvadoreño había tenido en cuenta la prevención y la reinserción de los delincuentes que forman parte de las pandillas o maras, en especial los jóvenes.
Solo la represión, como el plan Mano Dura impuesto por el expresidente Francisco Flores (1999-2004) -quien está en prisión domiciliaria bajo cargos de corrupción- y el Súper Mano Dura, por Antonio Saca (2004-2009), pretendieron cambiar la extrema criminalidad en esta nación.
Y es que las pandillas en El Salvador, conocidas como maras, tuvieron su auge en la década de 1990, con la llegada de miles de inmigrantes ilegales que vivían en Estados Unidos, entre ellos integrantes de pandillas.
Los gobiernos de Arena no solo los admitieron, sino que no les crearon las condiciones estructurales para que se reinsertaran a la sociedad. Ahora, el segundo gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene en cuenta estos dos elementos, y trabaja en acciones como el despliegue de la Policía Comunitaria, la investigación criminal y la creación de nuevas leyes, entre otras, para combatir el flagelo.
Al mismo tiempo, impulsa programas de carácter social, y que son política de Estado desde el mandato de Mauricio Funes (2009-2014), para devolver a muchas personas el derecho a ser iguales.
Entre esas medidas sobresale el paquete escolar, que provee gratuitamente uniformes, útiles y zapatos a los estudiantes de primaria hasta bachillerato, y los paquetes agrícolas, entre otras.
Lo cierto es que las causas de este incremento abrupto de la violencia tienen más de fondo, y van más allá de la rivalidad de las pandillas o el enfrentamiento entre ellas o dentro de ellas.
Para políticos, analistas y organizaciones sociales, detrás está la mano de sectores de la derecha oligárquica que buscan crear un estado de incertidumbre en la población, generar miedo y desconfianza hacia el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Recientemente el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, denunció que grupos criminales en el país tienen una conexión directa con el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
"Tenemos pruebas en donde líderes de la derecha salvadoreña realizan reuniones clandestinas con las cabezas de las pandillas, para provocar zozobra, miedo y desestabilización en el pueblo salvadoreño", dijo en una entrevista con el canal multinacional Telesur.
Por eso no debe extrañar que la Policía Nacional Civil (PNC) capturara a un guardaespaldas del jefe de fracción legislativa de Arena, junto a otros cuatro pandilleros de la estructura criminal Mara Salvatrucha.
El agente que forma parte de la división de Protección de Personalidades Importantes, fue identificado como Marlon Vladimir Menjívar Palacios, de 28 años, y está asignado al diputado Alberto Romero.
Menjívar tenía antecedentes penales, pues en 2013 fue detenido por robo tentado y por tenencia ilegal de arma de fuego.
Asimismo, el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador envió a prisión a Maritza Raquel González, concejal suplente del partido Arena en el municipio de Zacatecoluca, acusada por cobrar extorsiones para la pandilla Barrio 18 y ser parte de esa estructura criminal.
En este escenario, el paro del transporte público a fines de julio a causa de amenazas de pandillas y las incitaciones de Arena a soldados a protestar por un bono otorgado a policías que combaten la delincuencia, entre otros hechos, abonan la teoría de que la derecha utiliza a las pandillas para desestabilizar al país.
El secretario general del FMLN opinó que el paro, las insubordinaciones e intento de protestas de un pequeño grupo de soldados, el llamado a crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad y las medidas de la Sala de lo Constitucional contra las finanzas del gobierno, forman parte de ese objetivo.
El dirigente político considera que este tipo de hechos coincide en el tiempo, por lo que no es nada casual y se apega a los nuevos métodos para un golpe de Estado.
"Hay una clase oligárquica en el país que no termina de aceptar" que el FMLN gobierna y ya por dos períodos consecutivos, subrayó el dirigente.
Recalcó que las acciones de la derecha, más que mantener una oposición, tienen el propósito de desestabilizar para forzar la renuncia del presidente Sánchez Cerén.
El analista César Villalona estima que dado el avance del gobierno en las áreas económica y social, algunos sectores de la derecha de forma desesperada buscan entorpecer el proceso de cambios iniciado en 2009 con el primer gobierno del FMLN y que se consolida actualmente.
Asimismo Roberto Edmundo Viera, exviceministro de Comunicaciones en la administración del presidente José Napoleón Duarte (1984-1989), relató en entrevista concedida al Diario CoLatino, las campañas de desestabilización provenientes de sectores radicales de derecha para ganar las elecciones en 1989.
Rememoró que el sector empresarial, representado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, realizó un paro de dos días con la intención de derrocar al gobierno de la Democracia Cristiana.
Señaló en ese sentido que no le sorprende que se generen movimientos de desestabilización contra la administración del presidente Sánchez Cerén.
Para muchos, el periodista alemán radicado en El Salvador Paolo Louer y Raúl Mijango tienen conexiones con las pandillas y no están ajenos a estos hechos de crear zozobra.
Como para añadir más leña al fuego, recientemente Jorge Roig, expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y Pablo Arrosementa, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Ecuador, participaron en un foro de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) en San Salvador.
En esa cita -donde estuvo la cúpula empresarial salvadoreña, así como el partido Arena desde sus fundadores hasta sus diputados y el polémico Louer-, los invitados de la ANEP arremetieron contra el gobierno de Rafael Correa y Nicolás Maduro.
Al mismo tiempo impusieron su criterio sobre qué modelo de desarrollo seguir, que consideraron debe ser de la manos del gran capital.
En este contexto, en el tema de la exacerbación de los homicidios se maneja la hipótesis de que se busca además, desviar la atención de asuntos como el caso del expresidente Francisco Flores (1999-2004), acusado de corrupción y cuyos delitos salpican a miembros de su partido Arena.
*Corresponsal de Prensa Latina en El Salvador.
Otros muertos son los delincuentes que sucumben en enfrentamientos con la policía o los grupos de tarea del ejército que apoyan en las labores contra la violencia.
El incremento se produce cuando por vez primera un gobierno salvadoreño presenta un plan integral de combate a la inseguridad que contempla medidas de represión, reinserción y prevención.
El plan emanado del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, comenzó a ponerse en práctica en los municipios con mayor índice de criminalidad como Ciudad Delgado.
Nunca antes un gobierno salvadoreño había tenido en cuenta la prevención y la reinserción de los delincuentes que forman parte de las pandillas o maras, en especial los jóvenes.
Solo la represión, como el plan Mano Dura impuesto por el expresidente Francisco Flores (1999-2004) -quien está en prisión domiciliaria bajo cargos de corrupción- y el Súper Mano Dura, por Antonio Saca (2004-2009), pretendieron cambiar la extrema criminalidad en esta nación.
Y es que las pandillas en El Salvador, conocidas como maras, tuvieron su auge en la década de 1990, con la llegada de miles de inmigrantes ilegales que vivían en Estados Unidos, entre ellos integrantes de pandillas.
Los gobiernos de Arena no solo los admitieron, sino que no les crearon las condiciones estructurales para que se reinsertaran a la sociedad. Ahora, el segundo gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene en cuenta estos dos elementos, y trabaja en acciones como el despliegue de la Policía Comunitaria, la investigación criminal y la creación de nuevas leyes, entre otras, para combatir el flagelo.
Al mismo tiempo, impulsa programas de carácter social, y que son política de Estado desde el mandato de Mauricio Funes (2009-2014), para devolver a muchas personas el derecho a ser iguales.
Entre esas medidas sobresale el paquete escolar, que provee gratuitamente uniformes, útiles y zapatos a los estudiantes de primaria hasta bachillerato, y los paquetes agrícolas, entre otras.
Lo cierto es que las causas de este incremento abrupto de la violencia tienen más de fondo, y van más allá de la rivalidad de las pandillas o el enfrentamiento entre ellas o dentro de ellas.
Para políticos, analistas y organizaciones sociales, detrás está la mano de sectores de la derecha oligárquica que buscan crear un estado de incertidumbre en la población, generar miedo y desconfianza hacia el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
Recientemente el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, denunció que grupos criminales en el país tienen una conexión directa con el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
"Tenemos pruebas en donde líderes de la derecha salvadoreña realizan reuniones clandestinas con las cabezas de las pandillas, para provocar zozobra, miedo y desestabilización en el pueblo salvadoreño", dijo en una entrevista con el canal multinacional Telesur.
Por eso no debe extrañar que la Policía Nacional Civil (PNC) capturara a un guardaespaldas del jefe de fracción legislativa de Arena, junto a otros cuatro pandilleros de la estructura criminal Mara Salvatrucha.
El agente que forma parte de la división de Protección de Personalidades Importantes, fue identificado como Marlon Vladimir Menjívar Palacios, de 28 años, y está asignado al diputado Alberto Romero.
Menjívar tenía antecedentes penales, pues en 2013 fue detenido por robo tentado y por tenencia ilegal de arma de fuego.
Asimismo, el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador envió a prisión a Maritza Raquel González, concejal suplente del partido Arena en el municipio de Zacatecoluca, acusada por cobrar extorsiones para la pandilla Barrio 18 y ser parte de esa estructura criminal.
En este escenario, el paro del transporte público a fines de julio a causa de amenazas de pandillas y las incitaciones de Arena a soldados a protestar por un bono otorgado a policías que combaten la delincuencia, entre otros hechos, abonan la teoría de que la derecha utiliza a las pandillas para desestabilizar al país.
El secretario general del FMLN opinó que el paro, las insubordinaciones e intento de protestas de un pequeño grupo de soldados, el llamado a crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad y las medidas de la Sala de lo Constitucional contra las finanzas del gobierno, forman parte de ese objetivo.
El dirigente político considera que este tipo de hechos coincide en el tiempo, por lo que no es nada casual y se apega a los nuevos métodos para un golpe de Estado.
"Hay una clase oligárquica en el país que no termina de aceptar" que el FMLN gobierna y ya por dos períodos consecutivos, subrayó el dirigente.
Recalcó que las acciones de la derecha, más que mantener una oposición, tienen el propósito de desestabilizar para forzar la renuncia del presidente Sánchez Cerén.
El analista César Villalona estima que dado el avance del gobierno en las áreas económica y social, algunos sectores de la derecha de forma desesperada buscan entorpecer el proceso de cambios iniciado en 2009 con el primer gobierno del FMLN y que se consolida actualmente.
Asimismo Roberto Edmundo Viera, exviceministro de Comunicaciones en la administración del presidente José Napoleón Duarte (1984-1989), relató en entrevista concedida al Diario CoLatino, las campañas de desestabilización provenientes de sectores radicales de derecha para ganar las elecciones en 1989.
Rememoró que el sector empresarial, representado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, realizó un paro de dos días con la intención de derrocar al gobierno de la Democracia Cristiana.
Señaló en ese sentido que no le sorprende que se generen movimientos de desestabilización contra la administración del presidente Sánchez Cerén.
Para muchos, el periodista alemán radicado en El Salvador Paolo Louer y Raúl Mijango tienen conexiones con las pandillas y no están ajenos a estos hechos de crear zozobra.
Como para añadir más leña al fuego, recientemente Jorge Roig, expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y Pablo Arrosementa, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Ecuador, participaron en un foro de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) en San Salvador.
En esa cita -donde estuvo la cúpula empresarial salvadoreña, así como el partido Arena desde sus fundadores hasta sus diputados y el polémico Louer-, los invitados de la ANEP arremetieron contra el gobierno de Rafael Correa y Nicolás Maduro.
Al mismo tiempo impusieron su criterio sobre qué modelo de desarrollo seguir, que consideraron debe ser de la manos del gran capital.
En este contexto, en el tema de la exacerbación de los homicidios se maneja la hipótesis de que se busca además, desviar la atención de asuntos como el caso del expresidente Francisco Flores (1999-2004), acusado de corrupción y cuyos delitos salpican a miembros de su partido Arena.
*Corresponsal de Prensa Latina en El Salvador.
