La
Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador exhortó
hoy a toda la ciudadanía a apoyar las nuevas medidas aprobadas por la
Asamblea Legislativa para financiar la seguridad pública.
Al
mismo tiempo, a través de un editorial, instó a la Sala de lo
Constitucional a no bloquear las propuestas de ley que dotarán de
recursos al plan El Salvador Seguro el cual persigue acabar con la
violencia en el país.
El parlamento aprobó la semana pasada, sin los votos del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la Ley Especial para Grandes Contribuyentes que contempla el cobro de un impuesto del cinco por ciento a quienes obtengan ganancias netas iguales o superiores a los 500 mil dólares.
También, sin el apoyo de Arena, los diputados avalaron la contribución especial que grava con un cinco por ciento la factura de telefonía, cable, internet, así como la compra de tecnología.
Sectores de la derecha vinculados con Arena criticaron las normativas, incluso el plan para combatir la violencia, concebido en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, instancia en la cual participan los más diversos sectores del país.
Arpas subraya que la contribución especial proveniente de la telefonía, será compensada por una reducción del 13 por ciento en las tarifas telefónicas.
Dichos gravámenes proveerán al Ejecutivo fondos adicionales para implementar las acciones del Plan El Salvador Seguro, entre ellas la ley (pendiente de aprobar) para la rehabilitación y reinserción de pandilleros que no hayan cometido delitos graves.
"Las medidas tributarias fueron objetadas por la derecha opositora que tiene como estrategia impedir que el gobierno obtenga más ingresos" y sólo insiste en que reduzca los gastos.
Arpas subraya que Arena, para no evidenciar su falta de propuestas, planteó emitir anualmente bonos por 150 millones de dólares durante cinco años, lo cual contradice su prédica contra más endeudamiento estatal.
Tras la aprobación de los tributos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social en El Salvador, allegadas a ese partido de derecha, con el apoyo de medios de difusión hegemónicos, anunciaron demandas de inconstitucionalidad para revertirlos, recalcó.
Alertó que para contrarrestar esa ofensiva oligárquica, las organizaciones progresistas deben respaldar las medidas tributarias.
Al mismo tiempo exigir la reducción inmediatamente las tarifas telefónicas, establecer controles para que empresarios irresponsables no evadan el nuevo impuesto ni lo trasladen a los consumidores y seguir con la reforma fiscal progresiva donde "paguen más quienes tienen más", añadió.
También llamar a la Sala de lo Constitucional a que no participe en la estrategia de boicot financiero contra el Ejecutivo y se abstenga de admitir cualquier demanda promovida por la derecha contra el financiamiento de la seguridad pública, que es una responsabilidad de todos.
El parlamento aprobó la semana pasada, sin los votos del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la Ley Especial para Grandes Contribuyentes que contempla el cobro de un impuesto del cinco por ciento a quienes obtengan ganancias netas iguales o superiores a los 500 mil dólares.
También, sin el apoyo de Arena, los diputados avalaron la contribución especial que grava con un cinco por ciento la factura de telefonía, cable, internet, así como la compra de tecnología.
Sectores de la derecha vinculados con Arena criticaron las normativas, incluso el plan para combatir la violencia, concebido en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, instancia en la cual participan los más diversos sectores del país.
Arpas subraya que la contribución especial proveniente de la telefonía, será compensada por una reducción del 13 por ciento en las tarifas telefónicas.
Dichos gravámenes proveerán al Ejecutivo fondos adicionales para implementar las acciones del Plan El Salvador Seguro, entre ellas la ley (pendiente de aprobar) para la rehabilitación y reinserción de pandilleros que no hayan cometido delitos graves.
"Las medidas tributarias fueron objetadas por la derecha opositora que tiene como estrategia impedir que el gobierno obtenga más ingresos" y sólo insiste en que reduzca los gastos.
Arpas subraya que Arena, para no evidenciar su falta de propuestas, planteó emitir anualmente bonos por 150 millones de dólares durante cinco años, lo cual contradice su prédica contra más endeudamiento estatal.
Tras la aprobación de los tributos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social en El Salvador, allegadas a ese partido de derecha, con el apoyo de medios de difusión hegemónicos, anunciaron demandas de inconstitucionalidad para revertirlos, recalcó.
Alertó que para contrarrestar esa ofensiva oligárquica, las organizaciones progresistas deben respaldar las medidas tributarias.
Al mismo tiempo exigir la reducción inmediatamente las tarifas telefónicas, establecer controles para que empresarios irresponsables no evadan el nuevo impuesto ni lo trasladen a los consumidores y seguir con la reforma fiscal progresiva donde "paguen más quienes tienen más", añadió.
También llamar a la Sala de lo Constitucional a que no participe en la estrategia de boicot financiero contra el Ejecutivo y se abstenga de admitir cualquier demanda promovida por la derecha contra el financiamiento de la seguridad pública, que es una responsabilidad de todos.
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