Índice de criminalidad en Canadá cayó al nivel más bajo de los últimos 40 años

Índice de criminalidad en Canadá cayó al nivel más bajo de los últimos 40 años 

Canadá es cada vez un país más seguro. La cifras de Statistics Canada señalan que el índice de crímenes cayó en 2012 al nivel más bajo desde el año 1972.
En total se registraron casi dos millones de incidentes criminales en el país en todo 2012, lo que representa unos 36.000 menos que el año anterior. Estas cifras no incluyen las ofensas de tránsito.

La tasa de crímenes se situó en 5.589 por cada 100.000 habitantes, cifras similares a las de 1972 y muy por debajo del índice de 10.342 que se registró en 1991, el peor año para la seguridad del país.
Durante ese año en Canadá se registraron 543 homicidios, lo que representa un 10% menos que en 2011. Se trata de la  tasa de homicidios más baja desde el año 1996.
El reporte del organismo federal señala que la cantidad de crímenes se han reducido en la mayoría de las categorías. Esto significa menos agresiones, allanamientos de morada, robo de vehículos o asaltos.
De igual forma, el índice de crímenes severos cayó 3% y en total se ha reducido un 28% en los últimos 10 años.

Esta caída en los índices de criminalidad se debe a varios factores, según los expertos, que van desde cambios demográficos, políticas del gobierno y de la policía, así como la positiva situación económica que ha tenido el país en los últimos años en medio de un complejo contexto.
A nivel de provincias varias tendencias se mantienen. Los territorios (Territorios del Noroeste, Yukón y Nunavut) registran los índices de criminalidad más altos, seguidos de las provincias del oeste canadiense. A nivel provincial fue Saskatchewan la que presentó los números más altos.
En el otro extremo, Ontario fue una vez más la provincia con la menor criminalidad.
A nivel de ciudades, Kelowna, en Columbia Británica, fue la que registró el mayor índice de crímenes reportados el año pasado, mientras que Toronto registró el menor número.
En cuanto al índice de crímenes severos (un valor de 1 a 120 que mide la proporción de crímenes graves) las mejores cifras fueron para la Ciudad de Quebec, con un índice de 47,79, mientras que el peor de todo el país fue para Regina, con un índice de 116.
Toronto registró un índice de crímenes severos de 52,13, mientras que en Montreal fue de 75,11.
Si bien la mayoría de los crímenes registraron caídas, algunas categorías mostraron aumentos, como extorsión, incidentes con armas de fuego y abuso sexual contra niños.

Por otra parte, la proporción de casos de “terrorismo” se duplicó en 2012, aunque los analistas señalan que esto se debió a varios casos que entraron en esa categoría sin estar ligados al concepto de terrorismo que el público en general tiene. Estos casos estuvieron vinculados a las manifestaciones estudiantiles que se registraron en Quebec en 2012.
El reporte se construye sobre la base de todas las denuncias y casos que procesan los distintos cuerpos policiales. Para muchos esta medida no es completamente válida pues muchas personas no denuncian algunos tipos de crímenes, aunque esta tendencia ha venido cambiando y cada vez más las personas acuden a las autoridades para denunciar algún tipo de crimen, desde un simple robo hasta una agresión mayor.

UN ÉXITO DE LA RELACIÓN GOBIERNO EMPRESA PRIVADA

UN ÉXITO DE LA RELACIÓN GOBIERNO EMPRESA PRIVADA
El 17 de marzo, el Presidente Salvador Sánchez Cerén y el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, inauguraron el paso multinivel Naciones Unidas ubicado en el municipio de Antiguo Cuscatlán, terminado antes del tiempo establecido, con una inversión de más de 17 millones de dólares.

La obra que facilitará el libre tránsito de más de 45 mil automovilistas que circulan a diario por la zona, en palabras del señor Presidente de la República es “un símbolo y ejemplo de la nueva forma de gobernar que impulsa su administración, con transparencia, eficiencia y excelente gestión con la empresa privada”.

Después de Panamá, El Salvador se encuentra como el país centroamericano que posee la mejor infraestructura, que incluye redes viales, eléctricas y de transmisión de datos, por lo que el paso multinivel Naciones Unidas, que une a los municipios de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y San Salvador, viene a sumarse a la política de modernización de nuestras ciudades que impulsa el segundo gobierno de izquierda, en función del progreso social.

Es importante destacar que el éxito alcanzado para finalizar la obra en tiempo record se fundamenta en la disciplina de trabajo y cumplimiento de responsabilidad de funcionarios y empleados de varias dependencias pública que tuvieron la capacidad para coordinar sus fortalezas, con empresarios y trabajadores de la industria de la construcción que trabajaron día y noche para mostrar, en conjunto, el poder transformador de nuestra fuerza laboral.

Lejos han quedado los fracasos generados por la corrupción de funcionarios de gobiernos de ARENA en la construcción de la Diego de Holguín y el hospital de Maternidad, los cuales tuvieron que ser terminados por los gobiernos del FMLN y, por ello, compartimos la expresión del señor Presidente Sánchez Cerén, quien al inaugurar el paso multinivel Naciones Unidas declaró: “Atrás quedaron las obras inconclusas, las carreteras pavimentadas de corrupción, el robo de los recursos del pueblo…”.

Considerando que la obra fue administrada con transparencia, eficiencia y excelente gestión se constituye en un éxito de la relación Gobierno-Empresa Privada, éxito que esperamos tome muy en cuenta la nueva directiva de la ANEP y se sume al esfuerzo en marcha de construir un nuevo El Salvador.

¿ES IGUAL LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA DEL CONFLICTO A LA VIOLENCIA ACTUAL?

¿ES IGUAL LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA DEL CONFLICTO A LA VIOLENCIA ACTUAL?
Para responder de forma adecuada a esta interrogante, que muchos políticos por perversidad o por ignorancia responden con un simple sí, asegurando que la situación actual es igual a la que vivimos durante el conflicto armado, es preciso hacer las siguientes consideraciones.

1. La violencia revolucionaria expresada en una guerra popular revolucionaria, no fue un acto de agresión a la sociedad, al contrario fue un acto defensa frente a la represión, persecución y eliminación física, que desde el Estado se ejercía contra la oposición política. Los grupos delincuenciales actuales, si bien son el resultado de una situación de marginación social, no defienden una causa noble, pues basan su existencia en el parasitismo social, explotando a la sociedad, con diversos delitos, especialmente a los sectores más vulnerables.

2. Las organizaciones político militares que se alzaron en armas, enarbolaron una causa justa y lícita, por la democratización del país, que le mereció el apoyo nacional de la población y el reconocimiento internacional de países y asociaciones democráticas que se sumaron a su causa que fue enaltecida en una negociación auspiciada por las Naciones Unidas.  Los grupos delictivos actuales, están vinculados al narcotráfico, contrabando, extorsiones, sicariato, secuestros, robo, hurto, amenazas y demás delitos conexos, sobre los que basan su funcionamiento y existencia, lo cual jamás tendrá el apoyo de fuerzas democráticas y mucho menos de otros Estados y organismos internacionales que se esfuerzan por erradicar dichos delitos.

3. El respaldo y crecimiento de las organizaciones político militares del conflicto armado estaba fundamentado en la convicción y asunción voluntaria de un ideal, de una utopía que se construía sobre valores de solidaridad, justicia, equidad y libertades democráticas que en su dimensión política, fueron conquistadas con la firma de los Acuerdos de Paz. Los grupos delictivos actuales basan su crecimiento en la intimidación, el terror, el culto y desprecio a la dignidad e integridad moral y física de la persona humana, carecen de un proyecto de vida compatible con los valores de una sociedad democrática, solidaria, igualitaria y equitativa.

Con lo antes dicho es suficiente para responder que la violencia revolucionaria del conflicto no es igual a la violencia del crimen común y organizado que actualmente sufre nuestra sociedad y por lo mismo la solución a este conflicto social será muy diferente, en tanto el reconocimiento de los protagonistas intelectuales y materiales de esta violencia sólo será para lograr su reinserción social, previo al cumplimiento de una sanción.

La violencia delictiva en Centroamérica

La violencia delictiva en Centroamérica 

Este no es un ensayo académico, sino apenas un conjunto de observaciones suscitadas por la lectura de despachos noticiosos y periódicos centroamericanos.

En el pasado V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, el representante regional de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, destacó que el crimen organizado transnacional está diversificado, alcanza proporciones macroeconómicas y sus mercados, rutas de tráfico y dinámicas no tienen fronteras.

Agregó que su incidencia invade a múltiples instancias y sectores: comerciales, financieros, políticos, sociales, culturales, entre otros, señalando que el crimen organizado y la corrupción generan flujos de dinero de unos 2,1 billones de dólares por año. Al respecto, Mazzitelli observó que en 12 meses el sistema financiero internacional puede lavar sumas equivalentes al 2,7% del Producto Interno Bruto mundial.

El Estudio Global sobre el Homicidio 2011 –de la misma ONUDD– atribuye al narcotráfico el aumento de la violencia en Centroamérica. Destaca por ejemplo que en 2010 en Honduras se registraron 6 mil 200 asesinatos en un población de 7,7 millones de habitantes, y en El Salvador hubo 4 mil asesinatos entre 6,1 millones de habitantes.

Es decir, en Honduras la tasa llega a 82,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en El Salvador a 66. A escala mundial, siguen Costa de Marfil, Jamaica, la vecina Belice (con 41), Venezuela y enseguida Guatemala (con 41,4). Por consiguiente, el “Triángulo del Norte” centroamericano es una de las zonas más mortales del mundo. En contraste, los países centroamericanos menos inseguros son Costa Rica (con 11,3 y tendencia en aumento) Nicaragua (con 13,2 y tendencia a la baja). Su vecina Panamá está bastante peor, con 21,6 y subiendo. La OMS considera “epidemia” a cualquier tasa superior a 10.

Las implicaciones de tales cifras se agravan con los altos índices de impunidad que las acompañan. Según Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, “muy pocos de esos asesinatos son castigados”.

Esa situación contrasta con que en los últimos 15 años la tasa de homicidios disminuyó en Asia, Europa y América del Norte. Como dato de referencia, la tasa de Estados Unidos es de 5.

El estudio de la ONUDD atribuye el aumento de la violencia en Centroamérica y el Caribe a las crecientes disparidades de los ingresos y a la disponibilidad de armas de fuego. Una explicación que no es falsa pero dista de ser suficiente. No está de más recordar que, según la CEPAL, Honduras, El Salvador y Guatemala –en este orden, que es el mismo de sus respectivas tasas de homicidio– aparecen entre los países latinoamericanos con peores índices de pobreza, a lo que deben añadirse los de desigualdad.

El triángulo fatídico: diferencias

Los tres países del triángulo del Norte son la parte más integrada de la región centroamericana. Sin embargo, al observar la violencia criminal en Honduras se ve que el fenómeno ocurre de otras formas en Guatemala y en El Salvador. Aunque el sustrato de élites oligárquicas e indignados sociales tenga semejanzas, sus manifestaciones difieren.

En el Salvador y Guatemala hubo cruentos procesos insurreccionales que culminaron en unos acuerdos de paz que buscaban sanear y reformar la institucionalidad gubernamental. En el primer caso buena parte de ese propósito se cumplió; en el segundo ello quedó lejos de conseguirse, agregando un saldo de decepción. Por su parte, Honduras no pasó por allí, sino que fue plaza de armas de la contra nicaragüense. En consecuencia, allí la opción de arreglárselas a tiros proliferó sin las aspiraciones ni la disciplina de las organizaciones revolucionarias.

En adición, Guatemala y Honduras tienen territorios mayores y complicados, más poblados –en el primero con una composición étnica muy compleja–, así como costas en ambos océanos, mientras que El Salvador, “el pulgarcito de América”, carece de ribera en el Caribe. Esto no es poca cosa cuando en la mayor parte de Centroamérica hay más atraso, aislamiento y descuido estatal en la vertiente atlántica y el subdesarrollo capitalista se concentra en las zonas ribereñas al Pacífico, salvo en Honduras donde la costa caribeña se divide entre la intrincada y abandonada Misquitia y el polo mercantil de San Pedro Sula.

Como tampoco es poca cosa cuando el cártel mexicano de los Zetas trabaja las rutas costeras e isleñas del Caribe, mientras que su rival de Sinaloa predomina en las del Pacífico.

Esas circunstancias definen roles: las costas y haciendas de la Misquitia son el asiento más activo del contrabando marítimo y aéreo de la cocaína que transita de Sudamérica hacia Estados Unidos a través de Belice, Guatemala y México. Mientras, en Guatemala ese papel lo cumplen la boscosas zonas de Alta Verapaz y el Petén, contiguas a Belice y México. A la vez en Guatemala últimamente ha empezado a detectarse otra actividad: la producción de drogas sintéticas, que algunos relacionan con el cártel de Sinaloa.

En cambio, en virtud de su ubicación geográfica, en El Salvador el narcotráfico es menos significativo, con lo cual la violencia criminal es cuantiosa por otros motivos. Lo que hace ver que el pandillerismo y dicha violencia también pueden darse –en cada uno de esos tres países– incluso donde hay menor presencia del narcotráfico.

Las “maras”, sí o no

Los corresponsales de prensa suelen atribuir la feroz tasa de homicidios de los países del triángulo del Norte a las pandillas juveniles o “maras” (por su inicial calificativo de marabuntas). Este es uno modo esquemático de abordar el tema, que igualmente encubre la ineficiencia de los funcionarios que no se ocuparon a tiempo del problema.

El origen y propagación de estas pandillas es anterior al arribo del narcotráfico. El fenómeno surgió en El Salvador, con la repatriación de miles de jóvenes expulsados de California –donde hace mucho hay numerosos trabajadores salvadoreños–, que llevaron a su país los hábitos organizativos de las gangas de Los Ángeles. El fenómeno pronto se extendió a Guatemala y Honduras, pero suele omitirse que no arraigó en Nicaragua ni Costa Rica.

Las maras no son apenas pandillas de maleantes. Son cofradías que acogen y dan identidad y formas de vida y de expresión a numerosos jóvenes que carecen de otros espacios, incentivos y oportunidades donde encajar. Agrupaciones con sus propios liderazgos, lealtades, subcultura y formas de diferenciarse –como la abundancia de tatuajes–, celosas guardianas de los territorios que se toman, por cuyo control rivalizan también con violencia. Son comunidades cuya explicación antropológica falta estudiar.

Sus actividades delictivas más comunes son la extorsión, los robos y asaltos, y en menor escala el sicariato, esto es, las lesiones o asesinatos por encargo. Le cobran “protección” a los tenderos, le exigen cuotas a los transportistas y, desde el arribo del narcotráfico, venden drogas al por menor. A su vez, son blanco de abusos policiales y medios para eludirlos o enfrentarlos.

Por el otro lado, los narcotraficantes tienen sus propias estructuras, bandas y matones, que igualmente actúan sin el concurso de las maras. En Honduras y Guatemala, donde la incidencia del narcotráfico es alta, las maras son un campo donde cooptar mulas, custodios y sicarios. Pero en El Salvador, aunque esa incidencia es menor, ellas mantienen activa presencia. Es decir, son dos cosas distintas que existen por sí mismas y que eventualmente se pueden asociar, sin que perseguir una baste para eliminar a la otra.

Un alto representante del nuevo gobierno guatemalteco afirmó que se combatirá la criminalidad acabando con las maras. Pero ellas solo son la parte más visible del asunto. Esa tesis igualmente menudea en el discurso político hondureño y en la derecha salvadoreña. Ciertamente, cuando el problema se comienza a atender después de haberlo dejado degenerar hasta los actuales extremos, se requiere determinado rigor para frenarlo. Sin embargo, a corto, mediano y largo plazos la situación solo podrá revertirse erradicando la corrupción institucional, así como las causas y efectos de la injusticia y la crispación sociales.

No obstante, reducir el asunto a “acabar con las maras” es simplista y omite la parte del reto que en Guatemala y Honduras ha sido más difícil de conseguir: la de erradicar las estructuras y bandas del narcotráfico, introducidas y dinamizadas por factores externos ‑‑los de la producción y el consumo– que no tienen origen en la región pero que agravan el tema al involucrar a personajes y pandillas locales. Por sus articulaciones externas, la eliminación de los gestores de esta actividad está fuera del alcance de los programas sociales, y en cada caso requiere la necesaria inteligencia y acción policial, así como de eficaz cooperación intrarregional e internacional.

Confianza pública y criminalidad

A contravía, en Nicaragua la violencia delictiva se ha mitigado. Y a su vez, donde el sistema político tradicional, otrora exitoso, da signos de agotamiento, el problema tiende a crecer, como lo sugiere Costa Rica. Sin embargo, no cabe sacar conclusiones precipitadas: ese ingrediente pesa pero no es el único. Así lo prueba El Salvador, donde el sistema político y la eficiencia institucional mejoraron al implementarse los Acuerdos de Paz y donde últimamente se robusteció la eficacia institucional, sin que esto haya bastado para revertir dicha violencia.

Eso reitera que también hay de por medio un importante factor cultural, en el que la confianza en el sistema político y sus instituciones es una pieza capital pero dista de ser suficiente. La violencia propia del carácter del régimen social –de explotación, despojo, desigualdad, marginación, empleo precario, desatención, ignorancia y atraso, de arrogancia de los poderosos y humillación de los desposeídos– surte efectos de acumulación histórica donde la percepción de que no se pertenece a la sociedad que “sí cuenta”, y la correspondiente crispación social, contribuyen a alimentar y reproducir una subcultura de la cual esa violencia forma parte.

No hay por qué extrañarse: quienes se perciben excluidos de la sociedad debidamente reconocida tienden asimismo a considerarse excluidos de sus normas y valores.

Ese aspecto de dicha subcultura no solo se manifiesta en la creciente brutalidad del asalto o del ajuste de cuentas pandillero, sino también en la de la violencia doméstica, el femicidio, el abuso contra menores o ancianos, la reyerta callejera, el linchamiento aldeano y otros excesos, que igualmente inciden en la tasa de homicidios. La elevada proporción de asesinatos que se cometen por estrangulación, arma blanca u objetos contundentes así lo demuestra. En 2011, en Honduras fueron muertas cerca de 300 mujeres, mayormente en manos de sus parejas, no del crimen organizado. En Guatemala, según cálculo oficial el 60 por ciento de los asesinatos son perpetrados por las maras y los narcotraficantes, lo que significa que un cuantioso 40 por ciento –sobre un total de 6 mil homicidios al año– es cometido por ciudadanos corrientes.

Eso la “mano dura” no lo puede corregir. Antes bien requiere un poderoso trabajo educativo. Por supuesto que es indispensable tener muy buena policía, mejores jueces y eficiente reeducación, así como también es perentorio recuperar los territorios conquistados por las bandas –incluso por medios militarizados, como en Rio de Janeiro–, tanto para desarticularlas y asegurar tranquilidad a sus habitantes, como para deparar mejores oportunidades a los jóvenes. Como es obvio, se requiere una cobertura de vigilancia, disuasión y prevención. Pero la violencia del Estado, por si sola, no remedia la violencia social –ni la cultura de la violencia– sino que a la postre la llega a exacerbar.

Ninguna batalla cultural se gana rápidamente, ni mucho menos con meras prédicas, sean laicas o místicas. Solo podrán vencerla las prácticas incluyentes de un régimen no apenas legítimo por su elección, sino legitimado por el sostenido éxito de sus capacidades para acabar con la injusticia y la exclusión y, especialmente, para reincorporar a toda la gente ‑‑a todos los grupos sociales– al río principal de las esperanzas fructíferas. (Fragmentos).

Respuesta a Editorial EDH por nota del dia "Creer en pajaritos preñados con el derecho a la salud"

En relación a nota del día, de un matutino con mucha publicidad y pocas noticias en la página 21 de El Diario de Hoy titulado: " Creer en pajaritos preñados con el derecho a la salud",  Como diputado de la República y médico quiero expresar lo siguiente: La Ley de Derechos y Deberes de Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, fue aprobada el 10 de marzo recién pasado por todas las fracciones legislativas a iniciativa de las organizaciones sociales y el FMLN.

La ley  fue resultado de una amplia consulta que incluyó a asociaciones de pacientes, a los representantes del Sistema Nacional de Salud, Asociación de Prestadores Privados, gremiales tales como: Colegio Médico y asociaciones médicas afiliadas, ONG´s , sindicatos de la salud, como el que representa al Hospital Rosales, Hospital Zacamil, SIMETRISSS, entre otros.

El objeto de la ley es regular y garantizar los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como de los prestadores de servicios en  el ámbito público, privado y autónomo, incluyendo el ISSS.

La ley no es para complacer a EDH y su sarcástico comentario, ni mucho menos para atropellar al personal médico, paramédicos y trabajadores como pretenden sugerir.

Para el cumplimiento de la ley, el ente rector será el Ministerio de Salud, quien emitirá las políticas necesarias, normas técnicas y determinará las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley.

La autoridad sancionadora serán las juntas de vigilancia de las profesiones y el Consejo Superior de Salud Pública, quienes verificarán el cumplimiento de la presente ley.

Para dar cumplimiento a lo anterior se crea la Oficina Tramitadora de Denuncias del Consejo, que recibirá las denuncias correspondientes de los pacientes, familiares, representantes legales y trabajadores técnicos y profesionales de la salud en el ámbito público, privado e ISSS que consideren que se les haya violado sus derechos en la recepción o prestación de servicios de salud.

Los derechos a tutelar de los pacientes son:

1-Derecho a ser atendido de manera oportuna, eficiente y con calidad por un prestador de servicios cuando lo requiera.

2-Derecho a trato igualitario: digno, con respeto, esmero, cortesía, respetando su dignidad humana e intimidad sin ningún tipo de discriminación.

3-Derecho a una atención calificada, por profesionales debidamente certificados y autorizados por la autoridad competente.

4-Derecho a la información.

5-El paciente tiene el derecho a que se le proporcione todo su historial médico al momento de ser dado de alta.

6-Derecho al consentimiento informado: todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente y el prestador de servicios de salud, luego de recibir información adecuada, suficiente y continúa, que se hará constar por escrito.

7- Consentimiento informado en casos de investigación médica.

8- Derecho a la privacidad.

9- Derecho a la confidencialidad.

10- Derecho a formular sugerencias, consultas y reclamos.

11-Derecho a segunda opinión ante cualquier duda o inquietud relacionada con su estado de salud.

12- Derecho a conocer los costos sobre procedimientos de atención médico-quirúrgica en el ámbito privado.  Costos adicionales a los originales, deberán ser justificados e informados por los prestadores de servicios de salud al paciente, familiar o representante legal.

13- Derecho a medicamentos según Listado Oficial de medicamentos (LOM), de la actual Ley de Medicamentos.

14- Derecho a la visita de familiares, amigos, así como de carácter espiritual.

15-Derecho a exigir el alta voluntaria.

Serán deberes de los pacientes:

-Respetar al equipo de salud.
-Proporcionar información veraz solicitada por el personal médico.
-Cumplir con las indicaciones y prescripciones
-Colaborar con el cuido de las instalaciones, equipo y mobiliario de los centros de atención.
-Hacer uso racional de las prestaciones farmacéuticas e incapacidades médicas.
-Deber de cancelar los costos acordados en el ámbito privado.

Deberes de los prestadores:

-Proporcionar trato digno y respetuoso a los pacientes.
-Explicar a los pacientes de forma clara, concisa y detallada sobre la enfermedad, diagnóstico,  tratamiento, riegos y posibles efectos secundarios de medicamentos o procedimientos que se apliquen.
-Garantizar el secreto profesional.
-Actuar profesional, ética y diligentemente en el ejercicio de la profesión.
-Aplicar los protocolos de tratamiento aceptados nacional e internacionalmente.
-Todos los consignados en el Artículo 34 del Código de Salud.

Es un derecho de los prestadores exigir condiciones adecuadas para el desempeño de su labor médica.

Como se puede apreciar no tiene ninguna correlación con la nota del día 29 de marzo de 2016,  publicada en página 21 de EDH, escrita por un “trasnochado   periodista", que en lugar de informar la verdad, la distorsiona y utiliza ese espacio para servir a sus aliados que pretenden atacar toda obra del gobierno y buscar desestabilizar con sus mentiras.

Además de irrespetar a todas las fracciones legislativas, utilizan al gremio médico y trabajadores de la salud, así como a los usuarios, para poner en su boca opiniones sobre la ley que son propias de dicho pasquín confundiendo a la opinión pública sobre los beneficios  de dicha ley, que ya probó en todo el Continente Americano las bondades a partir de su entrada en vigencia.

Llama la atención que aquellos que celebraban al inicio de los años 2000 la privatización de la salud a propuesta del ex Presidente Flores y apoyaban el atropello a médicos, enfermeras, trabajadores por parte de la UMO, ahora se conviertan en fieles defensores de los hospitales públicos, de la calidad de atención y de los derechos de los prestadores y pacientes, cuando ellos mismos atropellan la dignidad de estos al exhibir sin consentimiento las fotos de sus cuerpos desnudos en sus notas "periodísticas". Por cierto, que está vieja práctica se considera una falta muy grave en la recién aprobada ley.

Una cosa es lo que este periódico con sus editoriales panfletarios ha representado siempre y otra cosa es la realidad de su verdadera intención: Engañar y descalificar el trabajo de la Asamblea Legislativa como parte  de una agenda política.

Es lamentable que en lugar de difundir la ley a la población para construir un pueblo educado que, tenga en su agenda sus derechos y deberes en salud, se engañe a la gente y se le manipule con el único objetivo de hacerle creer que lo que se hace en el primer órgano del Estado no tiene ninguna validez, que tristeza que en los tiempos aciagos de este país nunca criticaron nada y siempre estuvieron del lado de los que no se interesaron jamás por la salud de nuestro pueblo y no son capaces de construir sino solo de destruir y nunca han cambiado.

Les invito a leer detenidamente la ley en la página web de la Asamblea Legislativa: www.asamblea.gob.sv para que se formen su propia opinión.                            

ALBA Petróleos lanza promoción Vacaciones Seguras

ALBA Petróleos lanza promoción Vacaciones Seguras 

Como ya es costumbre, por cuarto año consecutivo, ALBA Petróleos de El Salvador lanzó su promoción “VACACIONES SEGURAS”,  con el propósito de ayudar a sus clientes  en todo momento, en todo lugar y las veces que lo necesiten, sin ningún costo, durante las vacaciones de verano que se avecinan.

ALBA Petróleos activará su plan de asistencia vial  y asistencia de hidratación y primeros auxilios a sus clientes para premiar su preferencia. Es así como la empresa con finalidad social, garantizará el disfrute de las vacaciones a la familia salvadoreña en especial a sus clientes.

A través de la RED de estaciones de servicio en todo el  territorio nacional desplegó la campaña “VERANO SEGURO EN FAMILIA CON ALBA PETRÓLEOS”, con la cual busca ayudar a la población entera que decida vacacionar en el interior del país a través de un plan de asistencia rápida, eficaz, seguro y más completo para la familia salvadoreña.

¿En qué consiste la promoción?

Todo cliente que consuma $ 15 en combustible, productos en sus tiendas de conveniencia, lubricantes PDV, en cualquiera de las 52 ALBA Estaciones, podrá obtener una tarjeta segura, totalmente gratis, que le permitirá tener cobertura los días comprendidos entre el 23 al 27 de marzo próximo.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta Vacaciones Seguras?

. Orientación médica telefónica ilimitada

. Traslado en grúa (por emergencia mecánica) ilimitada

. Puntos móviles de servicio ALBA

. Asistencia jurídica telefónica por emergencias ilimitada

. Ambulancia por accidente vial 24/7 ilimitada

. Asistencia vial (cambio de llanta, suministro de gasolina, paso de corriente)

. Asistencia para todo tipo de vehículos, sin importar el año del vehículo

¿Cómo pueden los consumidores obtener la asistencia?

Llamando al 2136- 7454 y proporcionando el número de la tarjeta que fue entregada al momento  de comprar los productos ALBA, además deberá mostrar la tarjeta al momento que llegue la asistencia.

¿Quién mató A Berta Cáceres? “Me lo dijo el río…”

Guido Eguigure

¿Quién mató A Berta Cáceres? “Me lo dijo el río…” 

“Pobre del país
que con la violencia crea
que puede matar la idea
de su liberación…”

Rubén Blades, Prohibido Olvidar

Conversé a finales de 2012 con Berta en Utopía, ese espacio donde la gente Lenca y de otras latitudes se reúne en Intibucá para planificar sus sueños, compartir esperanzas y alegrías en las luchas. La había visto muchas veces en marchas, plantones, tomas, luchando pues, pero nunca había hablado con ella. Llegamos a la hora de la cena. La oscuridad iba cayendo poco a poco. Medio centenar de Lencas, de pie la mayoría, saboreaban la cena en sus manos. Berta nos recibió con su serenidad distintiva. Nos ofrecieron comida junto a ellos. Además de los patastes y los frijolitos calientes nos saboreamos un te de piña con arroz. La noche terminó de caer junto a la neblina y luego de la cena, nos sentamos con Berta a conversar sobre las actividades que nos llevaron hasta allá. Su serenidad y su voz suave contrastaba con su fuerza. Esa fuerza interior que sólo puede ser sustentada por el apego a la verdad y a la justicia.

Berta se convirtió en una gran lideresa que durante muchos años condujo al pueblo Lenca en su lucha por el respeto de sus derechos ancestrales, vinculados todos con el territorio, cuyos títulos originarios han sido  desconocidos por quienes quieren apropiarse de ellos ilegalmente. A pesar de incontables amenazas a su vida, Berta se ganó a pulso, a fuerza de coraje y corazón, el respeto de todo su pueblo. Hace mas de dos años fue condenada por portación ilegal de armas en un episodio confuso que supuso un capítulo mas en la triste y tenebrosa historia de persecución de las lideresas y lideres populares, muchos de los cuales acabaron asesinados por el único delito de defender los derechos que le son inherentes.

El COPINH se movilizó en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” que impulsaba la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, propiedad de Fredy Nazar, uno de los hombres más ricos y poderosos de Honduras. Fundamentado en los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, Berta Cáceres al frente del pueblo Lenca luchó incansablemente hasta parar completamente el proyecto. Esto le valió un proceso judicial que le llevó varios años hasta que sus derechos se impusieron.

Este caso es uno de los mejores para ejemplificar cómo el estado hondureño se ha convertido en instrumento primordial para la acumulación de capitales, por parte de la elite que tiene secuestrado el país para su propio beneficio. El proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” publicó en la Gaceta No.  32,588 de ocho de agosto de 2,011,  “Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales Para Generación de Energía Eléctrica Mediante el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca Ubicado Sobre el Río Gualcarque, del Municipio de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara” firmado el 22 de enero de 2010 entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA y la empresa DESA.

Es interesante resaltar de este contrato varios aspectos. Primero, la fecha en que se firmó el contrato. Esto fue a escasos tres días de asumir el gobierno de Pepe Lobo, sucesor directo del golpe de estado. Se sabe que la SERNA recibió inmediatamente después del golpe, una avalancha de solicitudes, que incluyó la instalación física de aproximadamente treinta abogados de empresas que durante el gobierno de Mel Zelaya no pudieron obtener los permisos de explotación de RRNN por no cumplir con los requisitos, sea los de impacto ambiental o social. Así, una montaña de expedientes detenidos en base a ley, fueron tramitados y aprobados de forma expedita por los funcionarios golpistas. Es muy probable que el proyecto “Agua Zarca” fuera uno de ellos. Esto nos lleva a las razones del golpe de estado. Es de conocimiento común que un grupo de empresarios de la elite hondureña conspiraron y pagaron enormes cantidades para financiar la trama que concluyó con el golpe de estado cívico militar que terminó con el gobierno de Zelaya.

Segundo, otro dato contundente que nos aporta el contrato en su cláusula quinta es el monto que dicha empresa pagaría a la Alcaldía de San Francisco de Ojuera en concepto de canon anual por el aprovechamiento de las aguas nacionales del río Gualcarque. Este se tasó en US$ 1,445.80 a pagarse en el mes de enero de cada año durante los primeros quince años de explotación y a partir del año dieciséis, sería de US$ 2,891.60. Estas cifras son realmente ridículas considerando el tamaño del proyecto y las consecuencias que el embalse tendría sobre población y territorio indígena. Además si lo contrastamos con la cifra que la misma empresa DESA manejó en base a sus proyecciones de pérdidas por el tiempo de paro provocado por el COPINH por un total de US$ 3,359,263.68, podemos inferir que dicha empresa ganaría anualmente la cantidad de US$ 20,155,578.48 o sea  unos Lps.455,731,738.34. Esto significa que la empresa pagaría a la Alcaldía de San Francisco de Ojuera la irrisoria cantidad del 0.007 por ciento del total de las ganancias de la empresa. Esto explica claramente el estado actual de cosas que el golpe de estado vino a restablecer y reafirmar. Los empresarios de la elite  hondureña se muestran al desnudo en este análisis económico básico, muy ilustrativo.

Honduras sigue sorprendiéndonos, no sólo por los elevados niveles de degradación que el estado va mostrando en la tergiversación de su fin ultimo, sino en la función fiel de testaferros que los más altos cargos del estado cumplen a favor de los grupos de poder.

Más allá de los hechos ya consumados, Berta fue una mujer excepcional, lideresa nata que condujo a su pueblo Lenca más allá de las reivindicaciones básicas, para elevarlos a la conciencia de pueblo indígena, de pueblo digno, de pueblo con derechos y con voluntad para defenderlos. Juramos como lo dijo Berta “vamos a ganar esta lucha… me lo dijo el río.”