Daniel Trujillo
El organismo de las Naciones Unidas asegura en su último informe que los sistemas judiciales de la región deben trabajar de forma eficiente y equitativa para garantizar la justicia en los países para generar confianza en la sociedad. En El Salvador, varias organizaciones sociales han criticado la ausencia de depuración del órgano Judicial. Actualmente, se investigan a 1,000 jueces por presuntos actos de corrupción y el Tribunal de Ética Gubernamental ha sancionado a varios funcionarios por violaciones a la ley.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) le pidió al sistema de justicia de la región Latinoamericana ser más eficaz en su trabajo para generar la confianza e impartir justicia en la población.
En su más reciente informe “Panorama Social de América Latina, 2014”, el organismo de las Naciones Unidas señala que “se requiere que el sistema de justicia resulte más eficaz y equitativo, a fin de que quede definida más claramente la relación entre acción y sanción y mejore así la percepción de seguridad”.
La observación de la CEPAL se une a varias críticas hechas por diversas organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, quienes señalaron que al órgano de Justicia tiene una deuda pendiente en la aplicación de la ley.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) e Iniciativa Social para la Democracia (ISD) criticaron la falta de depuración de los jueces, además de que en esa instancia estatal no se lucha contra la impunidad.
De hecho, la magistrada de la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Doris Rivas, afirmó en días recientes en la Asamblea Legislativa que hay más de 1,000 jueces investigados por presunta corrupción.
A esto se suma que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha sancionado a varios funcionarios del órgano Judicial por violar la Ley de Ética, como lo informó Transparencia Activa en diciembre pasado.
Los motivos de las amonestaciones consisten en conflictos de intereses, uso indebido del patrimonio y de los bienes del Estado, entre otros.
Giovanna Vega, miembro del pleno del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), dijo, durante un foro realizado durante la Semana de la Transparencia, que es necesario la sanción pero que se debe de trabajar también en la prevención, aunque a la población le guste más los castigos que trabajar para evitar que se sigan cometiendo faltas a la ética.
La CEPAL añade en su documento que para resolver el problema de la violencia y la desigualdad en los países de Latinoamérica se deben de “comprender los vínculos asociados a la corrupción que las organizaciones criminales han desarrollado con los diversos poderes del Estado: la política, las policías y la justicia; pero también los vínculos que establecen con las propias comunidades de barrio y el grado de apoyo y protección que reciben de la población allí donde ejercen su dominio”.
La Comisión exhorta, además, al sistema de justicia y a las demás instituciones estatales a fomentar y a generar una cultura de paz.
Los señalamientos contra el órgano Judicial vienen desde hace tiempo. En mayo del año pasado se realizó un foro regional sobre la temática y los aplicadores de la ley concluyeron que al sistema de justicia salvadoreño le hace falta “madurar” en su independencia.
Al respecto, el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Florentín Meléndez, afirmó el año pasado que se ha dejado que la corrupción permee el ese órgano de Estado y en otras instituciones, impidiendo que cumplir con la Constitución.
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