Numerosas voces expresan en El Salvador su
inconformidad por la medida de la Sala de lo Constitucional que deja sin
efecto la Ley de Probidad, firmada por el presidente Salvador Sánchez
Cerén, en diciembre último.
El
tribunal aceptó este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la
normativa la cual tiene como objetivo establecer los procedimientos
para declarar el estado patrimonial de los funcionarios y empleados
públicos y sancionar administrativamente su incumplimiento.
Esa instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó también suspender su entrada en vigencia.
La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas) afirmó hoy en un editorial que con esta decisión la Sala participa en el guion político de la derecha oligárquica.
Arpas explica que la normativa sustituye a la Ley de Enriquecimiento Ilícito aprobada en los años 50 del siglo pasado.
Señala como promotores del recurso de inconstitucionalidad a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y la Fundación Nacional para el Desarrollo respaldado por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y medios de comunicación conservadores.
Recuerda que la Sala congeló bonos por 900 millones de dólares destinados para solucionar el problema de la inseguridad en el país, revirtió reformas fiscales como la que hacía pagar a grandes empresas que declaran pérdidas para evadir impuestos y la que creaba el fondo para atender a víctimas de accidentes de tránsito.
Reitera que con esas acciones los magistrados de la Sala contribuyen con la estrategia de la oligarquía de boicotear los ingresos del gobierno "para ahogarlo financieramente".
La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Jackeline Rivera aseguró que la medida cautelar que ha impuesto esa instancia judicial priva al país de investigar los casos de corrupción.
Asimismo, el secretario general del FMLN, Medardo González, subrayó que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional junto a un demandante, llevan al país a una dictadura de medidas cautelares.
"Me atrevo a decir que estamos entrando a una era de una dictadura de medidas cautelares, en donde cinco personas, cuatro magistrados y un demandante, (se) imponen para bloquear cualquier medida o ley que pretenda transformar en positivo al país", expresó.
Esta mañana el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, alertó que "parece ser que hay una agenda oculta de la Sala porque no dan resoluciones rápidas a algunos temas", como sí hizo en el caso de la Ley de Probidad.
Esa instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó también suspender su entrada en vigencia.
La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas) afirmó hoy en un editorial que con esta decisión la Sala participa en el guion político de la derecha oligárquica.
Arpas explica que la normativa sustituye a la Ley de Enriquecimiento Ilícito aprobada en los años 50 del siglo pasado.
Señala como promotores del recurso de inconstitucionalidad a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y la Fundación Nacional para el Desarrollo respaldado por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y medios de comunicación conservadores.
Recuerda que la Sala congeló bonos por 900 millones de dólares destinados para solucionar el problema de la inseguridad en el país, revirtió reformas fiscales como la que hacía pagar a grandes empresas que declaran pérdidas para evadir impuestos y la que creaba el fondo para atender a víctimas de accidentes de tránsito.
Reitera que con esas acciones los magistrados de la Sala contribuyen con la estrategia de la oligarquía de boicotear los ingresos del gobierno "para ahogarlo financieramente".
La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Jackeline Rivera aseguró que la medida cautelar que ha impuesto esa instancia judicial priva al país de investigar los casos de corrupción.
Asimismo, el secretario general del FMLN, Medardo González, subrayó que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional junto a un demandante, llevan al país a una dictadura de medidas cautelares.
"Me atrevo a decir que estamos entrando a una era de una dictadura de medidas cautelares, en donde cinco personas, cuatro magistrados y un demandante, (se) imponen para bloquear cualquier medida o ley que pretenda transformar en positivo al país", expresó.
Esta mañana el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, alertó que "parece ser que hay una agenda oculta de la Sala porque no dan resoluciones rápidas a algunos temas", como sí hizo en el caso de la Ley de Probidad.
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