¿Alguna vez responderán ante la justicia los acusados de la masacre de Ellacuría y sus compañeros? Es probable que ahora las cosas cambien.
En
el Año de la Misericordia podría llegar también la justicia de este
mundo para Ellacuría y sus compañeros, asesinados en el campus de la
Universidad Católica de San Salvador hace 27 años. En la lucha por la
verdad histórica y la justicia terrenal para que se identifiquen los
responsables intelectuales y materiales del asesinato de los jesuitas,
comienza un nuevo capítulo. La defensa de los militares acusados
presentó en estos días una recusación del juez español de la causa que
inició la magistratura ibérica en 2008, en razón de que cinco de las
seis víctimas, ocho con la empleada doméstica y su hija, eran de
nacionalidad española. En el frente opuesto, las asociaciones
salvadoreñas que acusan a los militares presionan para que el proceso se
lleve finalmente a cabo y los presuntos autores del crimen que todavía
se encuentran en el país sean extraditados al país europeo.
El principal argumento de los primeros, la defensa de los militares, se formalizó en una instancia presentada ante el Consejo General del Poder Judicial de Madrid; en síntesis, la recusación apunta a desacreditar al juez que está a cargo del proceso, Eloy Velasco, por considerarlo “parcial en las acciones emprendidas” hasta el momento. La razón: “estar relacionado con la Compañía de Jesús”. Un extraño argumento, en realidad, que en la exposición se formula directamente en estos términos: “El juez es absolutamente parcial, hemos aportado documentación que acredita que el juez Eloy Velasco está investigando unos hechos que ocurrieron en una universidad jesuita, él imparte clases en una universidad jesuita”, resume el diario de El Salvador que pudo acceder al contenido del documento judicial. La estrategia de la defensa de los militares salvadoreños para impedir la extradición consiste en la inhabilitación del juez madrileño que dictó auto de procesamiento, por un conflicto de intereses debido a “la participación como querellantes de dos entidades relacionadas con la Compañía de Jesús”, como es el caso de la Universidad Centroamericana (UCA) dentro de la cual se produjo la masacre, y el juez tiene vínculos con la Compañía.
La parte contraria promotora del proceso, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, solicitó a mediados de diciembre a la Audiencia Nacional, el máximo tribunal ibérico, que haga llegar nuevamente a la Corte Suprema de El Salvador las órdenes de captura contra 18 militares ya emitidas por el juez Eloy Vázquez en agosto de 2011, con la correspondiente solicitud de extradición. En su momento la disposición del juez español fue transmitida a Interpol, que emitió órdenes de captura internacional que las autoridades salvadoreñas nunca cumplieron, limitándose a localizar a los militares y transferirlos a un cuartel de la ex Guardia Nacional. En tono claramente crítico, el último editorial de la revista de la UCA, donde ejercían los jesuitas (el padre Ellacuría era el rector), hace notar que en el caso del presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador, la orden de extradición que se emitió en Estados Unidos por corrupción fue ejecutada con celeridad, precedida por una orden de captura. “A diferencia de la solicitud de extradición proveniente de España –afirma la revista- que fue interpretada como una simple solicitud de localizar a los sujetos que se mencionaban en la misma”.
Pero esta vez las cosas podrían ser diferentes. La Asociación Pro Derechos Humanos de España está convencida de que las condiciones políticas y jurídicas de El Salvador han cambiado y que los militares acusados pueden ser efectivamente detenidos y enviados a España. La convicción se debe a la nueva composición de la Corte de Justicia de El Salvador, cuyo perfil ha cambiado sensiblemente. En el mes de septiembre se incorporaron cinco nuevos magistrados –de los 15 que lo conforman-, y el 2 de octubre votaron a favor de una nueva interpretación de las órdenes de captura. A diferencia de 2011, afirmaron que cuando existe una “difusión roja” de Interpol contra una persona residente en territorio salvadoreño, ésta debe ser localizada y capturada para ponerla luego a disposición de la nación que la busca. Las autoridades de la UCA también consideran que el momento es favorable. A través del director del Instituto de Derechos Humanos, Luis Monterrosa, declararon que estaban dispuestas a perdonar, “pero tenemos que saber a quién vamos a perdonar y sobre todo de cara al país. Tiene que haber acceso a la verdad”, aclaró Monterrosa.
El principal argumento de los primeros, la defensa de los militares, se formalizó en una instancia presentada ante el Consejo General del Poder Judicial de Madrid; en síntesis, la recusación apunta a desacreditar al juez que está a cargo del proceso, Eloy Velasco, por considerarlo “parcial en las acciones emprendidas” hasta el momento. La razón: “estar relacionado con la Compañía de Jesús”. Un extraño argumento, en realidad, que en la exposición se formula directamente en estos términos: “El juez es absolutamente parcial, hemos aportado documentación que acredita que el juez Eloy Velasco está investigando unos hechos que ocurrieron en una universidad jesuita, él imparte clases en una universidad jesuita”, resume el diario de El Salvador que pudo acceder al contenido del documento judicial. La estrategia de la defensa de los militares salvadoreños para impedir la extradición consiste en la inhabilitación del juez madrileño que dictó auto de procesamiento, por un conflicto de intereses debido a “la participación como querellantes de dos entidades relacionadas con la Compañía de Jesús”, como es el caso de la Universidad Centroamericana (UCA) dentro de la cual se produjo la masacre, y el juez tiene vínculos con la Compañía.
La parte contraria promotora del proceso, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, solicitó a mediados de diciembre a la Audiencia Nacional, el máximo tribunal ibérico, que haga llegar nuevamente a la Corte Suprema de El Salvador las órdenes de captura contra 18 militares ya emitidas por el juez Eloy Vázquez en agosto de 2011, con la correspondiente solicitud de extradición. En su momento la disposición del juez español fue transmitida a Interpol, que emitió órdenes de captura internacional que las autoridades salvadoreñas nunca cumplieron, limitándose a localizar a los militares y transferirlos a un cuartel de la ex Guardia Nacional. En tono claramente crítico, el último editorial de la revista de la UCA, donde ejercían los jesuitas (el padre Ellacuría era el rector), hace notar que en el caso del presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador, la orden de extradición que se emitió en Estados Unidos por corrupción fue ejecutada con celeridad, precedida por una orden de captura. “A diferencia de la solicitud de extradición proveniente de España –afirma la revista- que fue interpretada como una simple solicitud de localizar a los sujetos que se mencionaban en la misma”.
Pero esta vez las cosas podrían ser diferentes. La Asociación Pro Derechos Humanos de España está convencida de que las condiciones políticas y jurídicas de El Salvador han cambiado y que los militares acusados pueden ser efectivamente detenidos y enviados a España. La convicción se debe a la nueva composición de la Corte de Justicia de El Salvador, cuyo perfil ha cambiado sensiblemente. En el mes de septiembre se incorporaron cinco nuevos magistrados –de los 15 que lo conforman-, y el 2 de octubre votaron a favor de una nueva interpretación de las órdenes de captura. A diferencia de 2011, afirmaron que cuando existe una “difusión roja” de Interpol contra una persona residente en territorio salvadoreño, ésta debe ser localizada y capturada para ponerla luego a disposición de la nación que la busca. Las autoridades de la UCA también consideran que el momento es favorable. A través del director del Instituto de Derechos Humanos, Luis Monterrosa, declararon que estaban dispuestas a perdonar, “pero tenemos que saber a quién vamos a perdonar y sobre todo de cara al país. Tiene que haber acceso a la verdad”, aclaró Monterrosa.
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